A raíz de la publicación del más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN), que confirmó la responsabilidad individual de funcionarios de la Policía, el Ejército y entidades como el Ministerio de Salud (Minsa) en la represión desatada en 2018, el GHREN sugirió activar mecanismos internacionales para llevar al Estado y a los responsables de crímenes de lesa humanidad ante tribunales de justicia internacional, entre estos, la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Los especialistas consideran que esto es viable, pero requiere de voluntad política de los países.
Otros contemplan la posibilidad de llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI), y aunque Nicaragua no es signatario del Estatuto de Roma, existen precedentes de investigaciones a países no firmantes. Pero esto también requiere la voluntad de un tercer país que actúe en el contexto de la represión transfronteriza. Sin embargo, a criterio de especialistas la CPI es una opción menos viable que la CIJ.
«Tratados como la Convención contra la Tortura y la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia establecen con claridad que, en caso de disputas sobre su cumplimiento, los Estados pueden recurrir a la CIJ. También lo contempla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, la activación de estos mecanismos depende de la voluntad política de los Estados», señaló el abogado Danny Ramírez Ayérdiz, secretario del Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos (Calidh).
Países no se atreven a llevar a Nicaragua a la CIJ
Por su parte, el abogado y especialista en derechos humanos Uriel Pineda considera que la CIJ es un mecanismo viable. Sin embargo, advierte que un obstáculo es el hecho de que, hasta ahora, ningún país ha emprendido acciones contra Nicaragua ante este tribunal.
«Hasta ahora esto no ha ocurrido debido al temor de generar un conflicto bilateral con Nicaragua. Las condenas han sido emitidas por grupos de países o instancias internacionales de manera conjunta, por lo que una acción unilateral podría derivar en una confrontación directa. En consecuencia, aunque existe un fundamento legal para proceder, ningún país ha asumido ese desafío por las implicaciones políticas que conlleva», refirió Pineda.
Ramírez expuso que también se puede llevar a Nicaragua ante la CIJ por incumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 41 establece que si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las disposiciones del pacto, podrá señalárselo de forma escrita y luego elevarlo al Comité de Derechos Humanos establecido en el Pacto.
La dictadura llevó a Alemania ante la CIJ
El 1 de marzo de 2024 presentó una demanda contra Alemania, en la que señaló a ese país de supuestamente instigar y ayudar en la comisión de un genocidio, mediante el suministro de armas a Israel, esto, en el marco del conflicto en Gaza; también señaló a ese país de retener fondos destinados a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
Los Ortega Murillo acusaron a Alemania de violar sus obligaciones derivadas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En el marco de la presentación de la demanda, el representante de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, aseguró que Alemania «conocía el riesgo de que se cometiera un genocidio».
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No obstante, el 30 de abril del año pasado, la CIJ rechazó la demanda presentada por Nicaragua para que ordenara a Alemania la suspensión de ayuda militar, financiera y política a Israel, así como el restablecimiento del apoyo financiero a la UNRWA.
A raíz de estas medidas, el régimen rebajó sus relaciones diplomáticas con Alemania y ordenó el cierre de la embajada de Nicaragua en ese país.
Demandar en la CIJ requiere voluntad política
En una entrevista concedida el sábado a LA PRENSA, La experta del GHREN, Ariela Peralta, señaló que un país o un grupo de países podrían llevar a Nicaragua ante la CIJ en La Haya por la violación de la Convención contra la Tortura y la Convención para la Reducción de la Apatridia.
«En el caso de la CIJ es un espacio que Nicaragua respeta mucho y es el único espacio en el que realmente ha actuado. Ha presentado al menos tres casos y han sido exitosos para el país. Consideramos que es un espacio en el que Nicaragua aún participa y el hecho de llevar al Estado por el incumplimiento de la Convención contra la Tortura y la Convención sobre la Apatridia, sería algo muy posible y significaría algo muy importante para comenzar un camino importante para las víctimas», dijo Peralta.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, Países Bajos. Su función es resolver conflictos jurídicos entre Estados y emitir opiniones consultivas.
¿Es viable llevar a Nicaragua ante la CPI?
Por otro lado, distintos actores han sugerido llevar a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la Corte Penal Internacional (CPI), que podría intervenir bajo ciertas condiciones extraordinarias en el caso nicaragüense, dado que el país no es signatario del Estatuto de Roma.
A través de una resolución, el pasado 13 de febrero el Parlamento Europeo, condenó los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los dictadores y sus colaboradores, a la vez que instó a los países europeos a llevar a Nicaragua ante la CPI.
La CPI actúa como tribunal de última instancia para juzgar crímenes internacionales graves, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su creación quedó formalizada con la adopción del Estatuto de Roma en julio de 1998, y comenzó a operar en 2003.
“En realidad, más que un país, cualquier persona —un gobernante, un militar o cualquier ciudadano o ciudadana de un país— puede ser llevada ante la Corte Penal Internacional. Es decir, se puede presentar un caso, el fiscal lo analiza y, si procede, lo eleva a la Corte. Luego se revisa la situación y, en caso de ser necesario, se puede emitir una orden de detención”, dijo el especialista en relaciones internacionales Carlos Murillo Zamora en declaraciones anteriores a este Diario.
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CPI juzga a países ajenos al Estatuto de Roma
También existen precedentes de investigaciones sobre delitos cometidos en países ajenos a la CPI. Un ejemplo es Libia, que no suscribió el Estatuto de Roma, pero cuyo caso llegó a la Corte Penal Internacional por remisión del Consejo de Seguridad de la ONU —una medida extraordinaria— para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad tras las manifestaciones populares contra el régimen de Muamar Gadafi en febrero de 2011.
Además, los países que han firmado el Estatuto de Roma pueden presentar ante la CPI los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen en sus territorios, en el contexto de la represión transfronteriza. Sin embargo, Peralta considera menos viable esta alternativa.
«Muchas de las personas que están fuera de Nicaragua han sufrido amenazas y hostigamiento. Hemos hablado con los órganos judiciales de esos países y necesitan hacer una investigación y probar que estos ataques vienen de la responsabilidad del mando del gobierno de Nicaragua. Eso es más complicado y más delicado», dijo Peralta.
