La dictadura de Nicaragua presentó su informe de Estado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), en el que defendió su política de violaciones de derechos humanos, el despojo de la nacionalidad de opositores, la cancelación de personerías jurídicas a organizaciones sin fines de lucro a la vez que descartó ratificar el Estatuto de Roma y negó la represión transnacional.
Durante la sesión de este miércoles, 88 países intervinieron luego de la presentación de Nicaragua y en su mayoría expresaron preocupación por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, el cierre del espacio cívico y persecución a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores.
De los 88 países que intervinieron, 37 omitieron la crisis de derechos humanos en el país, entre estos Cuba, Burkina Faso, Rusia, China, Irán, Honduras, Filipinas, Turquía, Zimbabue, entre otros. Los otros 51 países expresaron su preocupación por las violaciones a los derechos humanos, el cierre del espacio cívico, la persecución de defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.
El próximo viernes, se emitirá el informe final en el que la ONU expondrá en qué puntos ha avanzado Nicaragua en cuanto a las recomendaciones de ciclos del EPU anteriores.
Descarta ratificar el Estatuto de Roma
En respuesta a consultas previas a la sesión de Bélgica y Liechtenstein, bajo el argumento de que no es imparcial, el régimen descartó ratificar el Estatuto de Roma y con ello evitar que la Corte Penal Internacional tenga competencia sobre asuntos de Nicaragua.
“Mantenemos nuestra posición de no ser parte de esa instancia jurídica internacional porque consideramos que dicha Corte no ha dado muestras de imparcialidad y justo equilibrio en su desempeño”, dijo Jeanette García, delegada de la Procuraduría General de la República.
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La funcionaria orteguista añadió que “la CPI ha sido empleada para eximir de responsabilidades a Estados poderosos pero acusa y presiona a los Estados en vías de desarrollo. Los delitos considerados competencia de la CPI están tipificados en nuestra jurisdicción interna a través del código penal vigente desde el año 2008”.
Sobre el cierre de universidades
Ante observaciones de Canadá y Alemania, García señaló que las cancelaciones de personerías jurídicas a organizaciones sin fines de lucro no responden a persecución política y que se debe a que han recibido fondos para “desestabilizar el país”.
Sobre la cancelación de personerías jurídicas de universidades, García señaló que se debió a que no cumplían con sus obligaciones, no garantizaban la calidad y que ofrecían carreras no autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
“Se encontraron deficiencias en asignaturas, número de docentes y emitían títulos en carreras no autorizadas”, refirió García.
Justifica pérdida de la nacionalidad con leyes aprobadas por la dictadura
Con relación a consultas de Bélgica y Estados Unidos sobre la pérdida de nacionalidad, Carmen Rodríguez, delegada de la Procuraduría, justificó el despojo de la nacionalidad a opositores, periodistas, dfensores de derechos humanos, excarcelados políticos y críticos con la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de febrero y aplicada de forma retroactiva a 222 excarcelados políticos que el régimen posteriormente desterró a Estados Unidos.
“De tal forma que las actuaciones del Estado están fundamentadas en la reforma a la Constitución Política y en ambas leyes existentes (Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaraguense y ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz)”, dijo Rodríguez.
Hasta el 5 de septiembre, la dictadura excarceló, desterró y despojó de su nacionalidad a 357 nicaraguenses y a otros 94 disidentes (la mayoría en el exilio) los despojó de su nacionalidad en febrero de 2023.
Omiten información sobre Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez
García también respondió a Canadá sobre el caso de los diputados del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, arrestados el 30 de septiembre y 1 de octubre, respectivamente. La funcionaria orteguista señaló que ambos son “investigados” por los delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas.
“(Rivera) fue privado de su condición de diputado de la Asamblea Nacional (…) por su abandono de sus labores parlamentarias por más de 60 días continuos sin causa justificada”, dijo García.
No obstante, Tininiska Rivera, hija de Brooklyn Rivera, ha señalado previamente que su padre se encuentra incomunicado y que la dictadura no brinda información sobre su paradero a los familiares.
Niega represión transnacional
María Elsa Frixione, también delegada de la Procuraduría, rechazó los señalamientos de que el régimen persigue a sus críticos en otros países, pese a informes e investigaciones que lo demuestran.
“El Estado de Nicaragua no acepta que se pretenda responsabilizarnos de supuestos casos de esa denominada represión transnacional o de cualquier otro tipo de intimidación u hostigamiento contra algún nicaragüense o cualquier otra persona en el exterior. El Estado de Nicaragua es respetuoso de la soberanía de cada país”, dijo Frixione.
Brasil vuelve a señalar a la dictadura en la ONU
El embajador de Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos criticó la cancelación de personerías jurídicas y pidió al régimen mantener cooperación con el Consejo, la segunda ocasión en la que el país sudamericano lo hace desde el rompimiento de relaciones diplomáticas con Nicaragua.
“Destacamos la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y atentados a la vida de minorías, especialmente pueblos indígenas. Destacamos la necesidad de respetar la libertad de pensamiento y poner fin a todo tipo de persecución religiosa”, dijo el representante de Brasil, quien solicitó la derogación de leyes que despojan de la nacionalidad.
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El 10 de septiembre, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos, Brasil se sumó a otros ocho países en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicaragua, en la que se abordó la situación en Nicaragua.
Colombia se ofrece como mediador
Por otro lado, Colombia se ofreció como mediador para encontrar una solución democrática a la crisis de Nicaragua, a la vez que expresó su preocupación por los derechos humanos en el país.
“Colombia ve con preocupación el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, especialmente con el cierre del espacio cívico y las barreras para la pluralidad política. Colombia reitera su disposición de actuar como mediador y continuar trabajando por la democracia en el continente”, dijo el embajador de Colombia.
Por su parte, Países Bajos le expresó a la dictadura que “el principio de soberanía, independencia y libre determinación no lo pueden invocar los Estados para violar derechos humanos y derechos constitucionales de sus ciudadanos”, por lo que pidió derogar la legislación que se utiliza para criminalizar la crítica.
Argentina cuestiona participación de “dictaduras sangrientas”
El representante de Argentina, mediante un video, cuestionó la participación de dictaduras en el Consejo de Derechos Humanos, aunque no especificó a cuáles se refería.
“El presidente (Javier) Milei señaló ante la Asamblea General de Naciones Unidas que se ha permitido el ingreso a este Consejo a dictaduras sangrientas sin el más mínimo reproche”, dijo.
También criticó a otros países miembros que, según Argentina, defienden a las dictaduras.
“Quiero agregar que algunos miembros, con su silencio complaciente y sus expresiones oprobiosas, felizmente las defienden y justifican, convirtiendo a esta sala en una bocina de desprestigio mundial y creciente de toda la Organización de Naciones Unidas”, dijo el representante argentino.