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La muerte de Jennypher Reyes Castro, la mujer de 23 años que perdió la vida en una cirugía de belleza, ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión ya cotidiana en Nicaragua: los casos de familias denunciando que un paciente murió después de entrar a un quirófano o a una clínica.
Desde jóvenes que murieron buscando un mejor aspecto físico, hasta tráfico de órganos y denuncias de indolencia han manchado la principal función de los galenos: curar y salvar vidas.
Aunque en el lenguaje cotidiano se les llama “negligencias médicas”, en los hospitales, clínicas y tribunales suele utilizarse una expresión más técnica: “mala praxis” o “errores médicos”.
El ejemplo de David Páramo
Las denuncias por presuntas negligencias médicas son relativamente frecuentes, pero las condenas judiciales, en cambio, son extraordinariamente escasas.
Por eso el nombre del cirujano plástico David Páramo sigue apareciendo cada vez que surge un nuevo escándalo relacionado con procedimientos estéticos.
Su caso se convirtió en referencia porque representó uno de los pocos ejemplos en los que un médico pagó penalmente por hechos ocurridos durante el ejercicio de su profesión.
La investigación judicial se originó a partir de la muerte de Lizandra Jarquín, una joven sometida en 2016 a una liposucción y aumento de glúteos.
Tras la intervención sufrió una hemorragia, una embolia cerebral y varios paros cardiorrespiratorios que terminaron provocándole la muerte.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que se había practicado una megaliposucción que no estaba indicada para las condiciones físicas de la paciente, a quien se le extrajo una cantidad de grasa superior a los límites recomendados por estándares internacionales.
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LA PRENSA / ARCHIVO
Le devolvieron el bisturí
Los peritajes concluyeron que existió una violación del deber de cuidado exigido a un especialista.
La investigación también incluyó el caso de Allison Molina, quien sufrió lesiones durante una cirugía de aumento de senos bajo el bisturí del mismo doctor David Páramo.
El cirujano plástico recibió una condena de tres años de prisión por homicidio imprudente en la muerte de Lizandra Jarquín y otra de dos años por lesiones imprudentes en perjuicio de Allison Molina.
Sin embargo, no cumplió íntegramente la condena.
En marzo de 2018, la justicia le otorgó el beneficio de suspensión de la pena, por lo que recuperó su libertad antes de completar el tiempo establecido en la sentencia. Entre las condiciones impuestas figuraba no ejercer la medicina durante tres años y seis meses.
El 5 de noviembre de 2021, el Ministerio de Salud autorizó a Páramo ejercer la medicina, decisión que reabrió el debate sobre los controles éticos y regulatorios en el ejercicio profesional médico en Nicaragua.
El bisturí del “médico tiktoker”
Jennypher Reyes Castro murió el 27 de mayo de 2026 después de permanecer varios días en cuidados intensivos por complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada en la clínica Amate en Managua.
Según la denuncia presentada por su esposo, Kevin Molinares, la joven pagó 3.500 dólares para someterse a una lipoespalda, moldeado de cintura y transferencia de grasa a glúteos.
Tras la intervención le dieron de alta el mismo día, pero posteriormente presentó fuertes dolores, problemas respiratorios y un deterioro progresivo de salud que terminó llevándola a un hospital.
Los médicos que la atendieron después encontraron un pulmón perforado, acumulación de sangre en la cavidad torácica, embolia grasa, hemotórax e infección severa. Ninguno de esos diagnósticos logró revertirse.
La historia cobró mayor repercusión porque estalló apenas días después de que un tribunal responsabilizara al médico Livang Clifford Argüello Molina, conocido en redes sociales como “el médico tiktoker”, por las lesiones graves que sufrió otra paciente durante una cirugía estética practicada en noviembre de 2024.
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La doctora que murió como paciente
Doce años antes del caso Jennypher Reyes, otra muerte provocó un fuerte debate en el sistema de salud nicaragüense.
La diferencia es que la víctima también era médica y su muerte quedó en impunidad.
Karina Peña López falleció el 8 de abril de 2014 después de permanecer hospitalizada por una pancreatitis aguda mal diagnosticada.
Trabajaba en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota” y proyectaba iniciar una especialidad en pediatría.
Su muerte dio origen a un proceso judicial contra tres doctoras del Hospital Salud Integral: Arlen Raquel Romero Gutiérrez, María Gabriela Barrios Machado y Teresa Isabel Cuadra.
Organizaciones médicas privadas y sindicatos de salud salieron a la calle en demanda de eximir de responsabilidades a las enjuiciadas.
El juicio concluyó el 11 de octubre de 2014, después de más de veinte horas de deliberaciones a puertas cerradas.
Juez sandinista absolvió a médicos
El juez sandinista Ernesto Rodríguez resolvió declarar no culpables a las acusadas argumentando que no se había demostrado de manera indubitable su responsabilidad y que existían contradicciones dentro de los dictámenes médicos legales presentados durante el proceso.
El Ministerio de Salud había emitido tres resoluciones distintas sobre el mismo caso: uno inicial donde admitían errores; otro donde diluían las fallas y un tercero que rechazaba responsabilidades en la práctica del caso.
El fallo judicial de ese entonces provocó reacciones opuestas. Mientras decenas de médicos celebraban la absolución a las afueras del complejo judicial, la familia de Karina denunciaba que el caso quedaba impune.
Fue entonces cuando Gonzalo Carrión, entonces director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, develó una dura realidad cuando se habla de estos casos: “Una constante en las denuncias de muertes por negligencias médicas es que queden impunes en su mayoría”.
La madre de Karina, Mayra Cristina López, insistió en que se realizara una auditoría médica independiente que el Minsa siempre rechazó.
El caso terminó archivado judicialmente, pero sigue siendo uno de los expedientes más conocidos dentro del gremio médico nicaragüense.
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Un riñón y tráfico de órganos
Si el caso de Karina Peña puso bajo cuestionamiento la atención hospitalaria, la muerte de Luis Enrique Picado Tercero introdujo además sospechas relacionadas con el tráfico de órganos en Nicaragua.
Picado tenía 23 años. Era carpintero y murió en 2009 apenas dos horas después de que le extrajeran un riñón en el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños para trasplantarlo a Ryan Mattews, un ciudadano estadounidense que padecía insuficiencia renal crónica y se trataba en el Hospital Vivian Pellas.
Desde el primer momento surgieron interrogantes. Familiares y medios de comunicación comenzaron a reconstruir la historia de un joven de una familia humilde a quien, según diversas versiones, le ofrecieron trabajo y la posibilidad de obtener una visa de Estados Unidos.
Algunas informaciones incluso mencionaron la existencia de una oferta de hasta 20.000 dólares por el órgano. La familia aseguró no haber recibido dinero y afirmó que ni siquiera conocía personalmente al receptor del riñón.
La versión oficial sostuvo que se trató de una donación altruista respaldada por un acta notarial firmada por el propio Picado.
Sin embargo, médicos vinculados al caso expresaron dudas sobre las circunstancias en que se realizó el procedimiento.
Posteriormente surgieron versiones según las cuales una sutura interna relacionada con la extracción del órgano pudo haberse soltado, provocando una hemorragia masiva que derivó en un shock irreversible.
La controversia aumentó cuando se conoció que el órgano trasplantado tampoco habría funcionado adecuadamente en el receptor, quien murió pocas horas después.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos intervino de oficio y solicitó investigaciones tanto por posible negligencia médica como por eventuales delitos relacionados con tráfico de órganos. Nunca se avanzó en el caso.
Tres operaciones para una apendicitis
El expediente de Ángel Smith Rocha es diferente a los anteriores porque no comenzó en una clínica privada ni en una cirugía estética, pero terminó como los otros casos: en muerte e impunidad.
Todo comenzó con un dolor abdominal.
Según la denuncia presentada ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en septiembre de 2017, el adolescente fue llevado al Hospital Asunción de Juigalpa el 17 de julio de ese año después de sufrir un fuerte dolor de estómago.
Los médicos diagnosticaron apendicitis y procedieron a operarlo.
De acuerdo con la denuncia de familiares, el joven presentó complicaciones tras la primera intervención por una perforación en el colon. Posteriormente fue sometido a una segunda cirugía, pero empeoró y luego lo sometieron a una tercera operación de la que no salió bien.
La familia sostuvo que se opuso a que la misma médica cirujana continuara realizando los procedimientos e intentó trasladarlo a otro centro hospitalario, pero hubo presiones policiales para impedir el traslado.
En la tercera operación se le practicó una colostomía. Días después fue enviado a su casa. El 27 de agosto regresó nuevamente a consulta porque presentaba delirio, fiebre y un evidente deterioro físico. Tras varios traslados hospitalarios, los médicos detectaron un shock séptico provocado por una infección generalizada. Poco después falleció.
La denuncia también incluyó otro elemento poco común: la supuesta pérdida del expediente clínico cuando la familia solicitó que el adolescente fuera remitido a otro hospital.
El CENIDH solicitó entonces una auditoría médica para determinar las responsabilidades de los profesionales involucrados en toda la cadena de atención. Nunca hubo respuesta.
Entre tribunales y quirófanos
Para el médico exiliado José Antonio Delgado, el término “negligencia médica” está mal aplicado porque a su criterio ningún médico amanece pensando “a quien voy a matar o dejar morir hoy”.
Para él, un concepto más cercano es el de “errores médicos”, pero al margen de la semántica y en una posición más cercana a la defensa del gremio médico, él admite que las víctimas de este fenómeno son más usuales de lo que sale en los medios.
Sobre todo, después de 2021, cuando gran parte del gremio médico se exilió del país tras haber confrontado a la dictadura Ortega Murillo con sus políticas sanitarias de propagación del Covid-19.
Según Picado, las normas y protocolos de salud de Nicaragua en teoría protegen a los ciudadanos en determinados casos de mala praxis, pero que debido a la degeneración del sistema de público y estatal en general, “toda medida sobre justicia en estos casos termina en un tribunal político: si el médico es sandinista, sale libre, si no es sandinista, va preso a menos que se convierta en sapo”.
