Los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), José Antonio Kast (Chile), Luis Abinader (Dominicana) y Rodrigo Paz (Bolivia). Foto/Collage/La Prensa

Crece rechazo internacional a la orden de Daniel Ortega de eliminar las elecciones

Gobiernos de Chile, Guatemala, República Dominicana y Bolivia se pronuncian a favor de elecciones libres. Régimen de Daniel Ortega responde

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La condena internacional sigue creciendo. Los gobiernos de Chile, Guatemala y República Dominicana rechazaron este miércoles 22 de julio, en comunicados por separado, la decisión del dictador Daniel Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua. Bolivia se sumó un día después.

La administración del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo enfatizó en que la decisión de Ortega representa una «grave vulneración de los principios y propósitos» de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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Durante el acto central del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el dictador aseguró que no se celebrarían más elecciones en Nicaragua para evitar que la oposición vuelva a tener el poder. «Aquí no volverán a haber elecciones. No volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder», dijo Ortega.

El dictador Daniel Ortega (derecha) durante el acto de 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Foto: medios oficialistas.
El dictador Daniel Ortega (derecha) durante el acto de 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Foto: medios oficialistas.

La decisión provocó la condena de Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. El secretario de Estado, Marco Rubio, denunció que la dictadura socava los principios del hemisferio. Los estadounidenses pidieron actuar a la comunidad internacional para garantizar que el pueblo nicaragüense pueda elegir un futuro sin tiranía.

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«Eliminan posibilidad de alternancia»

Guatemala recordó que la anulación de los procesos electorales «elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el pluralismo político».

Guatemala expresó en la misiva solidaridad con los nicaragüenses e hizo un llamado a que se respeten las «libertades de expresión, de asociación y de participación política» para que haya una sociedad democrática que pueda tener elecciones libres y justas.

Chile con «honda preocupación»

El gobierno de José Antonio Kast, de Chile, afirmó también su «honda preocupación» por las declaraciones de Ortega.

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«Chile reafirma que la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes constituye un elemento esencial de la democracia representativa, conforme a lo consagrado en la Carta Democrática Interamericana, por lo que, declaraciones como la indicada, comprometen el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus propias autoridades«, afirmó.

El gobierno chileno instó al régimen nicaragüense a garantizar el pleno derecho del pueblo a elegir a sus autoridades, mediante elecciones libres, periódicas y transparentes.

Dominicana insta a rectificar su posición

En tanto, el gobierno de República Dominicana instó a la dictadura a rectificar su posición y garantizar que los nicaragüenses puedan participar en elecciones libres, transparentes y justas. «República Dominicana considera que ningún gobierno puede arrogarse el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni cerrar por decisión unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder», dijo el gobierno dominicano en una nota de prensa.

Además de Panamá, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, se sumaron al rechazo internacional.

Türk dijo que esta decisión «acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho».

La Asamblea Nacional, controlada por el régimen Ortega-Murillo, anunció el 21 de julio un plan de trabajo para acatar dicha orden.

Bolivia exhorta a régimen a actuar en apego a principios

Este jueves 23 de julio, el gobierno de Rodrigo Paz, de Bolivia, reiteró su compromiso con la democracia y los principios consagrados en la carta de la OEA y exhortó al régimen a actuar en apego a los principios democráticos y compromisos internacionales.

Dictadura responde a críticas

Horas después de emitidos los comunicados el 22 de julio, de manera separada, la Cancillería de la dictadura respondió en tono retórico a Guatemala, Chile y República Dominicana. Al país centroamericano, le recordó los acuerdos de Esquipulas que permitieron la llegada de la paz en Centroamérica y mencionó la figura de Vinicio Cerezo.

Lo que no dijo el régimen nicaragüense es que esos acuerdos, además de la pacificación, impulsaron la democratización a finales de los años 80. En Nicaragua, con la vuelta de Ortega al poder en 2007, el FSLN se encaminó a una concentración de poder y a la consolidación del totalitarismo con el paso del tiempo.

La Cancillería de la dictadura calificó los comentarios de Chile como «injerencistas sobre nuestros procesos políticos, jurídicos, e institucionales, soberanos y dignos».

A Dominicana, el Ministerio de Exteriores dijo que le resulta increíble, que un pueblo que ha sufrido dictaduras e invasiones e «intervenciones imperiales», «tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones».

También al gobierno dominicano le trajo a colación la figura de Gregorio Urbano Gilbert, «héroe anti intervencionista que recorrió caminos con Sandino». Sin embargo, en esto también hay una manipulación del concepto, porque Ortega y Murillo solo aceptan los comentarios de la comunidad internacional que fortalecen su modelo político totalitario y así se atrincheran para evitar rendir cuentas sobre los abusos de derechos humanos cometidos desde 2018, incluyendo delitos de lesa humanidad documentados por organismos internacionales.

A Bolivia, los Ortega Murillo le dijeron que recibieron la nota de ese país, pero le «ratificaron» que la decisiones políticas, económicas y, de ordenamiento jurídico, «son propias, dignas y soberanas».

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