«No hay nada que celebrar». Cómo los Ortega Murillo traicionaron la revolución para instaurar su dinastía

“Se tomaron riesgos por nuestros principios tanto personales como de patriotismo”, sin embargo, Daniel Ortega y Rosario Murillo los traicionaron para consolidar una nueva dinastía familiar en Nicaragua, detalla Hassan, que también fue cuñado de Murillo en su momento. 

Otro exguerrillero sandinista que solicita no ser mencionado señala que Ortega y Murillo no solo traicionaron el proyecto revolucionario que sepultó al somocismo, sino que también traicionaron a aquellos que murieron en el proceso e incluso a los que estuvieron con ellos hasta hace poco. 

“Ahí tenés a Bayardo (Arce) preso por ellos mismos. Modesto (Henry Ruiz) también preso por ellos mismos. Y ya no digamos Humberto Ortega” señala. En el caso de este último, era el hermano menor del dictador, exjefe del Ejército y uno de los poderosos nueve comandantes de los años ochenta que murió bajo régimen de casa por cárcel en 2024 tras atreverse a criticar a Rosario Murillo en una entrevista. 

De hecho, tanto Bayardo Arce como Henry Ruiz, fueron de los nueve comandantes del Frente Sandinista en los años ochenta. Eran hombres vistos como intocables y como los grandes líderes de la revolución. Ahora, su excompañero de armas los mantiene como prisioneros. 

La primera etapa sandinista 

Daniel Ortega es “un hombre indigno de su propio pasado”, dijo en una ocasión el escritor José Saramago, en una clara referencia a que el dictador no era el mismo que alguna vez luchó por botar una dictadura. 

“Hubo gente que de alguna manera se olvidó de esos principios, ética, valor, dignidad y de amor al país”, resalta Moises Hassan, quien desde su exilio insiste en que de la revolución sandinista no quedó nada porque fue traicionada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

El próximo domingo 19 de julio se cumplirán 47 años en que los sandinistas depusieron por las armas a la dictadura somocista. Hassan junto a Violeta Barrios de Chamorro, Alfonso Robelo, Sergio Ramírez y Daniel Ortega formaron una Junta de Gobierno para sacar adelante al país, pero pronto los tres primeros se separaron al ver que los sandinistas impusieron su propio modelo dictatorial que también causó vejámenes y sufrimientos a los nicaragüenses. 

Entonces, los carceleros se convirtieron en los torturados y los encarcelados en los torturadores, convirtiendo así a la justicia en venganza política. A los sandinistas no les bastó con encerrar y torturar a sus detractores. Algunos prisioneros de los años ochenta fueron ejecutados en las cárceles.

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No existe una cifra oficial de cuántos presos políticos hubo en los ochenta, pero en octubre de 1987, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Lino Hernández, denunció que en Nicaragua había más de 9,500 presos políticos en todo el país. De estos, siete mil eran acusados de ser “contras” y el resto eran exguardias nacionales. 

Esa primera etapa sandinista acabó en 1990 con la derrota electoral a manos de doña Violeta Barrios de Chamorro, que pacificó el país acabando con la guerra civil y dando pie a una democracia que no se había conocido en el país en al menos medio siglo. 

Después de aquella derrota electoral, muchos sandinistas rompieron con Daniel Ortega y formaron su propio partido político. Así el Frente Sandinista quedó en manos del hoy dictador que con artimañas políticas volvió al poder, y con fraudes, alianzas y represión consolidó su dictadura familiar. 

47 años después de la revolución sandinista, Nicaragua continúa en dictadura. Daniel Ortega no gobierna. Dicta. Y lo hace junto a su esposa y probable sucesora Rosario Murillo a quien ya nombró como su “copresidenta” y algunos hasta especulan que es ella quien ya ejerce el poder en Nicaragua. De hecho, Estados Unidos se refiere a la dictadura nicaragüense como el “régimen Murillo Ortega”. 

“Ella lo controla (a Ortega) y esa mujer está loca”, señala Hassan. El otro exguerrillero coincide. “Murillo es la que verdaderamente manda. Vos ves a Daniel Ortega y lo escuchas y está desconectado de lo que sucede en Nicaragua”, comenta. 

El país que recibió Ortega 

En 2007, cuando Daniel Ortega regresó al poder, estaba recibiendo un país con una democracia adolescente de 16 años, una institucionalidad frágil y las arcas del Estado con poco dinero, pero suficiente para mantener al país a flote y en números negros. 

En Nicaragua había entonces variedad de partidos políticos con ideologías diferentes a los que no se les perseguía por ser de oposición o por pensar distinto. Tampoco se les ilegalizaba. No había presos políticos, pero sí, de vez en cuando había protestas sociales o “asonadas” impulsadas por el mismo Frente Sandinista. 

Protestaban por el 6 por ciento universitario, por el costo del pasaje del bus, por la tarifa energética o la de agua. Había huelgas de transportistas, de universitarios, de comerciantes. Se podía protestar por todo y la Policía reprimía hasta donde la ley lo permitía. Y el Ejército, se mantenía en su rol de fuerza no deliberante. Ambas fuerzas habían pasado por una renovación después de que en los años ochenta estuvieron supeditadas al sandinismo. 

El país que Ortega recibió en 2007 no era perfecto, pero sí una Nicaragua mejor después de la dinastía somocista y la dictadura sandinista de los ochenta que mantuvo al país bajo regímenes totalitarios por casi todo el siglo pasado. 

Cuando Ortega ganó las elecciones en 2006, muchos temían que esa época funesta de los años ochenta regresara. Que se dieran nuevamente las confiscaciones, la escasez, la guerra, el servicio militar, la censura y demás.  

Entre los sectores que mayor miedo sentían estaban los empresarios, pero Ortega les demostró que estaba de su lado y crearon el modelo de diálogo y consenso. Este consistía en que los empresarios dejaran gobernar a Ortega a su gusto y antojo sin representar oposición para él, a cambio de dejarlos expandir sus negocios e influir en la política económica del país. 

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Ese modelo trajo crecimiento económico al país, pero el costo fue la destrucción de la institucionalidad y la construcción de la dictadura dinástica que conocemos hoy en día en Nicaragua. 

“Ese fue un gran error de los empresarios y muchos en la sociedad civil advertíamos que estaban sacrificando algo tan valioso como la institucionalidad y la democracia. Lamentablemente no nos escucharon y cuando lo hicieron ya era muy tarde”, comenta el exguerrillero. 

La destrucción del Estado 

Con su regreso al poder, Ortega consolidó su control sobre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. Para 2008 llegaría el primer fraude electoral de la era orteguista en las elecciones municipales de ese año. 

El Frente Sandinista se quedó con 105 alcaldías de las 153 que estaban en disputa y el Centro Carter calificó esos comicios como “un fraude”. 

Como parte del control que ejercía en el Poder Judicial, Daniel Ortega decidió en 2010 prorrogar la permanencia en sus cargos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que a estos ya se les había vencido el periodo conforme a la ley. De esta manera, evitaba discutir con las otras fuerzas políticas acerca de quién iba a ocupar estos cargos y terminaba de afianzar su control en la Corte. 

Estos magistrados fieles a Ortega fueron los que aprobaron en 2009 la sentencia que declaraba inaplicable el artículo 147 de la Constitución, el que prohibía la reelección presidencial. Así fue como Ortega ocupó al Poder Judicial para presentarse como candidato en las elecciones de 2011. 

Organizaciones civiles y opositoras comenzaron con una campaña de protestas ante las intenciones de Ortega de reelegirse, pero fueron apagadas con procesos judiciales contra algunas como el Movimiento Autónomo de Mujeres o el Centro de Investigaciones sobre la Comunicación. 

La Juventud Sandinista ya empezaba a ser ocupada como fuerzas de choque desde el fraude electoral de 2008 y operaba bajo el amparo de la Policía. Esta represión logró sofocar el movimiento social y pasaba desapercibida para la comunidad internacional. 

Sucesión dinástica 

Ortega consiguió reelegirse como presidente en las elecciones de 2011, pero con un increíble 60 por ciento de los votos que le daba al Frente Sandinista un total de 62 escaños en la Asamblea Nacional. Eso era lo necesario para controlarla por completo y no requerir de alianzas con las otras fuerzas políticas en el parlamento. 

Gracias a ese control de la Asamblea, Ortega reformó la Constitución en 2014 sin necesidad de ponerse de acuerdo con los demás partidos. Armó el Estado que quiso con reelección indefinida, se dio el poder de dictar decretos ejecutivos “de aplicación general” con el que puede ordenar sin importar la jerarquía de las leyes, se estableció como Jefe Supremo del Ejército y Policía, eliminando la mediación de los ministerios de Defensa y Gobernación, institucionalizó el modelo de diálogo y consenso con la empresa privada, y legalizó muchas acciones ilegales que ya había hecho. 

En esos años ya era tiempos en que la publicidad partidaria ya abarrotaba las entidades estatales, la mora limpia ya amenizaba los discursos de Ortega en actos oficiales con la bandera rojinegra y todo el que no mostrara un aval político no podía trabajar en una institución del Estado.  

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En Managua y otras ciudades del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo daban la bienvenida a los viajeros a través de grandes rótulos. Murillo comenzó con su instalación de los árboles de la vida, y en este punto ya no era posible identificar qué era el Estado, qué era el partido y qué era la familia Ortega Murillo. 

Con la Constitución reformada y las nuevas reglas de Ortega, se celebraron elecciones presidenciales en 2016. Ortega fue nuevamente el candidato del Frente Sandinista, y la sorpresa fue que su fórmula presidencial era su esposa, Rosario Murillo. Así empezó el proyecto dinástico, con Murillo asegurando la sucesión, mientras el módelo de diálogo y consenso con la empresa privada seguía en pie. 

Ese modelo se terminó en 2018, con el estallido de la crisis política y la represión que Ortega y Murillo desataron contra manifestantes civiles, que terminaron siendo acallados a sangre y fuego. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que más 350 personas fueron asesinadas por la Policía y grupos paramilitares. 

También más de 2,000 personas han pasado por las cárceles de la dictadura como presos políticos y más de 100,000 mil nicaragüenses se encuentran exiliados. Los empresarios ya no regresaron al matrimonio con Ortega y más bien, algunos fueron encarcelados, desterrados y desnacionalizado por quien alguna vez fue su socio. 

En este contexto, Ortega llegó a reelegirse por cuarta vez en 2021 y su fórmula siguió siendo su esposa, Rosario Murillo. Esta vez, también descabezó partidos políticos y por si fuera poco, encarceló, desterró y desnacionalizó a quienes se atrevieron a presentarse como precandidatos presidenciales. 

47 años después del triunfo de la revolución sandinista, Daniel Ortega no ha hecho de Nicaragua un país mejor. La prisión política, las desapariciones forzadas y las torturas se siguen sufriendo en el país. La persecución y la confiscación son una realidad. Y la instrumentalización de los poderes del Estado para acallar a quien se atreva a criticar al régimen es el pan de cada día. 

“Yo no pensaría que hay que matar a Daniel Ortega. Se lo merece, pero lo fundamental es el país” y por ello considera que es mejor apostar por la búsqueda de justicia, valora Moisés Hassan. 

 “Así el país que pueda encaminarse, no con pactos ni componendas que al fin y al cabo resultan en lo mismo, si no en una solución que realmente haga que este país empiece a caminar. Que haya leyes, que haya derechos y respeto a la dignidad de la gente”, insiste. 

Por su parte, el exguerrillero señala que el próximo 19 de julio “no hay nada que celebrar” y que con la vista puesta en el futuro, los nicaragüenses “ya hemos aprendido de los errores del pasado. Por eso no vemos a la oposición tomando a las armas para hacer una guerra, porque solo daña al país y a los nicaragüenses mismos. La respuesta es la justicia. Que paguen por todos los jóvenes asesinados”.