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Por décadas, perder una visa estadounidense en Nicaragua era un hecho excepcional. La medida solía recaer sobre figuras señaladas por corrupción, narcotráfico o actividades ilícitas particularmente graves y eran semanas de escándalo local e internacional.
Todo cambió después de abril de 2018.
En los ocho años transcurridos desde la represión de las protestas antigubernamentales, Estados Unidos ha construido contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo una de las campañas de restricciones migratorias más extensas aplicadas contra una élite gobernante latinoamericana.
La cifra supera ya los 2,350 nicaragüenses sancionados con cancelaciones o prohibiciones de visa, según los propios balances del Departamento de Estado y comunicados oficiales emitidos entre 2018 y 2026.
Solamente Cuba, con más de 4,500 sancionados, y Venezuela, con alrededor de 5,000, cifras no oficiales, registran números superiores.
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Magnitud inédita
Más llamativo aún es el método utilizado por Washington. A diferencia de otras épocas, cuando las restricciones recaían sobre individuos específicos, las sanciones migratorias contra Nicaragua comenzaron a aplicarse en bloques completos de funcionarios, instituciones y familiares.
Primero fueron grupos de 19, 50 o 100 funcionarios y familiares.
Después llegaron tandas hasta de 250 sancionados. En octubre de 2022, la administración estadounidense anunció restricciones inéditas contra más de 500 nicaragüenses y sus familiares en una sola decisión.
Nunca EE. UU. había castigado de manera tan amplia a sectores enteros del aparato estatal nicaragüense.
Las huellas del 2018
Aunque la explosión de sanciones ocurrió tras la crisis de derechos humanos de 2018, las señales aparecieron muchos años antes.
Uno de los primeros episodios ocurrió en enero de 2002, cuando Washington revocó la visa al exdirector de Ingresos, Byron Jerez, uno de los personajes más emblemáticos de los escándalos de corrupción del gobierno de Arnoldo Alemán.
EE. UU. lo consideró sospechoso de lavado de dinero y le prohibió la entrada, junto a sus familiares.
Pocos meses después el propio expresidente Arnoldo Alemán y su familia fueron declarados no elegibles para ingresar a EE. UU. por actos de corrupción que, según Washington, socavaron las instituciones democráticas de Nicaragua.
Con el tiempo se sumarían otros: por corrupción se desvisó a Roberto Rivas Reyes, expresidente del Consejo Supremo Electoral; también Néstor Moncada Lau, considerado uno de los principales operadores de inteligencia y terrorismo del régimen sandinista a inicios del 2018.
Aquellas sanciones parecían significativas en su momento. Vistas desde hoy, eran apenas el prólogo.
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Murillo estrenó la ola
El 27 de noviembre de 2018 el Departamento del Tesoro sancionó a la mismísima codictadora Rosario Murillo por graves abusos contra los derechos humanos.
Washington la señaló por sus órdenes a las estructuras sandinistas vinculadas a asesinatos extrajudiciales, secuestros y torturas durante la represión iniciada en abril de ese año.
Era la primera vez que la cruel pareja del dictador nicaragüense recibía una sanción de semejante nivel.
Con los años, la presión aumentó.
La familia Ortega Murillo terminó convirtiéndose en uno de los grupos familiares más sancionados de América Latina: prácticamente toda la estructura familiar de la dictadura enfrenta restricciones migratorias estadounidenses.
Desde los codictadores Ortega y Murillo y sus hijos, hasta los cónyuges, descendientes y familiares directos.
Washington ha aplicado una política que no se limita a los funcionarios formalmente nombrados, sino que también alcanza a quienes considera beneficiarios de las acciones del régimen.
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Veto a toda la dictadura
La lista de sectores alcanzados por las sanciones parece una radiografía completa del aparato estatal construido por el orteguismo.
Han sido sancionados e impedidos de ingresar todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces, fiscales, diputados, alcaldes, autoridades electorales, funcionarios penitenciarios, jefes policiales, oficiales militares, dirigentes partidarios y funcionarios universitarios.
También aparecen académicos, rectores, dirigentes estudiantiles oficialistas, periodistas afines al régimen, empresarios identificados con el Frente Sandinista, abogados y operadores políticos vinculados a estructuras de control territorial.
Las restricciones han alcanzado incluso a sectores tradicionalmente alejados de la política, como deportistas y artistas.
Entre los nombres más conocidos figuran el boxeador Román González, el comerciante y cómico Juan Caldera, dirigentes deportivos vinculados a estructuras del béisbol como Julio Sánchez, Sandor Guido y el otrora jugador Nemesio Porras, entre otros señalados por su cercanía política al oficialismo.
Desvisado, una herramienta global
Estados Unidos aplica sanciones con más frecuencia que cualquier otro país del mundo y utiliza herramientas como la Ley Global Magnitski para castigar a personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos y corrupción significativa.
En algunos casos las medidas se limitan a la cancelación de visas.
En otros incluyen congelamiento de activos, bloqueo de transacciones financieras y prohibiciones para realizar negocios con ciudadanos o empresas estadounidenses.
Nicaragua también figura, junto Cambodia, China, Myanmar, Venezuela y Afganistán, entre los países sometidos a controles especiales en materia de exportaciones y compras de equipos militares y de seguridad con tecnología estadounidense.
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Historia de las sanciones y desvisados
Las restricciones de visas impuestas a funcionarios nicaragüenses forman parte de una política exterior que EE. UU. ha utilizado durante décadas contra gobiernos, organizaciones e individuos considerados responsables de corrupción, violaciones de derechos humanos, terrorismo, narcotráfico o amenazas a la seguridad nacional.
Durante la Guerra Fría, Washington recurrió a sanciones principalmente contra países como Cuba, China y Corea del Norte.
Tras la caída de la Unión Soviética, las medidas adquirieron un carácter más multilateral y comenzaron a coordinarse con organismos internacionales en países represivos como Irak, Yugoslavia o Zimbabue.
Sin embargo, desde finales de los años 80, Estados Unidos volvió a privilegiar las sanciones unilaterales y las convirtió en una de sus principales herramientas diplomáticas.
A Nicaragua, en 1985, le aplicó un bloqueo comercial y militar que terminó derrumbando a la primera dictadura sandinista.
Sandinistas entre villanos globales
Una de las herramientas más utilizadas es la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
En ella figuran alrededor de 12,000 personas y entidades de todo el mundo, incluidos narcotraficantes, organizaciones terroristas, oligarcas, funcionarios gubernamentales y empresarios vinculados a regímenes autoritarios.
Quienes ingresan a esa lista ven congelados sus bienes en territorio estadounidense y tienen prohibido realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
Nicaragua ha visto desfilar por esa lista a cientos de funcionarios, instituciones estatales y empresas vinculadas al círculo de poder de los Ortega Murillo.
La Ley Magnitski y los desvisados
Entre los instrumentos más temidos por funcionarios y empresarios alrededor del mundo destaca la Ley Global Magnitski sobre Responsabilidad en Materia de Derechos Humanos.
Aprobada inicialmente en 2012 y ampliada posteriormente a escala global, la legislación permite sancionar a cualquier persona involucrada en graves abusos contra los derechos humanos o actos significativos de corrupción, independientemente de su nacionalidad o del país donde ocurrieron los hechos.
La ley nació tras la muerte en una prisión rusa del abogado Serguéi Magnitski, quien había denunciado una vasta red de corrupción estatal.
Desde entonces se ha convertido en una de las principales bases legales para castigar a funcionarios de regímenes autoritarios sin necesidad de sancionar a países enteros.
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En el caso nicaragüense, las restricciones migratorias han sido complementadas por otras disposiciones, entre ellas la Proclamación Presidencial 10309, emitida en noviembre de 2021, que suspendió el ingreso a Estados Unidos de personas que formularan, ejecutaran o se beneficiaran de políticas destinadas a socavar la democracia en Nicaragua.
Bajo esa norma han sido sancionados jueces, fiscales, policías, funcionarios penitenciarios, alcaldes, rectores universitarios y numerosos actores no gubernamentales señalados por facilitar la represión o beneficiarse de ella.
Es esa herramienta jurídica la que explica por qué las sanciones dejaron de concentrarse en figuras individuales y comenzaron a extenderse a bloques enteros de funcionarios y sus familiares, produciendo un fenómeno sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua.
El mensaje tras las sanciones
Diversos analistas concluyen que las sanciones rara vez logran derribar gobiernos. En muchos casos incluso fortalecen el control interno de las élites gobernantes.
Sin embargo, sí han producido otro efecto.
Han convertido a Nicaragua en uno de los países cuyos cuadros de poder enfrentan mayores restricciones de movilidad internacional en todo el hemisferio.
Cuando Washington anunció en junio de 2026 nuevas restricciones para más de cien funcionarios y familiares por el caso del líder indígena Brooklyn Rivera, el total acumulado superó los 2,350 sancionados.
La cifra equivale a una parte considerable de la burocracia política que ha sostenido al régimen durante los últimos años.
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Y constituye una señal de que para Estados Unidos la responsabilidad por la crisis nicaragüense ya no recae únicamente sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino sobre toda la estructura que les ha permitido mantenerse en el poder.
“No se trata solo de que ya no podrán ir de compras a Miami o tomarse fotos con Micky Mouse en Disneyland”, dice el analista político Enrique Sáenz.
“En general, las sanciones tienen el efecto general de mantener en el radar político a la dictadura y tienen mayor o menor impacto dependiente de los intereses que golpean”, explica.
Golpes y contragolpes
Sáenz pone de ejemplo las sanciones al Bancorp, a DPN (Distribuidora Nicaragüense de Petróleo) y al negocio minero de los Ortega Murillo.
“Afectan el corazón financiero del régimen, pero su impacto fue aislado porque no obedecieron a una estrategia definida”, dice.
“Esto posibilitó que la dictadura pudiera neutralizar o mitigar el impacto aprovechando el control institucional. Pudo trasegar los fondos del Bancorp, pudo inventar empresas para continuar en el negocio del combustible y encubrir sus intereses en el negocio minero”, dice Sáenz.
En el caso de la cancelación de visas, dice, cada vez se ha relativizado más hasta convertirse “en algo simbólico”: “La afectación inmediata era para quienes tenían intereses o viajaban con distintos motivos hacia Estados Unidos”.
Ahora, la restricción de visas se aplica a mansalva, dice Sáenz
“Con la política migratoria de la actual administración que ha impuesto requisitos casi inalcanzables para el ciudadano común, la anulación de la visa por motivos políticos se ha convertido más en algo simbólico en términos políticos, que en sanciones de impacto real”, dice.
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Desvisados “VIP”
El politólogo y opositor nicaragüense Félix Maradiaga coincide con Sáenz: las más de 2,300 restricciones de visa impuestas por EE. UU. a funcionarios y allegados al régimen de Ortega Murillo constituyen una herramienta relevante de presión, aunque limitada en sus efectos inmediatos.
Esa es una medida distinta de las sanciones financieras de la OFAC, que congelan activos y excluyen a los afectados del Sistema Financiero internacional en dólares.
“Solo un subconjunto de desvisados ha cruzado ese segundo umbral y es ahí donde la sanción se vuelve verdaderamente asfixiante”, señaló, al describir las sanciones financieras como una forma de “muerte civil internacional”.
A juicio del analista, los desvisados tienen escasa capacidad de coerción directa, ya que “no liberan a un preso político, no recuperan un activo robado ni derriban una dictadura”.
Sin embargo, consideró que sí elevan el costo personal de la complicidad al afectar a funcionarios, jueces, militares y empresarios vinculados al oficialismo que mantienen intereses familiares, educativos, médicos o patrimoniales en EE. UU.
Maradiaga destacó además que estas medidas construyen un registro oficial de responsabilidades individuales por violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.
Según dijo, cada sanción alimenta expedientes que podrían servir en futuras investigaciones internacionales y procesos judiciales. “La impunidad se combate, entre otras cosas, con memoria documentada”, sostuvo.
