La amnistía de 1990 selló la paz y enterró la verdad

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El 17 de marzo de 1989, un total de 1,894 reos políticos que estaban en las cárceles, muchos de ellos exguardias somocistas y contras, fueron indultados por el gobierno sandinista como parte de un proceso de negociaciones que desembocaría en elecciones libres y en el fin de la lucha armada en Nicaragua.

Sin embargo, esa liberación temprana de presos políticos también formó parte de una salida política más amplia que, en la práctica, terminó cerrando el paso a cualquier intento de investigar los crímenes cometidos por las dirigencias de ambos bandos durante la guerra y en la accidentada transición de 1990.

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La paz de 1990 se construyó sobre un acuerdo básico: desmovilizar, desarmar, sacar a los presos de la cárcel, abrir paso a la competencia electoral y evitar que el conflicto continuara por la vía militar.

Pero esa fórmula tuvo un costo. En lugar de impulsar un proceso de verdad, memoria y responsabilidades, los actores decisivos del momento terminaron apostando por el olvido legal. Lo que se presentó como un instrumento para la reconciliación nacional también funcionó como un muro de impunidad.

La amnistía general aprobada en 1990 fue el resultado de negociaciones que venían desarrollándose desde años antes, cuando el desgaste de la guerra, la crisis económica y la modificación del entorno internacional empujaron a sandinistas y contras a sentarse a negociar.

Para entonces, el país acumulaba una década de muertos, desplazados, reclutamientos forzosos, ejecuciones, abusos contra civiles, censura, expropiaciones, represión política y operaciones militares que dejaron marcas profundas en el campo y en las ciudades.

Negociaciones de paz

Ya desde 1986 se habían producido contactos para detener la guerra. Pero fue en 1987 y 1988 cuando el proceso tomó forma más concreta. El gobierno sandinista enfrentaba un deterioro económico severo. La Unión Soviética estaba entrando en su propia crisis y ya no podía sostener del mismo modo a sus aliados. Cuba también afrontaba graves limitaciones.

Del otro lado, la Contra sabía que Estados Unidos no financiaría indefinidamente la guerra. Había llegado un punto en que ninguno de los dos bandos podía seguir peleando en las mismas condiciones.

En ese contexto, el gobierno sandinista firmó en agosto de 1987 el acuerdo de Esquipulas II, que abrió la puerta a compromisos regionales de pacificación. Después vinieron nuevas conversaciones entre enero y marzo de 1988, hasta desembocar en las reuniones de Sapoá, en Rivas, los días 21, 22 y 23 de marzo de ese año.

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Ahí se firmó el acuerdo para el cese al fuego definitivo. Sapoá fue un punto de inflexión. No significó el fin inmediato del conflicto, pero sí el inicio irreversible de una negociación que más tarde conectaría con la liberación de presos, la apertura política y las elecciones de 1990.

Una Comisión de la Verdad

Los negociadores contras llegaron con un punto fuerte en su agenda: crear una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos durante la guerra. Según el relato del general Joaquín Cuadra Lacayo, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército Popular Sandinista y uno de los negociadores del oficialismo en Sapoá, esa propuesta fue abortada.

—¿Ustedes saben lo que es una comisión de la verdad? —dijo Cuadra a LA PRENSA que le preguntó a militares contras una vez lograron separarlos de los políticos.

—Claro. Una comisión que determine todos los asesinatos.

—¿Pero los asesinatos de quién?

—Los de ustedes.

—No, ¡los de todos! —respondió Cuadra—. Eso quiere decir que van a ir a ver la operación que en el mes tal y la ofensiva que hicieron ustedes en el pueblo tal, donde hubo tantos milicianos muertos y esos se los van a echar a ustedes.

Yo les propongo que no hay Comisión de la Verdad. Entierren y lloren a sus muertos y nosotros a los nuestros y veamos para adelante. Si no aquí nosotros somos los que vamos a terminar presos en el banquillo de los acusados y no los que están en el otro cuarto. Esos nunca van a terminar presos, son políticos, hombre. Los que nos matamos fuimos nosotros.

—Tenés razón.

“Al día siguiente los contras militares llegaron con que no había Comisión de la Verdad”, dijo Cuadra en la entrevista.

Mike Lima, uno de los jefes de la Contra, rememoró que otros comandantes le transmitieron una posición similar atribuida a Cuadra: que no había nada que discutir sobre una comisión porque ambos bandos habían matado y lo mejor era llorar a sus muertos por separado.

Lima también dijo haber escuchado directamente al máximo jefe militar de la Contra, Enrique Bermúdez, oponerse a una comisión con el argumento de que en Nicaragua no había nadie imparcial para integrarla.

Indultos

En Sapoá, los sandinistas aceptaron excarcelar a prisioneros que mantenían detenidos. Pero el proceso no fue inmediato ni total. En vez de hablar de amnistía, el gobierno utilizó la figura del indulto. La amnistía extingue la responsabilidad penal y borra jurídicamente el delito. El indulto, en cambio, perdona la pena, pero no niega que el hecho haya existido.

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Los sandinistas optaron por una aplicación gradual y mantuvieron excepciones. Entre ellas, no liberaron de inmediato a 39 exguardias somocistas que permanecían presos desde julio de 1979.

En esos mismos meses hubo presiones para que la Contra aceptara esa salida. El periodista Glenn Garvin relata en su libro Everybody had his own gringo que hubo una campaña para empujar a los contras hacia el alto al fuego y a aceptar una liberación progresiva de presos. El cardenal Miguel Obando, por ejemplo, les transmitió que, si se concretaba la negociación, el gobierno sandinista terminaría concediendo una amnistía general.

El 17 de marzo de 1989 se produjo la liberación de los 1,894 reos políticos. Aun así, el proceso siguió incompleto. Solo en febrero de 1990, a pocos días de las elecciones del 25 de ese mes, fueron liberados todos los presos políticos restantes, incluidos los 39 exguardias somocistas que el gobierno había retenido. Su liberación se produjo el 9 de febrero, cuando ya la transición electoral estaba en marcha.

Leyes de amnistía 1990

La derrota del Frente Sandinista en las urnas aceleró el cierre jurídico del conflicto. El 15 de marzo de 1990, cuando el sandinismo ya había perdido el poder frente a la Unión Nacional Opositora y Violeta Barrios de Chamorro, pero todavía no había entregado el gobierno, el entonces presidente de la República por la ley, Sergio Ramírez Mercado, decretó la “Ley de Amnistía General y Reconciliación Nacional”. Esa norma amparó los hechos ocurridos entre el 19 de julio de 1979 y la fecha de entrada en vigor de la ley.

La decisión cerró el paso a procesos judiciales por delitos políticos y comunes conexos cometidos durante el periodo revolucionario. De ese modo quedaron cubiertos hechos atribuidos a la cúpula sandinista, al aparato militar y de seguridad del Estado, así como a mandos y combatientes de la Contra.

También quedaron fuera de eventual revisión judicial otros actos como la llamada Piñata, el escandaloso robo al Estado mediante el cual dirigentes y cuadros del sandinismo aceleraron la transferencia, legalización o apropiación de bienes del Estado y de propiedades previamente confiscadas.

Antes de dejar el poder, el sandinismo aprobó las leyes 85, 86 y 88, en medio de una transición precipitada. La justificación de sus principales dirigentes fue que, como no habían previsto perder las elecciones y muchas propiedades entregadas o confiscadas en los años ochenta no estaban legalmente regularizadas, debían ordenar esa situación en pocas semanas. El resultado fue un caos institucional que facilitó una rapiña con los bienes públicos.

La amnistía decretada por Ramírez no fue la última. El 25 de abril de 1990, el mismo día en que asumió el poder, Violeta Barrios de Chamorro declaró una amnistía general para todos.

Después, la Asamblea Nacional derogó la ley anterior y aprobó una norma más amplia, la Ley número 100, de 9 de mayo de 1990, promovida desde la Presidencia. Según explicó años después Antonio Lacayo Oyanguren en La difícil transición nicaragüense, esa ley respondía al Programa de Gobierno que planteaba una amnistía general para los delitos políticos y comunes conexos, como parte del esfuerzo de reconciliación nacional.

Doña Violeta Barrios justificó esa decisión en sus memorias Sueños del Corazón. “… como símbolo de reconciliación, tendí mi mano a todos y cada uno de mis compañeros y declaré la amnistía general para todos. Añadí que quería que a partir de ese mismo día todos depusiéramos las armas y dejáramos a un lado nuestros intereses partidarios para poder iniciar la difícil tarea de reconstruir Nicaragua”, escribió.

Años después, Alfredo César, quien fue secretario de la Asamblea Nacional en 1990, subrayó una diferencia política entre aquella amnistía y la que Daniel Ortega decretó en 2019 por los hechos de 2018. Dijo que la de 1990 fue una amnistía consensuada entre los dos bandos en conflicto y apoyada por la mayoría parlamentaria de entonces, mientras que la de 2019 fue unilateral. Su argumento era que las amnistías negociadas entre fuerzas enfrentadas tienden a perdurar más que las impuestas por una sola parte.

Pero que una amnistía haya sido acordada no significó que resolviera el problema de fondo. La ley de 1990 consolidó la paz, pero al mismo tiempo dejó sin investigación graves violaciones a derechos humanos y abusos cometidos durante la década revolucionaria y la guerra contrarrevolucionaria.

También cerró el paso a un esclarecimiento más amplio de cómo funcionaron la represión estatal, las estructuras armadas irregulares, los despojos patrimoniales y las operaciones clandestinas de aquellos años.

Masacres y abusos

Las violaciones cometidas por el régimen sandinista fueron documentadas desde muy temprano. Vilma Núñez de Escorcia sostuvo en un texto publicado por la revista Envío en 2014 que tanto sandinistas como contras incurrieron en violaciones gravísimas de derechos humanos.

En el caso del Estado revolucionario, las principales estructuras de poder coercitivo fueron el Ejército Popular Sandinista, dirigido por Humberto Ortega, y el Ministerio del Interior, controlado por Tomás Borge y Luis Carrión. En la lucha contra la Contra y la disidencia interna, ambas instituciones recurrieron a detenciones arbitrarias, persecución política, censura y operaciones represivas contra la población civil.

Uno de los primeros instrumentos jurídicos del nuevo poder fueron los Tribunales Populares Antisomocistas (TPA), creados mediante una ley emitida el 20 de julio de 1979 para mantener el orden y la seguridad pública en medio del colapso del somocismo.

En la práctica, esos tribunales permitieron procesar a somocistas y sospechosos sin plenas garantías. En paralelo se registraron ejecuciones, como la de la cárcel La Pólvora, en Granada, donde fueron asesinadas 24 personas.

También hubo hechos como la matanza de exguardias somocistas en la Zona Franca, en la noche del 27 de junio de 1981, cuando tropas del Ministerio del Interior mataron a 16 de ellos durante una protesta carcelaria.

En octubre de 1981 el gobierno decretó por primera vez la Ley de Emergencia, que luego prorrogó durante años. Bajo esa cobertura se profundizó la censura a medios y se produjeron detenciones prolongadas de personas consideradas contrarrevolucionarias.

La violencia escaló aún más en el campo y en la Costa Caribe. Entre los episodios más recordados están los operativos en Pantasma contra campesinos sospechosos de colaborar con la Contra, y el caso de la llamada Navidad Roja contra comunidades miskitas del río Coco. En esa operación, el Ejército desplazó por la fuerza a 42 comunidades enteras con el argumento de cortar la colaboración con los grupos armados, y el episodio dejó muertos, destrucción y trauma colectivo.

La Contra, por su parte, tampoco estuvo al margen de crímenes y abusos. Vilma Núñez señaló que sus combatientes asesinaron campesinos cuando los consideraban colaboradores del sandinismo o cuando se negaban a apoyarlos. También se registraron violaciones sexuales contra mujeres campesinas y secuestros de jóvenes en edad de prestar el servicio militar.

Además, con apoyo de la CIA, la Contra ejecutó operaciones como el incendio de los tanques de combustible de Corinto y ataques en las costas del país, acciones que fueron condenadas en 1984 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Nada de eso fue sometido a una investigación integral en 1990. Nicaragua llegó al cambio de gobierno sin una comisión que estableciera responsabilidades, sin una política pública de verdad y memoria, y sin procesos judiciales orientados a distinguir entre reconciliación política y rendición de cuentas por violaciones graves.

Vuelve Ortega a las andadas

Recién aplicada la amnistía de 1990, Daniel Ortega siguió siendo una figura central de la política nacional, ahora como líder opositor. En los años siguientes, el sandinismo impulsó protestas, presión callejera y episodios de violencia en la pugna con los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.

Más tarde, ya de regreso en el poder desde 2007, Ortega avanzó en el control de las instituciones, promovió reformas y prácticas contrarias al orden constitucional y profundizó el dominio sobre el sistema electoral y judicial.

Ese proceso desembocó en la represión de las protestas de abril de 2018, cuando el Estado y fuerzas parapoliciales respondieron con violencia letal. Más de 300 nicaragüenses fueron asesinados, entre ellos jóvenes y niños, según distintos organismos nacionales e internacionales. En 2019, Ortega volvió a recurrir a una ley de amnistía, esta vez para blindar a responsables de la represión reciente.

Para el académico Ernesto Medina, el problema de 1990 no fue solo que se optara por una amnistía en medio de una transición difícil, sino que no se acompañara de un mecanismo independiente para esclarecer la verdad y evitar la repetición. Su balance es que no hubo condena para nadie, no hubo acusaciones formales y predominó una lógica de borrón y cuenta nueva.

Dora María Téllez expresó una idea similar en una entrevista concedida en 2023 a El Faro: en una transición democrática tiene que haber justicia, y al no existir un ejercicio de verdad y memoria, se tienden a reproducir los mismos modelos.

La amnistía de 1990 ayudó a detener la guerra y a abrir la puerta de una transición política. Pero al mismo tiempo dejó sin respuesta judicial y sin esclarecimiento una cadena de crímenes, abusos y despojos. La paz llegó. La verdad no. Y sobre esa ausencia se levantó, años después, una nueva etapa de impunidad que terminó devolviendo al país a la violencia estatal y a la concentración autoritaria del poder.