Bienvenidos al cártel: los nicaragüenses reclutados para matar y morir en México

Después de atravesar Guatemala y recorrer parte de México, terminó frente a los hombres de un cártel mexicano que necesitaba soldados para una guerra entre cárteles, en la que se combatía con fusiles de asalto, se organizaban emboscadas y se asesinaba para controlar territorios y rutas del narcotráfico. También se moría.

Rivera Flores contó su historia en noviembre de 2011, en un juicio que se realizó en Ocotal. Su declaración permitió reconstruir una operación de reclutamiento que comenzaba en las montañas del norte de Nicaragua y terminaba en Tamaulipas, uno de los territorios más disputados por las organizaciones criminales mexicanas. 

La promesa era trabajar en ranchos ganaderos estadounidenses, con el viaje financiado por los reclutadores y la posibilidad de pagar los gastos cuando comenzaran a recibir sus salarios. Algunos murieron en el intento.

Dos hermanos reclutados

Uno de esos muertos era el hermano mayor de un hombre de Quilalí, Nueva Segovia, que ahora relata a LA PRENSA lo ocurrido con su familia. Sus dos hermanos salieron de Nicaragua con un año de diferencia. El primero en 2009 y el segundo en 2010. Ambos terminaron vinculados al Cártel del Golfo. El mayor murió en una emboscada después de aproximadamente dos años en México. El segundo sobrevivió, pero pasó cerca de siete años encarcelado antes de regresar a Nicaragua, donde también enfrentó una acusación judicial.

Por razones de seguridad, el entrevistado pidió mantener su identidad en reserva. En este reportaje lo llamaremos «Manuel», un nombre ficticio. Su testimonio permite reconstruir desde una experiencia familiar el funcionamiento de aquellas redes de reclutamiento, las condiciones en que vivían los nicaragüenses incorporados a las organizaciones criminales y las consecuencias que todavía padecen sus familiares.

“Yo perdí un hermano allá. Mi hermano mayor. Allí falleció”, cuenta Manuel. Cuando se le pregunta cómo murió, responde: “En un enfrentamiento. Usted sabe que allá tenían que darle protección a los más grandes. Entonces él cayó en una emboscada”.

La familia consiguió recuperar el cadáver. El segundo hermano regresó con vida después de permanecer encarcelado en México.

El origen del reclutamiento

El reclutamiento se desarrolló principalmente entre 2008 y 2011, aunque las investigaciones judiciales continuaron durante varios años. Sus escenarios fueron comunidades de Quilalí, San Rafael del Norte, Yalí, Pantasma y otras localidades de Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia.

Eran territorios donde durante la década de 1980 se habían enfrentado el Ejército Popular Sandinista y la Resistencia Nicaragüense, y donde en los años noventa también habían operado grupos rearmados. Dos décadas después de la desmovilización de la Contra, algunos de aquellos hombres todavía conservaban conocimientos militares que podían resultar útiles para los ejércitos privados del narcotráfico.

Un antiguo jefe de la Resistencia Nicaragüense sostiene que el reclutamiento comenzó con un excontra al que conocían como “Marlon”. Según su relato, Marlon fue interceptado en México cuando intentaba llegar sin documentos a Estados Unidos. “Le ofrecieron trabajar para ellos o lo matarían. Aparentemente, su intención inicial era trabajar temporalmente para el cártel y después escaparse, aprovechando su experiencia militar. Sin embargo, estando con ellos comenzó a ganar muy bien, le gustó el trabajo y terminó quedándose”, cuenta.

Fue Marlon quien comenzó a reclutar a varios excombatientes de la Contra. La mayoría de los que se fueron eran antiguos combatientes de las zonas de Yalí, Pantasma y sus alrededores. También hubo algunos de Quilalí.

Marlon mandó a llamar a otro combatiente llamado Cascabel, que fue policía en Quilalí, y lo reclutó. En el cártel le cambiaron el seudónimo a “Pepe”. Los dos lograron ascender dentro de la organización. Llegaron a convertirse en personas de muchísima confianza del principal jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, alias «el Mata Amigos».

Zonas de guerra

“Lo que se dio en aquel momento fue un reclutamiento de personas que habían pertenecido a la Contra, fundamentalmente excombatientes de la contrarrevolución”, explica Roberto Orozco, exinvestigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que estudió el fenómeno mientras ocurría. “El reclutamiento se concentró en Jinotega, Matagalpa y, creo, parte de Nueva Segovia. Pero el grueso era jinotegano, principalmente de las zonas del interior, hacia San José de Bocay y otras comunidades de esa región”.

Los cárteles encontraron en las antiguas zonas de guerra nicaragüenses hombres que conocían el manejo de armas y comunidades donde la emigración representaba una posibilidad de mejorar los ingresos familiares. Entre quienes viajaron había también campesinos sin experiencia militar y jóvenes que aceptaron las ofertas porque creyeron que conseguirían trabajo en Estados Unidos.

Manuel recuerda que supo del reclutamiento con la llegada de una mujer que ofrecía viajes a Estados Unidos. Se presentaba como alguien que podía conseguir empleos en ranchos ganaderos y aseguraba que los interesados no necesitaban disponer de dinero para salir de Nicaragua. Los gastos del traslado podrían pagarse después, cuando comenzaran a trabajar.

“Aquí vino una mujer a ofrecer viajes a Estados Unidos. Les decía que podían pagar el viaje después, cuando estuvieran trabajando allá. Varios cayeron en la trampa. Pero cuando ya iban en el camino, la cosa cambió. Los entregaban a un cártel de México”, relata.

La mujer procedía, según su testimonio, de la zona de Yalí, en Jinotega. Manuel considera que los reclutadores aprovecharon la aspiración de salir del país para mejorar la vida de sus familias.

“La mayoría de los latinos aspira a irse a Estados Unidos. Ese es el sueño americano, y de eso se aprovecha mucha gente”, explica. La oferta, insiste, era trabajar en ranchos estadounidenses. “No les decía que iban a trabajar en México. Ella se aprovechaba de que la gente quería irse a Estados Unidos, y en el camino salía con otra cosa”.

El antiguo jefe contra describe una oferta semejante. Según su testimonio, un cuñado de Marlon y su esposa contactaban a los hombres en las comunidades. La mujer prometía llevarlos a ranchos del sur de Estados Unidos con todos los gastos pagados y ofrecía adelantos de salario. “Ustedes solo firman conmigo, yo los llevo y no tienen de qué preocuparse”, les decía, según el exjefe.

Los salarios prometidos, añade, oscilaban entre 1,200 y 1,500 dólares. El procedimiento era relativamente sencillo. La reclutadora reunía a los interesados y organizaba su salida de Nicaragua. Durante el trayecto, en la frontera, los entregaba a otros intermediarios que continuaban el viaje hasta México.

Coyotes intermediarios

“La mujer los llevaba hasta la frontera. Allí los entregaba a otros coyotes, y esos coyotes ya sabían adónde tenían que llevarlos”, recuerda Manuel. El exjefe de la Contra calcula que de Quilalí pudieron salir entre 25 y 30 hombres y que en el corredor de Yalí y Pantasma habrían sido alrededor de cien.

Entre los que aceptaron las ofertas estaban los dos hermanos de Manuel. El mayor viajó en 2009 y el segundo un año después. Manuel no precisa si ambos fueron captados directamente por la misma mujer, pero asegura que terminaron trabajando para el Cártel del Golfo.

La mujer a la que atribuye el reclutamiento tenía un nombre que recuerda parcialmente: Norma Elena. También escuchó que posteriormente salió de Nicaragua y que posiblemente se marchó a Europa. Efectivamente, en el proceso judicial desarrollado en Ocotal aparece una acusada llamada Norma Elena Rivera Cruz, señalada por la Fiscalía como integrante de una estructura dedicada a captar campesinos para trasladarlos a México.

Guerra entre cárteles

Mientras los reclutadores recorrían las comunidades del norte de Nicaragua, México atravesaba uno de los periodos más violentos de su historia reciente. El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón asumió la Presidencia y diez días después desplegó fuerzas federales en Michoacán para combatir al narcotráfico. 

La ofensiva coincidió con una guerra que ya libraban las principales organizaciones criminales por el control de las rutas hacia Estados Unidos, las ciudades fronterizas y los mercados de distribución.

El Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín “el Chapo” Guzmán y otros dirigentes, buscaba ampliar su influencia frente a organizaciones como las de Tijuana, Juárez y el Golfo. En 2008, la ruptura entre Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva desencadenó otra disputa sangrienta. Dos años después, la separación entre el Cártel del Golfo y Los Zetas provocó una guerra abierta por Tamaulipas y otros territorios del noreste mexicano.

Los Zetas habían surgido como brazo armado del Cártel del Golfo, inicialmente con antiguos integrantes de unidades militares mexicanas. Con el tiempo desarrollaron una estructura propia y comenzaron a disputar territorios a sus antiguos aliados. Cuando ambas organizaciones rompieron definitivamente, en 2010, sus enfrentamientos se extendieron por ciudades como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. El control de esas plazas significaba controlar rutas para introducir drogas en Estados Unidos, cobrar extorsiones y dominar actividades criminales locales.

Miles de homicidios

Según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México pasó de 8,867 homicidios en 2007 a 27,199 en 2011. En cinco años se contabilizaron 95,632 homicidios en todo el país. La cifra comprende todas las muertes registradas como homicidios, no exclusivamente las vinculadas al narcotráfico, pero refleja el extraordinario aumento de la violencia durante ese periodo.

Tamaulipas, precisamente el estado al que fueron trasladados varios nicaragüenses, experimentó un incremento particularmente pronunciado. Un estudio recogido en el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 señala que los homicidios en ese estado pasaron de 288 en 2009 a 721 en 2010, 855 en 2011 y 1,016 en 2012. La escalada coincidió con la guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas.

“Era una época de enfrentamientos muy violentos entre las organizaciones criminales. Los cárteles estaban disputándose territorios, rutas y mercados, y necesitaban reclutar hombres con experiencia militar”, explica Orozco. 

“Lo que estaban formando eran verdaderos ejércitos de sicarios. La principal necesidad de esos hombres surgía de las guerras entre los propios cárteles, aunque también había enfrentamientos con las fuerzas de seguridad mexicanas”, añade.

Soldados para México

Para los grupos criminales, un antiguo combatiente representaba una incorporación potencialmente valiosa. Los hombres que habían participado en la guerra nicaragüense conocían el manejo de fusiles, las emboscadas, los desplazamientos por territorios rurales y las operaciones en pequeñas unidades. 

Algunos habían pasado años combatiendo en las montañas de Jinotega y Nueva Segovia. Otros habían servido en las fuerzas armadas o policiales. Sin embargo, el reclutamiento no se limitó a veteranos: también fueron captados jóvenes sin preparación militar que recibieron entrenamiento una vez trasladados a México.

Un exjefe militar del Frente Norte 3-80 relató que para esos años fue visible la desaparición de antiguos combatientes y familiares de estos con quienes trabajaban después de dejar las armas. “Nosotros notamos que algunos comandos desaparecían de la noche a la mañana y hasta llegamos a sospechar que se estaban armando de nuevo, pero luego supimos que estaban viajando al norte reclutados por esta gente, que después se supo que eran de los cárteles mexicanos”, dice.

Orozco asegura que aquella búsqueda de combatientes se extendió a otros países latinoamericanos. “El fenómeno no se limitó a Nicaragua. Hubo reclutamiento en El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Fue un movimiento internacional que buscaba incorporar a personas con experiencia de combate a las organizaciones criminales mexicanas”, explica.

El investigador recuerda que durante aquellos años el IEEPP consiguió identificar a varios nicaragüenses muertos en México. “El Gobierno mexicano llegó a revelar una lista de aproximadamente siete nicaragüenses que habían pertenecido a la contrarrevolución y murieron en enfrentamientos con el Ejército y la Policía de México. Estas personas estaban trabajando como sicarios para el narcotráfico”, asegura.

Jinetear el macho

Cuando los reclutados llegaban a México y descubrían que habían sido entregados a una organización criminal, las posibilidades de abandonar el grupo eran limitadas. Manuel recuerda que la permanencia dentro del cártel estaba marcada por amenazas y por la obligación de demostrar lealtad a sus superiores.

“Ya estando allí, usted tenía que jinetear el macho. Tenía que montarse en el caballo y agarrarse duro”, explica.

Cuando se le pregunta si podían negarse a trabajar para el cártel, su respuesta es contundente: “No lo iban a dejar venir así nomás. Tenían que trabajar para ellos, ganarse la confianza. Ya cuando se ganaban la confianza, podían venir”, relata. Algunos escaparon clandestinamente, mientras otros recibieron permisos para visitar a sus familiares. “Al año les daban un mes de vacaciones”, asegura.

De campesinos a sicarios

Óscar Israel Rivera Flores declaró que en mayo de 2009 aceptó una oferta de Jhony José Valladares Mejía para trabajar en una caballeriza. En Estelí, los organizadores recibieron a los viajeros, les proporcionaron alojamiento y posteriormente les entregaron boletos de autobús hacia Guatemala. Desde allí continuaron hasta territorio mexicano, donde descubrieron que habían sido entregados al Cártel del Golfo.

Otro testimonio corresponde a Denis Rivera Betanco, campesino de Los Manchones, Quilalí. Le habían prometido aproximadamente 1,000 dólares mensuales por realizar labores ganaderas. Viajó junto con otros hombres procedentes de comunidades como Las Flores, Las Naranjas, El Olingo y Zúngano. Cuando llegó al lugar de destino, la primera pregunta que recibió fue si sabía manejar armas. Según su declaración, terminó recibiendo entrenamiento militar y participando en patrullajes organizados en escuadras.

El caso de Ismael González Rugama fue semejante. Su padre, Sebastián González, contó que el joven había salido de Quilalí a mediados de 2011 en busca de trabajo. En México, según el relato incorporado al expediente judicial, le entregaron armas y lo enviaron a participar en asaltos y enfrentamientos con grupos rivales. Ismael consiguió escapar y permaneció en Honduras porque temía que integrantes de la organización criminal lo localizaran y asesinaran en Nicaragua.

Una emboscada mortal

El hermano mayor de Manuel permaneció aproximadamente dos años vinculado al Cártel del Golfo. Había salido de Nicaragua en 2009, durante los años en que la organización mantenía enfrentamientos con otros grupos criminales y comenzaba a romper sus relaciones con Los Zetas. Según el testimonio familiar, su trabajo consistía en proporcionar protección a integrantes de mayor jerarquía.

Manuel asegura que otros hombres de las comunidades cercanas también murieron en México. Recuerda el caso de uno originario de Las Naranjas y otro procedente de la zona de La Palmera.

El Cártel también se ocupaba de trasladar los cuerpos de algunos de sus integrantes fallecidos. Manuel asegura que los gastos de repatriación eran cubiertos por la propia estructura criminal.

“Ellos costeaban los gastos para mandarlos para acá”, explica. “Porque cuando ya estaban allá, ellos los tomaban como miembros, como familia. Ellos pertenecían a la empresa”.

El exjefe contra, por su parte, afirma que cuando un reclutado moría, sus familiares podían recibir una indemnización si contaban en México con alguien que gestionara el pago. “Si no había nadie que hiciera esas gestiones, simplemente el hombre moría y allí terminaba todo”, explica.

Según Manuel, uno de sus hermanos recibía aproximadamente 1,200 dólares por su trabajo para el cártel, aunque no recuerda si la cantidad correspondía a un pago mensual o quincenal. El dinero, asegura, llegaba a Nicaragua mediante personas vinculadas con la propia organización criminal. “Mi hermano, el que estuvo preso, le mandaba dinero a mi mamá”, cuenta. 

La Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) había contabilizado, entre 2010 y 2013 la repatriación de los restos de cinco nicaragüenses relacionados con estas redes de reclutamiento, según informó LA PRENSA. Por su parte, Orozco asegura que durante sus investigaciones tuvo acceso a una lista mexicana de aproximadamente siete antiguos contras muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La red descubierta

El caso más documentado llegó a los tribunales de Ocotal, Nueva Segovia, en 2013. La Fiscalía acusó a Roberto Antonio Monterrey Vílchez, originario de Los Manchones, Quilalí, de participar en una estructura que reclutaba campesinos para trasladarlos al Cártel del Golfo. 

En el mismo expediente fueron señalados Jhony José Valladares Mejía, Norma Elena Rivera Cruz y Moisés Aguirre Escorcia. De los cuatro acusados, Monterrey fue el único que compareció detenido en Nicaragua durante aquel proceso.

La investigación policial comenzó a tomar forma en abril de 2012, cuando la inteligencia de la Policía de Nueva Segovia recibió información sobre una organización que ofrecía empleos en ranchos mexicanos. Según el Ministerio Público, los hombres eran trasladados mediante engaños y posteriormente entregados a células criminales que los utilizaban para cometer asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos, en ocasiones bajo amenazas.

El 15 de noviembre de 2013, Monterrey fue declarado culpable después de un juicio desarrollado durante aproximadamente tres meses y bajo estrictas medidas de seguridad. La fiscal Melisa Mairena sostuvo que el proceso había permitido demostrar la existencia de una estructura criminal organizada. Aunque la causa judicial comprendía nueve víctimas, la Fiscalía sospechaba que podían ser más de treinta los afectados por aquella operación, que según la Policía funcionaba en Quilalí desde 2009.

El negocio del reclutamiento

Las investigaciones identificaron a Jhony José Valladares Mejía como una de las personas que mantenían contactos desde México. Según la acusación, Valladares había contactado a Monterrey para reclutar hombres con experiencia militar en Quilalí. Una fuente policial citada por LA PRENSA en su momento indicó que los intermediarios podían recibir entre 2,000 y 3,000 dólares por las operaciones de reclutamiento.

La investigación permitió reconstruir el destino de ocho campesinos trasladados a Tamaulipas en 2011. Tres consiguieron escapar y regresar a Nicaragua, otros tres fueron detenidos por las autoridades mexicanas y dos murieron. Los fallecidos fueron identificados como Wilfredo Varela Vindell y José Odimildo Valladares Mejía. Sus restos regresaron a Quilalí incinerados, dentro de pequeñas cajas de madera.

Uno de los momentos más dramáticos del proceso ocurrió cuando Jesús de la Cruz Valladares, campesino de la comunidad de Las Flores, en Murra, reclamó información sobre su hijo de 19 años, que había salido de Nicaragua en julio de 2011. Según la fiscal departamental Yelena Shión, el joven había logrado llamar a su padre desde México y, llorando, le contó que se encontraba en un lugar donde no les permitían salir.

“Yo me siento culpable de la desaparición de mi hijo, cuando él me consultó de las posibilidades de viajar fuera del país en busca de trabajo, le dije que sí, que se fuera porque aquí de todas maneras no había empleo”, declaró el padre a LA PRENSA.

Doce años de prisión

El 22 de noviembre de 2013, el Juzgado Penal de Juicio de Ocotal condenó a Roberto Antonio Monterrey Vílchez a 12 años de prisión: siete por trata de personas con fines de esclavitud y cinco por crimen organizado. La defensa apeló, pero el 23 de abril de 2014 el Tribunal de Apelaciones de Estelí confirmó la sentencia.

Monterrey continuó rechazando las acusaciones. El 9 de marzo de 2015 compareció ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para solicitar la nulidad del juicio o un cambio de medida por problemas de salud. Su abogado, Juan Miranda Tercero, sostuvo que dos de las presuntas víctimas habían declarado que no fueron obligadas a permanecer en los ranchos mexicanos. Según esa versión, trabajaban como vigilantes y portaban armas porque debían protegerse de otras organizaciones criminales.

La hermana de Monterrey, Deidy Carla Monterrey Vílchez, defendió públicamente su inocencia y aseguró que su hermano había emigrado a México para buscar una vida mejor. Reconoció que había viajado en julio de 2011 y que permaneció en una finca de Tampico, Tamaulipas, pero negó que perteneciera a una organización criminal.

El 5 de agosto de 2020 el Juzgado de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de Las Segovias dictó la sentencia número 168, mediante la cual declaró cumplida la pena impuesta al condenado Roberto Antonio Monterrey Vílchez.

El expediente judicial, identificado con el número 000044-0534-2019-PN, había sido abierto el 1 de agosto de 2019. El 8 de julio de 2020, el abogado Ramón Gabriel Díaz González presentó un escrito solicitando la extinción de la pena. El tribunal programó una audiencia para el 4 de agosto y al día siguiente emitió la resolución.

El caso continuó abierto respecto de otros acusados. Una segunda causa judicial, identificada con el número 000062-0534-2013-PN, registra que el 17 de mayo de 2024 la Oficina de Archivo de Asuntos en Trámite del Complejo Judicial de Ocotal emitió actuaciones para mantener vigente una orden de captura.

En ese expediente aparecen como acusados Moisés Aguirre Escorcia, Jhony José Valladares Mejía y Norma Elena Rivera Cruz, señalados por la Fiscalía como integrantes de la estructura que reclutaba campesinos para trasladarlos a México.

Reclutados para Los Zetas

El Cártel del Golfo no fue la única organización mexicana que reclutó soldados en Nicaragua. El 6 de marzo de 2012 comenzó en Somoto, Madriz, un juicio contra Julio César Leiva Dávila, originario de San Isidro, Matagalpa, y Walter José Morales García, de Managua, acusados de integrar una estructura que presuntamente captaba personas para Los Zetas.

Ambos habían sido detenidos en septiembre de 2011 en el puesto fronterizo de El Espino. Según la Fiscalía, ofrecían empleos como guardas de seguridad en México, con salarios de 2,000 dólares mensuales, pero el verdadero destino de los reclutados habría sido incorporarse a la organización criminal. Los cargos comprendían crimen organizado y trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción.

El juicio comenzó con más de cien personas previstas para comparecer entre víctimas y testigos. Las investigaciones de Somoto comprendían a veinte personas presuntamente reclutadas entre 2010 y 2011 para actuar como sicarios de Los Zetas.

Los Zetas, antiguos aliados del Cártel del Golfo, se encontraban entonces enfrentados a esa misma organización. Los reclutadores que operaban en Nicaragua podían estar buscando hombres para bandos rivales de una guerra desarrollada a miles de kilómetros de sus comunidades.

Los que regresaron

La suerte de los nicaragüenses reclutados fue desigual. Algunos consiguieron abandonar las organizaciones criminales y regresar a Nicaragua. Otros permanecieron encarcelados en México, murieron durante enfrentamientos o desaparecieron sin que sus familias lograran conocer su destino. 

El antiguo jefe de la Resistencia asegura que algunos nicaragüenses aprovecharon las disputas internas del Cártel del Golfo para escapar y regresar a sus comunidades. Dice haber recibido noticias de antiguos reclutados que aún viven en la zona, aunque no proporciona nombres por razones de seguridad.

En el caso de José Odimildo Valladares Mejía y Wilfredo Varela Vindell, las investigaciones judiciales permitieron establecer que sus restos fueron repatriados en 2012.

A medida que la guerra entre cárteles en México perdía intensidad, también lo hacía el reclutamiento.

Orozco coincide en que el reclutamiento internacional de antiguos combatientes perdió intensidad, pero advierte que el funcionamiento de las organizaciones criminales ha cambiado. “En la actualidad ha cambiado toda la modalidad de operación del narcotráfico. Los cárteles mexicanos ya no necesitan involucrarse directamente en todas las actividades logísticas, porque buena parte del transporte, la seguridad de los cargamentos y los contactos internacionales están en manos de células locales”, explica.

Según el investigador, Centroamérica pasó de ser principalmente una región de tránsito de drogas a desempeñar también funciones de almacenamiento, coordinación logística y reexportación. Esas transformaciones modificaron las necesidades de personal de las organizaciones criminales.

“Siempre necesitan hombres, pero ya no hemos percibido un reclutamiento internacional tan intenso como el que hubo durante las guerras entre los cárteles mexicanos en el periodo de (la presidencia de) Felipe Calderón”, sostiene Orozco.

 “No creo que los cárteles mexicanos necesiten actualmente buscar grandes cantidades de hombres entre los migrantes nicaragüenses, porque disponen de suficiente personal en México”, afirma.

Marlon, el excontra con quien comenzó el reclutamiento, murió en un enfrentamiento en México. Cascabel, llamado Pepe dentro del cártel, habría terminado preso en una cárcel de máxima seguridad.

Óscar Israel Rivera Flores viajó de Estelí a Guatemala, y en un “recorrido de día y noche” llegaron al lugar donde los esperaban, en México. Ahí se dio cuenta de que no trabajaría en una caballeriza, como le habían prometido. Los pusieron en fila y les dieron la bienvenida como miembros del Cártel del Golfo.

Rivera alegó que no sabía manejar armas ni quería utilizarlas. Los criminales lo abandonaron a su suerte y el 21 de junio de 2009 fue detenido por Migración y deportado a Nicaragua por El Guasaule, según sus declaraciones judiciales. Eso le salvó la vida.