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Los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de 80 y 75 años, respectivamente, pretenden quedarse como mínimo en el poder hasta 2040, facultados por las reformas electorales que trabaja actualmente el parlamento bajo su control. La pareja de tiranos subieron el 10 de enero de 2007 a la Presidencia.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, informó este martes 28 de julio ante el plenario que la dictadura propone períodos presidenciales renovables de siete años. Así lo dijo al anunciar la creación de la comisión especial que evalúa las reformas a la Carta Magna, tras la orden de Ortega el 19 de julio que oficializó la eliminación de las elecciones.
Sin comicios, el andamiaje para prolongar al orteguismo en el poder la Asamblea lo está poniendo sobre la mesa. Al proceso lo llaman de «consulta» y durará al menos un mes hasta la aprobación prevista para el Mes de la Patria, en septiembre, según anunciaron.
La Constitución que empoderó a Murillo como «copresidenta», durante 2025, estableció un período presidencial de seis años. Eso significa que las próximas votaciones serían en noviembre de 2027. Eso significa que, de seguir su curso la farsa de elecciones sin competencia, los dictadores asumirían otro período en enero de 2028 y se prolongarían en el poder hasta 2035. Esta etapa podría ser renovable siete años más.
Porras agregó que el nuevo período «asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y creatividad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo».
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Opositores en el exilio cuestionaron la decisión del orteguismo, después de que el dictador anunció la abolición de las elecciones. Juan Sebastián Chamorro, coordinador de Ciudadanos por la Libertad (CxL) y expreso político, calificó de «impresentable» a Porras, un allegado a Murillo que aparece en una lista de represores divulgada en abril de 2025 por Naciones Unidas.
La excomandante guerrillera Dora María Téllez, crítica de Ortega y miembro de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), recordó en sus cuentas de redes sociales que se busca perpetuar la tiranía. «Claro no habrá reelección, porque no hay elección», dijo.
La junta directiva de la Asamblea Nacional presentó también la iniciativa de ley de reforma parcial a la Constitución “para estudio, consulta y dictamen de la iniciativa”. Además, modificarán otras leyes, según la primera secretaria del Parlamento, Loria Raquel Dixon, miembro también del partido oficialista.
La intención de quedarse en el poder
La sesión parlamentaria ocurre un día después de la reunión con el cuerpo diplomático. En medio de la condena mundial anuncio del fin de los comicios en Nicaragua, el orteguismo ha explicado la intención de la reforma a los embajadores. Porras les dejó claro que en los futuros comicios electorales en Nicaragua no participarán los “traidores” a la patria y candidatos financiados por donantes extranjeros.
La criminalización de la oposición es una de las características del sistema político de Ortega. Fue evidente en 2021 cuando la dictadura apresó a todos los posibles oponentes de los dictadores. En 2023, finalmente, desterró a 222 presos políticos a Estados Unidos. Los declaró traidores a la patria y les conculcó sus derechos políticos.
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“Parte de la reforma es algo como que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos por designación electoral y de la Presidencia, quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado”, sostuvo Porras.
Doctora Asunción Moreno: «reformas ilegales e ilegítimas»
La jurista María Asunción Moreno expresó en su cuenta de X que, con estas reformas, «se podría extender el período actual hasta el 2028, para luego ‘renovar los 7 años’ sin elecciones libres, mediante consultas al pueblo presidente».
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Moreno explicó también que son reformas ilegales, porque la Asamblea no tiene facultades para hacer este cambio de sistema. «La Constitución del 2025 y estas reformas que pretenden hacer de facto son ilegales e ilegítimas de origen, son reformas “non nata” y por tanto, inexistentes», declaró.
Yubrank Suazo, del Movimiento 19 de abril, lamentó que, con las nuevas reformas a la Constitución, lo que el dictador busca es asegurarse un «funeral de Estado».
«Daniel Ortega oficialmente arrebata a los nicaragüenses el derecho sagrado de unas elecciones libres y democráticas. ¡Eso es miedo!», escribió.
Murillo se queja de «guayolas inmensas»
Horas después que se conocieran los detalles de la consulta, la dictadora Rosario Murillo dijo a los medios oficialistas que el primero de septiembre iniciará la «instalación de los resultados de la consulta y luego se presenta la propuesta de reforma a la Constitución». La codictadora volvió a cargar contra los opositores, desterrados y medios independientes.
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«Hay gente que habla contra Nicaragua y los que fueron alguna vez nicaragüenses hablando contra Nicaragua inventando, como decía el doctor Porras el otro día, una mentira, y en este mundo cibernético esa mentira se convierte en un montón de mentiras, se convierte en lo que quienes manejan esos medios que yo llamo de destrucción masiva quieren que se transmita o se instale, guayolas inmensas«, expersó Murillo.
Agregó que «los que ya no son nicaragüenses ni tendrían que hablar porque perdieron el derecho de ser nicaragüenses». Acusó a los anteriores gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños de ser egoístas, ridículos, sarcásticos, hipócritas y de cometer «pecado mortal» por supuestamente mantener al pueblo en «pobreza o en miseria» y ser «intervencionistas que servían a interés foráneos».
