El 13 de noviembre, la dictadura de Ortega-Murillo descartó firmar el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), negándose a que esta instancia tenga competencia sobre los crímenes cometidos en el país.
Durante la audiencia en la que Nicaragua presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ser evaluada en el Examen Periódico Universal (EPU), Jeanette García, delegada de la Procuraduría General de la República, argumentó que el país no firmará el Estatuto porque la CPI “carece de imparcialidad”.
“Mantenemos nuestra posición de no ser parte de esa instancia jurídica internacional porque consideramos que dicha Corte no ha dado muestras de imparcialidad y justo equilibrio en su desempeño. La Corte ha sido empleada para eximir de responsabilidades a Estados poderosos pero acusa y presiona a los Estados en vías de desarrollo”, dijo García.
¿Qué es la Corte Penal Internacional?
La CPI se define como un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, tales como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. El Estatuto de Roma fue adoptado en julio de 1998, y la Corte comenzó a funcionar en 2003.
Este tribunal se encuentra en La Haya, Países Bajos, y no forma parte de la ONU, aunque el artículo 2 del Estatuto de Roma establece una relación de cooperación entre ambos organismos, permitiendo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueda remitir ciertos casos al Fiscal de la CPI.
Lea más en la sección de Derechos Humanos
Actualmente, 124 países forman parte del Estatuto de Roma: 33 son Estados africanos, 19 de Asia y el Pacífico, 18 de Europa Oriental, 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa Occidental, según Parlamentarios para la Acción Global. Entre los países firmantes, dos se han retirado: Burundi y Filipinas.
La CPI ha llevado a cabo al menos 31 procesos en los que ha enjuiciado a 51 personas, entre ellas el dictador libio Muamar Gadafi —quien en vida fue uno de los principales aliados del dictador Daniel Ortega—, el dictador sudanés Omar Hasán Ahmad al Bashir y el presidente de Kenia Uhuru Kenyatta.
Lea también: Dictadura defiende despojo de nacionalidad y descarta firmar Estatuto de Roma en sesión del EPU
Además, según la ONU, a lo largo de sus primeros veinte años de operaciones, la CPI ha juzgado y resuelto casos importantes para la justicia internacional, arrojando luz sobre crímenes como la utilización de niños soldados, la destrucción del patrimonio cultural, la violencia sexual y los ataques contra civiles inocentes.
La Corte no sustituye a los tribunales nacionales, sino que es un tribunal de último recurso, que interviene únicamente cuando el Estado en el que se hayan cometido crímenes graves de su competencia no esté dispuesto o no sea capaz de asumir esa responsabilidad.
Dictadura utiliza argumentos falsos para no suscribir el Estatuto
A consideración del especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, el argumento que el régimen Ortega-Murillo expuso en la ONU para no firmar el Estatuto de Roma es falso y más bien responde a un temor de que esta instancia tenga competencia sobre los crímenes cometidos en el país.
«En los contextos políticos de naciones que no alcanzan un nivel de desarrollo pleno, no solo en lo económico, sino en la consolidación de su institucionalidad democrática, es natural que se cometan crímenes de competencia de la CPI, como los crímenes de lesa humanidad, ya que la represión es un instrumento para la permanencia en el poder. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en Nicaragua», explicó Pineda a LA PRENSA.
Suscribirse al Estatuto de Roma, aunque con efecto sólo sobre hechos futuros, podría poner nuevamente a Nicaragua en el radar de la Corte Penal Internacional, con interés en investigar posibles crímenes en un contexto de negociación ante una eventual caída del régimen.
Lea también: Cómo Cuba ha influenciado a Nicaragua y Venezuela con sus métodos de tortura a presos políticos
Por su parte, el exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Belt, señaló que «Ortega no lo firma porque, de hacerlo, estaría aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que podría incluso emitir una orden de arresto internacional para obligar a presuntos violadores de derechos humanos a comparecer ante el tribunal».
Además, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha señalado a la dictadura como responsable de crímenes de lesa humanidad, algo que, según Belt, serviría como fundamento para abrir un proceso si Nicaragua formara parte del Estatuto.
Dictadura podría aprovecharse en el futuro de la no retroactividad
El párrafo 2 del artículo 11 del Estatuto de Roma establece que la CPI ejerce su competencia sobre los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto en el Estado en cuestión, a menos que, antes de suscribirlo, dicho Estado haya hecho una declaración en la que acepte cooperar con la Corte.
«No descarto que el régimen nicaragüense en algún momento considere suscribirse al Estatuto de Roma, pero ¿qué condiciones deben coincidir para que eso ocurra? Sería necesario un proceso de negociación. En definitiva, el régimen tiene el control sobre esa decisión, y al suscribirlo podría reafirmar la no retroactividad del Estatuto, protegiéndose de las consecuencias por crímenes ya cometidos», explicó Pineda.
Lea también: El caso del preso político Eddy Meléndez expone la manipulación de la justicia en Nicaragua
Según Pineda, suscribirse al Estatuto de Roma, aunque con efecto solo sobre hechos futuros, podría poner a Nicaragua al alcance de una CPI «con interés en investigar posibles crímenes en un contexto de negociación ante una eventual caída del régimen».
Esfuerzos de más de 15 años
La solicitud para que Nicaragua firme el Estatuto de Roma no es reciente. Según archivos periodísticos, en 2009, la senadora argentina María Cristina Perceval, en ese entonces integrante de la Comisión de la CPI, visitó Nicaragua para evaluar la posibilidad de que el país firmara el Estatuto.
En aquella ocasión, Perceval se reunió con parlamentarios nicaragüenses, incluyendo a la bancada sandinista, aunque no con el dictador Daniel Ortega. Aseguró que había receptividad entre los diputados orteguistas y afirmó que los crímenes cometidos en la década de los ochenta no representaban un obstáculo para la firma del Estatuto, ya que este no se aplica retroactivamente, a pesar de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
