El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que condena al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por crímenes de lesa humanidad y persecución a opositores y religiosos, al tiempo que insta a los países europeos a llevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI). Aunque Nicaragua no es signataria del Estatuto de Roma, especialistas consultados por LA PRENSA explican que existen mecanismos para investigar y procesar a los responsables.
La CPI es un tribunal de última instancia encargado de juzgar crímenes internacionales graves, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su creación se formalizó con la adopción del Estatuto de Roma en julio de 1998 y comenzó a operar en 2003.
Especialistas consultados por LA PRENSA aseguran que la resolución del Parlamento Europeo plantea la posibilidad de que, aunque Nicaragua no sea signataria del Estatuto de Roma, se puedan abrir investigaciones contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y figuras del régimen a iniciativa de países que sí forman parte de la CPI. Sin embargo, no se podría investigar al Estado como tal debido a su condición de no adherente al Estatuto de Roma.
“En realidad, más que un país, cualquier persona —un gobernante, un militar o cualquier ciudadano o ciudadana de un país— puede ser llevada ante la Corte Penal Internacional. Es decir, se puede presentar un caso, el fiscal lo analiza y, si procede, lo eleva a la Corte. Luego se revisa la situación y, en caso de ser necesario, se puede emitir una orden de detención”, dijo el especialista en relaciones internacionales, Carlos Murillo Zamora, en declaraciones a este Diario.
Fiscal podría dar el primer paso
Por su parte, el abogado y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez, expresó que los Estados pueden remitir al fiscal de la CPI los casos en los que consideren que se han cometido delitos de su competencia, como los de lesa humanidad.
“La otra vía es que el Consejo de Seguridad remita el caso aun cuando el Estado no sea parte, que es una excepción. Pero en el Consejo, el régimen tiene dos amigos: China y Rusia, que bloquearían esa remisión”, dijo Ramírez, quien refirió que Nicaragua debe ratificar el Estatuto, puesto que la CPI castiga crímenes cometidos por nacionales de países que suscribieron el Estatuto o que cometan el delito en el territorio de un país firmante.
También ha habido precedentes de investigaciones sobre delitos cometidos en países que no son miembros de la CPI. Un ejemplo es Libia, que no forma parte del Estatuto de Roma, pero cuya situación fue remitida a la Corte Penal Internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU -una medida extraordinaria- para indagar presuntos crímenes de lesa humanidad, tras las manifestaciones populares contra el régimen de Muamar Gadafi en febrero de 2011.
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El régimen Ortega Murillo no tiene interés en ratificar el Estatuto de Roma. El 13 de noviembre de 2024, durante la audiencia en la que presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal, descartó adherirse a dicho estatuto, negándose a que esta instancia tenga competencia sobre los crímenes cometidos en el país.
Países pueden activar la justicia universal
Ramírez señaló que los países que son parte de la CPI pueden iniciar investigaciones recopilando pruebas y escuchando testimonios.
“Abriendo procesos en arreglo con la jurisdicción universal, si sus leyes penales lo permiten, es decir, de juzgar a cualquier persona sea nacional de cualquier país, como lo ha hecho Argentina”, dijo Ramírez.
El largo procedimiento para los casos ante la CPI
Según el Estatuto de Roma, los procedimientos inician con la remisión de un Estado parte, la actuación de oficio por parte del fiscal o la remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este último caso, el proceso puede llevarse a cabo aunque el país no haya ratificado el Estatuto.
El artículo 53 del Estatuto señala que, antes de iniciar una investigación, el fiscal debe evaluar si hay fundamentos para proceder en cuanto a competencia (si el crimen está dentro de la jurisdicción de la Corte), gravedad, si el Estado involucrado ya está investigando el caso y si hay razones humanitarias u otras que justifiquen no proceder.
El fiscal reúne pruebas, testimonios y documentos; se pueden emitir órdenes de arresto o citaciones a comparecer y, si se confirman los cargos, el caso se envía a la Sala de Primera Instancia, donde se celebra un juicio con presentación de pruebas y testigos.
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Luego del veredicto, inicia el proceso de apelación y revisión. Si la sentencia queda en firme, la CPI ordena a los Estados partes la ejecución de la misma.
¿Por qué no se ha hecho con Ortega y Murillo?
En 2023, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN) determinó que el régimen Ortega-Murillo cometió crímenes de lesa humanidad a raíz de las protestas iniciadas en abril de 2018. Sin embargo, hasta el momento, ningún país ha tomado la iniciativa de llevar estos casos ante la CPI.
A consideración del abogado especialista en derechos humanos Uriel Pineda, esto no ha ocurrido porque el régimen Ortega-Murillo puede “bilateralizar” el conflicto, es decir, aplicar medidas bilaterales dirigidas hacia el país que lo denuncie ante el tribunal.
“Siempre existe el riesgo de que el régimen busque bilateralizar el conflicto. Sus reacciones violentas e insultantes no son casuales. Cuando un país o una organización internacional denuncia la situación en Nicaragua, la respuesta desproporcionada del régimen forma parte de una estrategia para escalar el conflicto, convertirlo en un asunto bilateral y, con ello, deslegitimar cualquier acción internacional ante la Corte Penal Internacional”, dijo Pineda.
Resolución del Parlamento Europeo es contundente
Los especialistas también destacaron que la resolución del Parlamento Europeo es contundente, pues establece que el régimen cometió crímenes de lesa humanidad y solicita que se lleve el caso ante tribunales internacionales.
“El Parlamento Europeo ha dado un paso meteórico con esta resolución. No tiene precedentes para Nicaragua, pero hay que recordar que Europa enfrenta asuntos graves como el ascenso de las extremas derechas y la alerta permanente de la guerra con Ucrania”, dijo Ramírez.
Pineda coincidió con Ramírez y calificó la resolución como un “golpe político muy fuerte” contra la dictadura.
“El Parlamento Europeo es una institución con representación política de la comunidad europea y, si se logra un consenso en torno a una resolución que advierte sobre la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua bajo el régimen de Ortega y Murillo, y que además insta a los países a presentar el caso ante la Corte Penal Internacional, esto equivale a una condena política europea sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen”, dijo Pineda.
La CPI ha llevado casos contra dictadores
Con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI no pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque el artículo 2 del Estatuto de Roma establece un marco de cooperación entre ambos. En este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la facultad de remitir ciertos casos al fiscal de la Corte.
Actualmente, 124 naciones han ratificado el Estatuto de Roma, distribuyéndose en 33 países de África, 19 de Asia y el Pacífico, 18 de Europa Oriental, 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa Occidental, según Parlamentarios para la Acción Global. Sin embargo, dos países, Burundi y Filipinas, se han retirado del tratado.
Desde su creación, la CPI ha iniciado al menos 31 procesos en los que ha procesado a 51 individuos, entre ellos el exlíder libio Muamar Gadafi—uno de los aliados del dictador nicaragüense Daniel Ortega—, el expresidente sudanés Omar al Bashir y el exmandatario de Kenia, Uhuru Kenyatta.
