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Costa Rica, Panamá, Guatemala y República Dominicana son los miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que han condenado hasta ahora el anuncio de Daniel Ortega de que en Nicaragua no habría ya elecciones. Sin embargo, los otros tres integrantes y la Secretaría General del órgano regional todavía no se pronuncian sobre el desprecio de Ortega a la democracia. La gran pregunta es por qué han tardado tanto.
Los grandes ausentes del SICA, en la reacción internacional sobre este tema, son El Salvador, Honduras y Belice. Incluso, la Organización de Estados Americanos (OEA) deploró los hechos, igual que la Organización de Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos y Chile. Ortega anunció su decisión el domingo 19 de julio cuando su partido conmemoró el 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.
Según el analista, Carlos Murillo, del cuerpo docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), cada uno de estos países tiene sus razones para hacerlo. En el caso de Belice, el catedrático y analista costarricense explica que “tiene una política exterior muy particular” y que no hay que perder de vista que “es mitad centroamericano y mitad caribeño”.
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Para un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Nicaragua, que pidió el anonimato, esa “particularidad” de Belice tiene que ver con una política de “tratar de beneficiarse de la integración (del SICA) sin involucrarse mucho en sus crisis políticas, ya que políticamente se sienten más vinculados al Caricom (Comunidad del Caribe) que a los países hispanoamericanos de Centroamérica”.
En el caso de El Salvador, Carlos Murillo expone que el presidente Nayib Bukele “no va a hacer comentarios porque él estaría feliz de no tener que celebrar elecciones periódicamente y convertirse en un gobernante perpetuo”, al igual que Daniel Ortega.
Respecto a Honduras, actualmente gobernado por Nasry Asfura, quien mantiene una estrecha y directa alianza con Donald Trump, el analista costarricense se muestra extrañado de que aún no se pronuncie respecto a las declaraciones de Daniel Ortega. “Pensaría que en algún momento va a reaccionar”, agrega.
¿Por qué el SICA no se pronuncia?
Tanto Carlos Murillo, como el exfuncionario del Minrex y el analista político nicaragüense Héctor Mairena coinciden en que la Secretaría General del SICA debería haberse pronunciado, incluso primero que la OEA y Naciones Unidas.
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Sin embargo, el exfuncionario matiza su respuesta posteriormente. “El SICA difícilmente podrá pronunciarse si no existe consenso entre sus miembros, el mecanismo de toma de decisiones les impide actuar por mayoría y la secretaría general no puede tomar una posición beligerante y autónoma cuando no aprecia un compromiso global de los países integrantes en defensa de la democracia en la región”, afirmó el exfuncionario del Minrex.
De acuerdo con el exfuncionario nicaragüense, el SICA “está obligado a ello (pronunciarse) por los principios, valores y fundamentos contenidos en el Protocolo de Tegucigalpa y en el Tratado Marco de Seguridad de Centroamérica”.
Por su parte, Mairena tiene la esperanza de que la Secretaría General del SICA, ahora dirigida por la costarricense Lina Eugenia Ajoy Rojas, exprese su posición en los próximos días, porque la decisión del dictador nicaragüense infringe los fundamentos del Sistema, principalmente los relacionados con la seguridad regional centroamericana.
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El problema del SICA es que cada país “responde a sus intereses y no tiene una perspectiva regional”, expone Carlos Murillo. En esa misma línea, el exfuncionario del Minrex afirma que a algunos países “les provoca escoger el pronunciarse sabedores de sus propios pecados” y que, además, le temen a las “represalias comerciales de parte de los Ortega Murillo”. Entre esas “represalias”, el exfuncionario nicaragüense menciona la posibilidad de una paralización del comercio regional a través de Nicaragua.
Así han reaccionado cuatro miembros del SICA
El gobierno de Laura Fernández en Costa Rica fue el primero en reaccionar. La Cancillería emitió un comunicado en que mostró su preocupación. “Costa Rica siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en la República de Nicaragua”, sostuvieron y reiteraron su “profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes” en su vecino del norte.
En respuesta, la dictadura desconoció “las atrevidas declaraciones” del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y le recordó el principio de no intervención o injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
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La congruencia de Panamá y Guatemala
Panamá fue el segundo centroamericano en cuestionar a Ortega. “La República de Panamá expresa su firme rechazo a las declaraciones hechas públicas por el presidente Daniel Ortega concernientes a que no habrá más elecciones en Nicaragua”, se lee en el comunicado de la Cancillería panameña. El gobierno de José Raúl Mulino incluso decidió llamar a consultas a su embajador en Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez.
Minutos después, la dictadura de Nicaragua respondió a Panamá, a través de la Cancillería alegando que su pronunciamiento “lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional”.
No es la primera vez que Panamá reacciona a la situación de Nicaragua. En junio pasado, durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Mulino llamó a los Estados miembros a no ignorar la situación de Nicaragua. “Es grave, y las violaciones a los derechos humanos que allí se registran son hechos incompatibles con los principios y valores que dieron origen a esta organización”, declaró entonces.
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El gobierno del guatemalteco Bernardo Arévalo también hizo críticas. Enfatizó en que la decisión de Ortega representa una “grave vulneración de los principios y propósitos” de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recordó que la anulación de los procesos electorales “elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder” y los derechos ciudadanos.
Guatemala recibió en septiembre de 2024 a 135 presos políticos desterrados por la dictadura Ortega-Murillo tras un acuerdo de mediación con Estados Unidos.
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Para Héctor Mairena, aunque aún tres países centroamericanos no se pronuncian y tampoco hay una reacción del SICA, cree que lo más importante es que cuatro de los ocho que conforman el Sistema “están reaccionando”. “A estas alturas Nicaragua debería estar fuera del SICA por irrespetar y violentar sus fundamentos”, agrega Mairena.
