Los Ortega Murillo: el régimen más corrupto de la historia de Nicaragua

Es la conclusión a la que llegan expertos, analistas y críticos, que señalan que su modelo de corrupción no solo ha sido más agresivo en menos tiempo —18 años consecutivos en el poder— sino también más sofisticado, utilizando un aparato represivo para garantizar impunidad total.

Yendo desde hoy hacia atrás en la historia, el politólogo José Antonio Peraza dictamina que el tema de la corrupción ha sido tan decisivo en la historia de Nicaragua, que gracias a las denuncias de corrupción de un hombre, Pedro Joaquín Chamorro, contra el régimen de la familia Somoza, hubo una revolución en 1979.

Y más acá en el tiempo, el analista político e historiador Enrique Sáenz, sentencia que de igual modo por culpa de un hombre corrupto que buscaba escapar de sus delitos, Arnoldo Alemán, es que el caudillo sandinista Daniel Ortega llegó al poder para establecer una dictadura represiva y corrupta como nunca en la historia de Nicaragua y como ninguna en los tiempos modernos de América Latina.

Las tres P

Para llegar a esa conclusión demoledora sobre el régimen de la familia Ortega Murillo, Sáenz analiza y caracteriza las prácticas corruptas desde tiempos de la familia Somoza (1937-1979) hasta la fecha, pasando por la turbulenta época de los años 80 y los grises años 90 y 2000.

Recuerda que bajo la administración de los Somoza la corrupción se ejecutaba bajo una filosofía de “Estado botín” y la política no escrita de “las Tres P”: Plata para los amigos, Plomo para los enemigos y Palo para los indiferentes.

Sáenz señala que el régimen de los Somoza se caracterizó por el uso de los recursos del Estado como un botín personal, la instrumentalización de la Guardia Nacional como agente de negociación y el aprovechamiento de momentos dramáticos de la historia para explotar sus ambiciones.

El historiador señala que la familia Somoza, en particular, acumuló una vasta fortuna a través de la apropiación de recursos públicos en dos momentos claramente definidos: la Segunda Guerra Mundial en 1942 y el terremoto de Managua de 1972.

En el primer caso, Sáenz recuerda que el viejo dictador Anastasio Somoza García le declaró la guerra a Alemania para congraciarse con Estados Unidos, pero aprovechó para expropiar los bienes y negocios de los empresarios alemanes e italianos en Nicaragua; comprarlos bajo amenaza de los Garand y “a precio de guate mojado”.

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Maleta y metralleta

En este caso se recuerda la oscura figura del coronel de la Guardia Nacional, Camilo González, quien llegaba a las subastas públicas de los bienes expropiados a los alemanes e italianos con un maletín lleno de dinero en una mano y una metralleta en la otra.

Su presencia en aquellas subastas amañadas era la clave para indicarle a cualquier otro interesado que tras esas transacciones estaba el interés del general Somoza. Y entonces González ofrecía el precio mínimo de la subasta sin competencia y la propiedad pasaba a ser parte del portafolio de negocios de la familia en el poder.

Y en el segundo caso, con la destrucción de Managua en diciembre de 1972, Saénz recuerda que la corrupción fue más grosera y vulgar: no solo se apropiaron de donaciones directas de fondos y bienes para las víctimas de la tragedia, sino que se aprovecharon de información privilegiada para comprar propiedades donde se iban a desarrollar proyectos de reconstrucción, crearon empresas para ejecutar las obras, inflaron los precios de los proyectos y se repartieron entre socios y parientes los recursos destinados a paliar la dramática situación del país.

Negocios de la A a la Z

En 1975, el escritor Sergio Ramírez junto con otros opositores a Somoza elaboró un inventario de los negocios de la familia Somoza, que incluía una lista alfabética de sus empresas y productos, desde la A de arroz hasta la Z de zapatos.

“Se lo envié a Carlos Tünnermann, quien se encontraba becado en Washington y él contactó al periodista Jack Anderson, que tenía una columna muy famosa en el Washington Post y en trescientos periódicos en Estados Unidos. Él mandó un equipo a Nicaragua a investigar, y comprobaron que lo que decía el documento era cierto, de modo que empezaron a publicarlo en varias entregas”, contó el escritor Sergio Ramírez en una entrevista a LA PRENSA en octubre de 2002.

En cada una de sus columnas Jack Anderson fue sacando los demonios de la caja de Pandora.

La exposición precisa y la crítica mordaz desataron escándalo y críticas en Estados Unidos, sobre todo por el apoyo que este gobierno mantenía al dictador que libraba una guerra contra los civiles que se sublevaron.

“A través de su familia y de sus lacayos, (Somoza) controla toda la industria, instituciones y servicios lucrativos de Nicaragua. Directa o indirectamente tiene granjas, fábricas, bancos, periódicos, estaciones de radio y televisión, barcos, aviones y como le quieran llamar…”, expuso el reportero Jack Anderson en un artículo de 1975 en el diario New York Post.

Dismotor/Mercedes Benz, Nicalit, Calzado Chontal, Televisión de Nicaragua SA, Marina Mercante Nicaragüense (Mamenic), Líneas Aéreas de Nicaragua (Lanica), Hilados y Tejidos El Porvenir y la Compañía Nacional Productora de Cemento… La lista era larga e incluía docenas de fincas ganaderas y con fines agrícolas variados, aunque predominaban los cafetales, ingenios azucareros y arrozales.

“Como la Gran Banana en la pequeña república bananera, Somoza no solo siembra bananos, también fabrica las cajas de cartón donde se empacan. Luego se cargan, invariablemente, a bordo de los buques de carga de su compañía naviera”, escribió Anderson.

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Además, enumeró una serie de ejemplos en cada uno de los escritos en los que denuncia acerca del abuso de poder y el monopolio económico que había logrado mediante el poder militar y político.

“Él produce mucha de la comida que su gente come, los cigarros que fuman, el café que toman, el azúcar que le ponen a ese café, y hasta los cubos de hielo que usan para helar sus bebidas”, anotó el reportero norteamericano Jack Anderson en una de sus columnas en 1975.

Luego habla de la popularidad de los autos Mercedes Benz en Nicaragua, además de los civiles, los usaba la policía para patrullajes e incluso los camiones recolectores de basura eran comprados a la franquicia que pertenecía a Somoza.

La letra X del inventario correspondía a “negocios desconocidos”, en el cual se incluyó un negocio clave para la historia de Nicaragua: Plasmaféresis.

Pese a la represión sanguinaria del régimen, hubo resquicios de libertad de prensa, no exenta de riesgos, que permitieron investigaciones periodísticas y denuncias sociales, como las que hizo Pedro Joaquín Chamorro del caso Plasmaféresis: la explotación de la necesidad a través de la compra de sangre a personas vulnerables para la exportación de plasma, negocio en el que participaba el dictador Somoza.

Esa investigación, en especial, detonó el asesinato de Chamorro, cuando el empresario cubano Pedro Ramos, al verse desnudado en su polémico negocio, conspiró para asesinar al director de LA PRENSA el 10 de enero de 1978.

Ese crimen alimentó la insurrección civil de 1979 que derrocó a la dictadura de la familia Somoza.

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Botín de guerra y piñata de los 80

Tras el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro en 1978 y la guerra civil de 1979, el FSLN se asentó en el poder y estableció un nuevo esquema de corrupción: la ocupación de empresas, propiedades y bienes de los derrotados, de los opositores y de los exiliados.

El politólogo José Luis Peraza caracterizó esta etapa como “el botín de guerra”, donde los ganadores de la conflagración se otorgaron el derecho a robar y expropiar como compensación por “el sacrificio” de la guerra, como premio por los “riesgos asumidos” e indemnización “por los servicios prestados en la liberación de la patria”.

A diferencia de la corrupción en tiempos de la familia Somoza, la depredación bajo la nueva etapa de los sandinistas se caracterizó, según Pereza, por el establecimiento de un control político que derivó automáticamente en la implementación de un esquema de corrupción caracterizado por la apropiación inmediata de las propiedades que los guerrilleros ocuparon a gusto y antojo.

Bajo discursos de “justicia social”, los nueve comandantes del régimen sandinista empezaron a desmantelar los derechos de propiedad privada mediante decretos de confiscación, juicios masivos en los que a los condenados les arrebataban sus bienes antes de meterlos a la cárcel y la ocupación de facto de mansiones de los antiguos funcionarios de Somoza.

Uno de esos casos, y que explica el origen corrupto de los bienes de la familia Ortega Murillo, es la ocupación de la mansión del banquero Jaime Morales Carazo en residencial El Carmen, en Managua, en 1979.

La familia Ortega Murillo no solo se apropió de la casa, sino también de sus joyas, obras de arte y hasta las ropas que Rosario Murillo, consorte de Ortega, usaba a descaro como si fueran propias.

Desde entonces y hasta la fecha, los Ortega Murillo viven en esa vivienda luego de cancelarla al Estado de Nicaragua a un precio irrisorio al amparo de “la Piñata”, convirtiéndola tanto en residencia familiar como en Secretaría General del partido sandinista.

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El politólogo recuerda que el clímax de aquella época de corrupción explotó en 1990 con la derrota electoral de Daniel Ortega y la aprobación de una serie de leyes para legalizar las confiscaciones de inicios de los años 80.

En 1992 la revista Envío destacó afirmaciones de Jaime Wheelock Román, exministro de Desarrollo y Reforma Agraria, quien reveló que entre 1981 y 1985, la reforma agraria sandinista distribuyó alrededor de seis mil propiedades agrícolas, que sumaban en total unos tres millones de manzanas.

Además vía decretos de confiscación “el gobierno sandinista dispuso de unas 350 empresas industriales y comerciales y de unas 7 mil viviendas y lotes. El Estado asumió el control de las empresas y empezó a entregar títulos de dominio de viviendas y lotes ubicados en repartos populares”.

Entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990, la dictadura de Daniel Ortega aprobó varias leyes para legalizar las propiedades confiscadas y beneficiar a miles de militantes sandinistas, principalmente al núcleo de poder alrededor de Daniel Ortega.

A esa monumental etapa de corrupción se le denominó “la Piñata” y creó una nueva casta de millonarios sandinistas entre quienes figuraron Bayardo Arce, Tomás Borge, Humberto Ortega, Daniel Ortega, Rafael Solís y decenas de militares, jefes policiales, agentes de inteligencia, sindicalistas, productores y funcionarios de todo tipo.

El monto de las indemnizaciones que luego tuvo que asumir como deuda pública el nuevo gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, ascendía en 1995 a 1,250 millones de dólares y a cerca de 1,900 millones de dólares en 2002 cuando asumió el presidente Enrique Bolaños.

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La era de Arnoldo Alemán

Al salir del poder en 1990, los sandinistas dejaron al país en bancarrota, con una deuda de más de 17,000 millones de dólares y miles de millones de deuda interna para indemnizar a las víctimas de las confiscaciones sandinistas.

El historiador y analista político, Enrique Sáenz, recuerda que entre 1990 y 2006, la corrupción en Nicaragua se caracterizó por la falta de transparencia en la privatización de las empresas públicas, que se remataron a precios inferiores del valor real de mercado, con tráfico de influencia, coimas, competencia desleal y otros males.

Además la época se caracterizó por la quiebra bancaria de diversas instituciones financieras mediante esquemas de corrupción, estafas, subvaloración de carteras de recuperación, emisión de bonos en condiciones desfavorables para el Estado, prendas fantasmas o subvaloradas para créditos millonarios y más anomalías administrativas y gerenciales.

Sáenz recuerda que la administración de Arnoldo Alemán (1997-2002) y su cúpula del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fue particularmente corrupta con una visión “del Estado Botín”.

Durante este período, de acuerdo con Sáenz, se usó información privilegiada para hacer negocios privados con ventaja; se abusó de los cargos de poder para sacar beneficios de las instituciones públicas, asi como la obtención de “libres” o exenciones de impuestos para las compras de vehículos y bienes de lujo para uso particular.

“Es famosa aquella frase popular que definía la corrupción de Alemán: ‘roba, pero hace’. Ya que Arnoldo hizo popular aquel slogan de ‘obras, no palabras’ para inaugurar sus rotondas y proyectos, pero detrás de cada obra había corrupción verificable por los medios de comunicación y las instituciones de contrapeso, que sí existían en Nicaragua”, dice Sáenz.

El analista recuerda que la corrupción en esa época se manifestó también a partir del despilfarro de los fondos públicos en banquetes, francachelas y viajes de turismo. “Arnoldo Alemán pagaba hasta las joyas de su novia con una tarjeta de crédito del Banco Central”, recuerda Sáenz.

A la par, recursos del Estado eran desviados a las fincas y propiedades de los funcionarios de Alemán y sus familias: carreteras, caminos, pozos, instalaciones eléctricas, arborización, créditos, préstamos, libres de impuestos y más anomalías eran denunciadas por toneladas por los medios de comunicación.

El clímax de aquella escandalosa corrupción, que salpicó a policías, militares, empresarios, funcionarios públicos y hasta líderes religiosos, ocurrió a partir de la tragedia del huracán Mitch en 1998, que destruyó Nicaragua y provocó miles de muertos.

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Personajes oscuros y falsos héroes

La ayuda humanitaria internacional, que se volcó a manos llenas a Nicaragua, sirvió para el enriquecimiento de funcionarios de Alemán, como el tristemente célebre exdirector general de Ingresos, Byron Jerez, quien se construyó un palacete en el mar con fondos de la cooperación.

A la par, se descubrieron desvíos de fondos mediante un complejo entramado de cuentas bancarias dentro y fuera de Nicaragua que finalmente convergían en una cuenta madre que alimentaba con dietas, sobornos, comisiones, coimas y compras de bienes suntuosos a Alemán y su cúpula de funcionarios y familiares, estimados en 1,000 millones de dólares en el año 2003 por el ex procurador general de la República, Alberto Novoa.

Luis Galeano, periodista investigador de la época, hoy exiliado, recuerda que en aquella época los periodistas podían ejercer su trabajo sin riesgos de terminar presos, baleados o exiliados, como ocurre hoy con Ortega.

Recuerda, por ejemplo, que las instituciones públicas abrían las puertas a los medios para pedir información, entrevistas a los funcionarios señalados, había conferencias de prensa y existían funcionarios que podían declarar, brindar información y filtrar documentos relevantes.

El periodista recuerda el papel clave que jugó entonces la Contraloría General de la República, en aquella lucha contra la corrupción, ya que había fiscalizadores que investigaban y denunciaban la corrupción pública galopante de la época.

Por entonces surgió como figura relevante contra la corrupción el entonces contralor Luis Ángel Montenegro Espinoza, quien enfrentaba directamente a Alemán y sus desmanes en el caso de corrupción bautizado como “la Huaca”.

Tan relevante fue su papel que en 2002 el Departamento de Estado de Estados Unidos lo invitó como funcionario VIP (Very Important People) al programa de Visitantes Internacionales a Washington, donde visitó incluso la Casa Blanca y el Congreso para conocer de primera mano las leyes y prácticas anticorrupción de Estados Unidos.

Sin embargo, 22 años después de aquel suceso, el excontralor Montenegro, hoy superintendente de Bancos, se encuentra desvisado y sancionado por Estados Unidos por complicidad en la violación de derechos humanos y corrupción en favor de la dictadura de Ortega Murillo.

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El retorno de Ortega

Una vez en el poder, en 2007, lo primero que hizo Ortega, recuerda Galeano, fue declararle la guerra a los medios de comunicación mediante una política de comunicación que clasificó a los medios oficialistas como “sus medios” y a los demás como “medios contaminados”.

Con ello iniciaba la censura hacia la prensa que denunciaba los actos de corrupción pública.

Peraza agrega que además Ortega demolió todo el sistema de transparencia y probidad que con mucho esfuerzo había instalado Bolaños; acabó con las oficinas de Probidad en las instituciones, anuló las leyes de transparencia, cerró las oficinas de Acceso a la Información Pública y anuló el acceso público al sistema digital de compras y adquisiciones del Estado.

Luego, empezó a consolidar un sistema de control político absoluto que eliminó todo contrapeso y fiscalización social: confiscó y cerró medios de comunicación; cerró ONG, ahogó a instituciones de fiscalización, alineó a los empresarios privados a su proyecto, expulsó a periodistas y activistas de derechos humanos, mientras se apropiaba de los proyectos de cooperación petrolera con Venezuela.

A este punto, según Sáenz, la familia Ortega Murillo ha creado un esquema de corrupción absoluto con un control total sobre el Estado y la sociedad que nunca alcanzaron los Somoza, apalancando leyes para su beneficio y con el respaldo de los militares y policías, que además participan de los negocios turbios de la familia.

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El Estado mafioso

Saénz lo bautizó como “el Estado Mafioso”. Él lo caracteriza como un grupo consolidado que ejerce control sobre todos los espacios públicos para acumular riqueza, garantizar impunidad y perpetuarse en el poder.

Para Sáenz, uno de los elementos centrales del régimen es la corrupción institucionalizada: “Utilizan las leyes como herramienta, el aparato estatal ha legalizado la apropiación de recursos públicos, desvirtuando el marco jurídico para propio beneficio de una camarilla familiar y partidaria”, dice.

Un caso emblemático de la corrupción a gran escala es la apropiación de más de 5 mil millones de dólares provenientes de la cooperación petrolera venezolana.

A través de mecanismos como Albanisa y sus empresas subsidiarias, estos recursos han sido utilizados para enriquecer a la élite en el poder, ejemplificando el desvío sistemático de fondos públicos, anota Sáenz.

Estas empresas y sus subsidiarias operan para garantizar beneficios personales a la familia Ortega Murillo, apoyadas por una compleja red de testaferros que facilitan la realización de transacciones opacas y el ocultamiento de propiedades y bienes, resalta el analista.

Solo con el cierre de Bancorp, después de las sanciones de Estados Unidos en 2019, la familia quedó en el aire con una cartera de más de 3,000 millones de dólares que quiso lavar a través de la creación de un banco estatal mediante una ley de la Asamblea Nacional dominada por la familia Ortega Murillo.

Estados Unidos, con una sanción adelantada, frenó ese nuevo banco y el dinero fue movido a través de una nueva red de empresas, financieras e inversiones con testaferros en negocios de todo tipo: tiendas de tecnologías, restaurantes, propiedades y bienes raíces, producción agrícola, energías, comercios, minería, ganadería, extracción de madera, etcétera.

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Sanciones a granel

De hecho, nunca Nicaragua había sido tan sancionada por actos de corrupción por Estados Unidos y Europa: la mayoría de los hijos de Ortega Murillo están castigados por participar en el saqueo, manejando empresas de publicidad, de importaciones, exportaciones, minería, electricidad, industria, turismo, ganadería, madera, comercio, transacciones financieras, tecnologías, eventos deportivos, cultura…

A la vez, según Sáenz, el régimen recurre a la extorsión fiscal contra las empresas privadas y la imposición de impuestos indirectos como herramientas para aumentar su control económico: empresa que se niegue, se le cierra, se le confisca y sus propietarios van presos o exiliados.

Para Peraza, la familia Ortega-Murillo ha establecido un mecanismo de captura del Estado que nunca se había establecido en Nicaragua y que opera en cuatro vertientes principales: uso de organismos estatales para beneficio propio; la confiscación de bienes supuestamente bajo el amparo de la ley; intimidación mediante el uso de la fuerza, las leyes a su favor y las amenazas de cárcel, muerte o exilio; así como el aprovechamiento de los ingresos fiscales para sostener un sistema cleptocrático de premios para sus aliados.

Incluso la dictadura había montado un esquema de negocios con la migración internacional que consistía en el uso del aeropuerto internacional de Managua, puestos fronterizos y puertos marítimos para permitir el ingreso de migrantes que iban a Estados Unidos, país cuya Administración ha sancionado tanto a funcionarios internacionales como nicaragüenses para quebrar ese esquema de tráfico de personas.

Peraza dice que, debido a la ausencia de datos y el control represivo de la información, es difícil de momento cuantificar o estimar las dimensiones de la corrupción actual, pero que basado en el control social y político de la familia Ortega Murillo, nunca la corrupción estatal había estado tan blindada y arraigada como ahora.

“Lo que se conoce de los negocios sucios de los Ortega Murillo es apenas la punta del iceberg de la corrupción. A como se le descubrió a los Somoza y Alemán, en su momento, también la corrupción de hoy saldrá a flote. Tarde o temprano”, advierte.