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El diario chileno La Segunda informó que un grupo de juristas de distintos países que integran la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), presidida por Alfonso Pérez-Cuéllar, prepara una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de abogados nicaragüenses «perseguidos, expatriados y amenazados por el régimen». Además, este grupo de abogados podrá sumarse a una investigación por delitos internacionales contra Daniel Ortega, abierta en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.
La publicación detalla que en Argentina la búsqueda de extradición en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es por los hechos ocurridos en 2022 luego que se denunciara la detención del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos.
La acusación presentada en Argentina consta de 82 páginas e incluye una cronología de hechos ocurridos desde 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría llevado a cabo una serie de acciones de represión violenta contra manifestaciones, con uso excesivo y arbitrario de la fuerza.
El documento también menciona la «obstrucción de la asistencia humanitaria a las personas heridas, detenciones arbitrarias y violencia contra periodistas y medios de comunicación». Asimismo, describe los llamados «operativos de limpieza», ejecutados por agentes policiales y grupos parapoliciales, así como la criminalización selectiva, «la obstrucción del derecho al debido proceso y la violación de derechos de las personas privadas de libertad».
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Estos hechos descritos se extendieron hasta 2021, con detenciones arbitrarias, vigilancia de personas excarceladas y la presunta creación de cargos penales específicos contra candidatos presidenciales.
Pedirán medidas cautelares para abogados nicaragüenses
La Segunda informa que el abogado chileno Juan Carlos Manríquez será el encargado de representar a los juristas ante la CIDH y que la causa ya tiene una primera citación fijada para el 7 de agosto en Washington. Asimismo, indica que, como parte de la estrategia jurídica, se solicitarán medidas cautelares específicas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger a los abogados nicaragüenses.
El medio apunta que la Unión Iberoamericana de Abogados refiere que aunque Ortega desconoce la actuación de los organismos internacionales, la estrategia busca sentar un precedente, recordando que en otros casos la CIDH ha admitido o concedido medidas cautelares «a favor de personas que han sufrido detrimento u oprobio sobre sus garantías fundamentales, hallándose incluso en situación de grave riesgo inminente para su vida».
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Los impulsores de la iniciativa sostienen que la acción dejará «un antecedente histórico y probatorio irrefutable sobre el fundamento fáctico acerca de la necesidad de intervención del sistema proteccional americano y de cómo este reacciona frente a los agravios contra los abogados». Añaden que los mismos deben ser asimilados a la doctrina que los considera «Defensores de DD.HH.» y que, paradójicamente, «están impedidos de defenderse a sí mismos».
El Estatuto de Roma y la CPI
Según el diario, en el documento de propuesta, Juan Carlos Manríquez plantea que, si bien Nicaragua no es signataria del Estatuto de Roma, que sostiene a la Corte Penal Internacional (CPI), ese instrumento tipifica delitos internacionales. Según sostiene, si esos delitos fueran cometidos en un tercer país acogido al Estatuto contra uno o más abogados nicaragüenses perseguidos por el régimen de Daniel Ortega, sería viable una indagatoria formal.
Agrega que «se admite ingresar vía la OTP (Office of The Prosecutor) o a través de la Oficina de Representación de Víctimas (OVR), directamente por medio de la Secretaría General de la CPI (Registro), tras la remisión de un Estado Miembro, o de un Estado con un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas», como vías para iniciar una investigación por delitos internacionales que podría ser representada por la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), presidida por Alfonso Pérez-Cuéllar.
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Asimismo, recuerda que durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en 2024, se recibieron denuncias por presuntas detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia, torturas, violencia sexual y condiciones de detención degradantes contra opositores y defensores de derechos humanos.
