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La pareja dictatorial votando en el centro habilitado por el poder electoral el pasado 5 de noviembre de 2017. LA PRENSA/ARCHIVO

Ortega busca autoextensión y blindaje del poder con reforma constitucional

Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsan una reforma constitucional en Nicaragua para extender el periodo presidencial a 7 años y blindar su poder dinástico.

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La sed de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo y el temor a presentarse a las urnas los llevan nuevamente a reformar la Constitución Política. El aumento de seis a siete años prorrogables del periodo presidencial, como lo establece el proyecto de ley en proceso de consulta, constituye una extensión y blindaje para continuar con su proyecto dinástico, según opositores.

Esta nueva reforma constitucional estará lista en septiembre, el Mes de la Patria, treinta días después del primer plazo que divulgó hace unos días Rosario Murillo. Lo que inició con el anuncio del dictador Ortega de abolir las elecciones y que luego pasó a procesos electorales sin la participación de “vendepatrias” ni injerencia extranjera, ahora ha sido transformado en el alargamiento del periodo presidencial para asegurar la perpetuidad en el poder.

Las recientes acciones de la dictadura le han valido el rechazo mundial. Naciones como sus anteriores aliados Brasil y Bolivia; así como Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Perú, la Unión Europea, entre otros, además de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), han condenado y expresado su preocupación por la violación a los derechos democráticos.

Estamos frente a una “autoextensión del poder”

El politólogo y fundador del partido Ruta del Cambio, Félix Maradiaga, dice que no estamos ante una “verdadera” reforma institucional, “sino ante una autoextensión del poder” con la que los Ortega Murillo buscan blindar su permanencia al mando de Nicaragua.

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“El régimen persigue blindar la permanencia de la familia Ortega-Murillo, neutralizar cualquier incertidumbre electoral y ganar tiempo para ordenar su sucesión interna. También busca convertir la Constitución en un instrumento para excluir de manera permanente a cualquier alternativa política real”, afirma Maradiaga, quien ve a una dictadura miedosa ante la posibilidad de que los nicaragüenses “los saquen del poder” en un proceso electoral.

Félix Maradiaga, politólogo nicaragüense. LA PRENSA/Cortesía
Félix Maradiaga, politólogo nicaragüense. LA PRENSA/Cortesía.

Las elecciones de 2027, que de acuerdo con las demandas y la presión de la comunidad internacional deberían ser transparentes y democráticas, amenazan el proyecto dinástico de Ortega y Murillo, y es por eso, según el analista político y sociólogo Óscar René Vargas, que el régimen “busca cómo prolongar su periodo sin elecciones o con elecciones amañadas” para “consolidar la dinastía”.

Vargas sostiene que un proceso electoral transparente “pondría en duda la capacidad de ellos (los Ortega Murillo) de reelegirse”, y que es por eso que “recurren a estas reformas que están haciendo”.

El problema de fondo es la ausencia de elecciones

Félix Maradiaga resalta que el problema de fondo no es si un período presidencial dura seis o siete años, sino el hecho de que en Nicaragua “no existen elecciones libres, competitivas y verificables capaces de conferir legitimidad a quienes ejercen el poder”.

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El opositor dice que estamos ante “un proyecto dinástico evidente” en el que no solo son los periodos “prolongados y renovables” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino ante un escenario en el que sus hijos han sido ingresados al juego. Menciona cómo los dictadores colocaron a sus descendientes en puestos estatales. “La eliminación de toda competencia constituye una arquitectura de sucesión familiar”, resalta.

Laureano Ortega Murillo es la cara más conocida de los hijos de la pareja dictatorial, funge como asesor presidencial para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, pero no es el único. Daniel Edmundo es coordinador del aparato de propaganda; Camila dirige la plataforma Nicaragua Diseña y participa en la administración de Canal 13; Maurice se encarga de la promoción y desarrollo del deporte; Rafael ha estado vinculado a la administración de empresas del conglomerado Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), que le dejó millonarias ganancias a la dictadura con el petróleo venezolano.

Ortega y Murillo, similares a Somoza

Óscar René Vargas coincide con Maradiaga, y expone que la extensión a siete años del periodo presidencial sigue la línea de “consolidar y afianzar la dinastía” como lo hizo en su momento Somoza García con sus hijos Anastasio Somoza Debayle y Luis Somoza Debayle.

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El analista explica que las acciones de Ortega y Murillo de prolongar el periodo presidencial a siete años “no es igual”, pero sí similar a lo que hizo la dinastía somocista.

Oscar René Vargas, analista. Foto/LA PRENSA/archivo
Oscar René Vargas, analista. Foto/LA PRENSA/archivo.

“Hay que recordar que Somoza García en 1939 a través de un pacto logró prolongar su periodo presidencial por 10 años sin necesidad de elecciones. Lo que está haciendo Ortega y Murillo es tratar de hacer algo similar”, afirma Vargas.

Constitución convertida en un reglamento interno familiar

Maradiaga subraya que “Nicaragua no necesita períodos presidenciales más largos”, que lo que urge es recuperar el derecho de sus ciudadanos a elegir y remover a sus gobernantes. Agrega que estas reformas “empujan al país más cerca de convertirse en una Corea del Norte tropical”.

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El opositor destaca cómo la dictadura ha manipulado la Constitución, que ha dejado de ser un “pacto de convivencia” a un “reglamento interno de una familia”. Sostiene que estas reformas “lejos de demostrar fortaleza, revelan el miedo” de los Ortega Murillo.

“Un gobierno seguro del respaldo ciudadano abre las urnas y acepta competir; un régimen que teme al pueblo prolonga los mandatos, elimina adversarios y clausura la alternancia”, concluye Maradiaga.

Más de 19 años desmantelando el Estado

No es la primera vez que el régimen decide reformar la Constitución. En 2014, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional en la que se habilitó la reelección presidencial continua y sin límites.

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Luego, a finales de 2024, una profunda reforma parcial a la Constitución Política, ratificada a inicios de 2025, permitió que Rosario Murillo se convirtiera en copresidenta.

Desde que Ortega volvió al poder en 2007, suma más de 19 años en los que ha oficializado la abolición de la independencia estatal, ha sostenido su poderío a través de 10 procesos electorales fraudulentos, una brutal represión desencadenada desde 2018 y la imposición mediante reformas constitucionales de la “policía voluntaria” para seguir imponiendo el terror.

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