Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo este martes durante un conversatorio en España que se necesita “presión internacional” para una transición democrática en Nicaragua.
La relatora participó en el conversatorio “Exilio y derechos humanos en Nicaragua”, organizado por la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD). El moderador del encuentro fue el periodista Juan Diego Quezada, del diario El País. También intervinieron la activista política y defensora de derechos humanos Alexa Zamora, y el representante de Amnistía Internacional España, de origen venezolano, Yendri Velásquez.
«El llamado es a la comunidad internacional y los Estados que forman parte de estos organismos jurídicos y financieros internacionales para incorporar las debidas salvaguardas ante la situación extraordinaria que se está viviendo» en Nicaragua, expresó Payá.
De esa manera, la funcionaria de la CIDH situó a la presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como un elemento a desarrollarse en pro de la protección de los nicaragüenses, principalmente de quienes están en el exilio y son víctimas de la represión transnacional.
En 2026, la dictadura de Ortega cumplió 19 años en el poder con Ortega y Murillo, al mismo nivel jerárquico en el Estado, mientras eliminaron la independencia de poderes y han fortalecido su aparato represivo. Según Naciones Unidas, la represión trasnacional está enfocada en aquellas personas que el régimen identifica como opositores.
Presión internacional para transición democrática
Por eso, Payá insistió en lo que se necesita para lograr una transición. “No conozco en la historia reciente una sola transición a la democracia que haya tenido lugar sin presión, la presión internacional, los mecanismos que existen y que no todos están siendo usados de forma sostenida”, sostuvo Payá.
Así hizo referencia a que la comunidad internacional no ha hecho uso de mecanismos como la Corte Penal Internacional (CPI) para acusar al régimen por crímenes de lesa humanidad.
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Aunque Nicaragua no es parte de la CPI, expertos en derechos humanos han expuesto que los Ortega y Murillo pueden ser juzgados en el tribunal internacional, si uno de los Estados parte decidiera acusarlos por crímenes de lesa humanidad. Estos casos se encuentran documentados por las Naciones Unidas, a través de mecanismos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
De acuerdo con los informes del GHREN, el régimen ha cometido violaciones a la Convención contra la Tortura y a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, por lo que han recomendado llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Asimismo, en febrero de 2025, el Parlamento Europeo instó a sus Estados miembros a “iniciar investigaciones” en la CPI sobre los Ortega Murillo.
La relatora expresó que a la CIDH le “preocupa muchísimo” que el régimen utilice “mecanismos de cooperación jurídicos de la Interpol e incluso financieros” para perseguir a exiliados. Agregó que para los nicaragüenses hablar es un riesgo “terrible y extremo”, y que incluso quienes están fuera de Nicaragua, particularmente religiosos, “temen que sus hermanos dentro de Nicaragua vayan a sufrir las represalias”.
Para quienes están dentro, el riesgo de detención “es preocupante”. Por eso Payá señala que la “solidaridad y respuesta internacional debería de ser a la altura de esas circunstancias”.
Alexa Zamora: diplomacia es insuficiente
La activista nicaragüense Alexa Zamora recalcó que la diplomacia es insuficiente ante dictaduras como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que “la política internacional y las normas internacionales no pueden tener un doble rasero”.
Según Zamora, “no se puede criticar a un Estado que viola las convenciones internacionales y quedarse al margen de no cumplir tus responsabilidades en esta materia”, refiriéndose a que la comunidad internacional debe ejercer más presión sobre el régimen de Nicaragua.
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Alexa Zamora alertó que el caso de los Ortega Murillo no tiene que verse aislado, porque este tipo de modelos de represión “son exportados en la región y es una triangulación de un proceso de aprendizaje de Cuba, Venezuela y Nicaragua”. Denunció que las “embajadas funcionan como centros de espionaje” y que en el caso de las cubanas “colaboran con las de Nicaragua para vigilar opositores” en Europa.
Respecto a las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la activista afirmó que el régimen “invierte muchísimos recursos en actores oficiosos” para tratar de ocultar la represión en Nicaragua. Cita el caso de Mirna Cunningham, vicepresidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac). De acuerdo con Zamora, Cunningham “abiertamente ha dicho que en Nicaragua no hay represión a los pueblos indígenas”.
A mediados de mayo, la presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Medpi) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Anexa Alfred, también acusó al régimen de intentar “lavarse la cara” de los abusos contra los pueblos indígenas usando la imagen de Mirna Cunningham en una actividad sandinista en la Región Autónoma de la Costa Caribe.
El 30 de mayo, el líder indígena Brooklyn Rivera murió como prisionero de la dictadura, luego de permanecer en condición de desaparición forzada desde su detención en septiembre de 2023, hasta que las autoridades del régimen lo presentaron en deterioro físico tres días antes de su fallecimiento. La dictadura no entregó el cuerpo a los familiares del exdiputado de Yatama, para impedir que lo enterraran en su comunidad de origen. Organizaron un sepelio en Managua, mientras encarcelaron a cuatro familiares y dos allegados. No se sabe hasta ahora dónde los tienen.
El operador principal del orteguismo en las regiones caribeñas es el magistrado electoral Lumberto Campbell, señalado recientemente por Estados Unidos de participar en la negación de atención médica precisamente a Brooklyn Rivera. En lo relacionado con la represión transnacional, la ONU cuestionó al canciller Valdrack Jaentschke, quien es originario de la Isla del Maíz, en la región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua.
Yendri Velásquez: «Gobiernos están para garantizar derechos»
Yendri Velásquez, representante de Amnistía Internacional España, se mostró preocupado por las prácticas autoritarias, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y los problemas de salud que enfrentan los presos políticos en Nicaragua, así como el modo en que los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela han aprendido a evadir sanciones.
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Velásquez llamó a las democracias a “recordar que la diplomacia no solo queda en posicionamientos públicos… no puede quedar allí” y que “los gobiernos y Estados están para actuar y garantizar los derechos humanos de la gente”. Agregó que “ante contextos autoritarios, nadie puede solo”.
La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo, organizadora del conversatorio sobre Nicaragua, es una asociación sin fines de lucro que promueve espacios de diálogo y reflexión sobre los desafíos democráticos, sociales y culturales de Centroamérica, para fortalecer los vínculos de apoyo y solidaridad entre América Central y España.
