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A partir de este 2026, la aprobación o rechazo de una obra local no se discutirá en la alcaldía de su localidad, sino a decenas de kilómetros del territorio, en una lejana oficina capitalina, donde un funcionario que ni siquiera habita en la zona decidirá qué se hace y qué no. De ahora en adelante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) gobernará los municipios a distancia. Con este nuevo esquema la autonomía municipal desapareció.
La autonomía municipal, principio que durante décadas permitió a los gobiernos locales decidir sobre su territorio, su presupuesto y sus prioridades, fue desmantelada paulatinamente. Al respecto, el politólogo y municipalista nicaragüense Silvio Prado hace con LA PRENSA el funesto recorrido que acabó con la independencia de las alcaldías.
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Alérgicos a la «autonomía»
La Real Academia Española (RAE) explica que «autonomía» es una palabra griega que indica la capacidad de regirse por normas propias. Esto hace que la «autonomía» sea un dolor de cabeza para los autoritarios, que prefieren regir e imponer sus normas a todos. Por eso su «alergia» contra la autonomía de poderes de Estado, la autonomía universitaria y, por supuesto, contra la autonomía municipal.
Daniel Ortega y Rosario Murillo no siempre fueron enemigos de la autonomía municipal; en algún momento la instrumentalizaron a su favor; por eso la respaldaron en la Constitución de 1987, que establecía en su artículo 177 que “los municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera”.
«El Frente Sandinista reconstituyó su fuerza política y electoral a partir de la autonomía municipal y de las elecciones municipales. Ellos se jactaban de que la autonomía municipal era una conquista de la Revolución y efectivamente así fue… pero solo les sirve cuando el Frente (Sandinista) está en la oposición, no en el gobierno», comenta Prado a LA PRENSA.
Autonomía municipal en la «lona»
La autonomía municipal ha recibido un golpe tras otro. En 2010, cuando Ortega y Murillo tenían solo tres años en el poder, comenzaron las primeras destituciones arbitrarias de alcaldes.
Entre 2013 y mayo de 2015, al menos 20 alcaldes sandinistas fueron removidos de sus cargos. Luego, otra ola de renuncias y destituciones silenciosas fue documentada por el observatorio Urnas Abiertas, organización que, entre enero de 2023 y octubre de 2025, registró 33 alcaldes y seis vicealcaldes destituidos.
En julio de 2024, la Asamblea Nacional eliminó el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y trasladó sus funciones a la desaparecida Procuraduría General de la República.
Posteriormente, en el 2025, el término autonomía municipal desapareció de la Constitución Política. Pero el golpe letal ocurrió la semana pasada, cuando los diputados de la Asamblea Nacional reformaron la Ley 1259, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y derogaron la Ley 502, Ley de Carrera Administrativa Municipal, para transferirle las funciones administrativas de las alcaldías a la recién creada PGJ.
La dictadura ha concentrado poder en la PGJ, la que fue creada el año pasado por órdenes de Murillo, para perseguir supuestamente a la corrupción. Sin embargo, este flagelo caracteriza a la familia gobernante, sus allegados y al partido oficialista. La institución está al mando de Wendy Morales, pero los críticos del régimen, como el exdiputado opositor Eliseo Núñez, han explicado que se trata de una figura obediente que cumple las órdenes de la dictadura.
Reforma enterró la autonomía municipal
Con la derogación de la Ley 502, Ley de Carrera Administrativa Municipal, la PGJ absorbió los bienes, el personal y la administración municipal. Esto para Prado representa el cierre de un proceso que venía en marcha desde hace años: “Esta reforma es el último ladrillo que quedaba de los escombros de la autonomía municipal”, afirmó.
Prado descompone el concepto en tres dimensiones: financiera, política y administrativa. Las dos primeras ya estaban sometidas, mientras la administrativa fue la última en caer: “La autonomía administrativa era la facultad para organizar los recursos humanos y técnicos… era la potestad de las alcaldías de organizarse y cumplir con sus funciones. Eso es lo que desapareció”, sentencia el analista.
Silvio Prado es miembro de la Red por la Democracia Local. Asegura que en los distintos estudios realizados en los últimos años, la población señaló la corrupción como un gran problema, y Rosario Murillo lo sabe. Las recientes reformas son un intento de detener la malversación en las alcaldías.
«Urge detener la robadera»
“La robadera es un hecho que se ve refrendado por la continua destitución de alcaldes, vicealcaldes y concejales en los gobiernos del Frente Sandinista… cada vez que destituyen a los alcaldes, destituyen también a los secretarios políticos, porque hay una mancuerna de la corrupción. Eso comprueba lo que la gente percibe», deduce el especialista.
El municipalista califica la corrupción dentro de las alcaldías como «brutal, (el robo) tiene alcances que desconocemos por la opacidad del régimen. Esa es la razón de fondo de las últimas reformas», aseveró.
Añade que mientras los gobiernos locales son arcas abiertas, el Estado perdió la capacidad de fiscalizarlas; por ello, las trasfiere a un órgano que regula la corrupción. “Si trasladan la gestión de los recursos humanos y de la administración interna de la alcaldía a un órgano anticorrupción es que la robadera es brutal”, enfatiza el analista. Sin embargo, duda de que la centralización sea una solución.
“Es imposible controlar (la corrupción local) desde el nivel central. Es imposible”, sostiene Prado y agrega: “Eso se arregla con procedimientos horizontales de rendición de cuenta y de fiscalización. Y eso es lo que tenía el anterior sistema municipal”.
Reformas establecieron esquema sin autonomía
El nuevo esquema, advierte, transforma la naturaleza misma de las alcaldías: “El siguiente paso es convertir a las alcaldías en oficinas deslocalizadas del gobierno central… van a ser delegaciones del gobierno central”, afirma. “Ya la obra pública no se decide localmente, sino que viene bajada del nivel central. Cosa que ya está pasando”.
Las consecuencias, según Prado, no se verán de inmediato en todos los ámbitos, pero sí en la forma en que funcionan las instituciones locales.
“Se va a notar en la rigidez de la gestión”, explica. También en la situación de los trabajadores municipales, que pierden protección laboral. “Quedan más desprotegidos… los pueden quitar y poner según los caprichos”.
El impacto también alcanza a la ciudadanía. Sin cabildos abiertos, sin auditorías sociales y sin organizaciones comunitarias activas, muchas de ellas desmanteladas en los últimos años, los espacios de control desaparecen.
“Ya no hay nada de eso. Porque no hay autogobierno”, resume Prado y añade que, frente a este escenario, la ciudadanía juega un rol fundamental de fiscalización ciudadana: “Solo te queda denunciar, documentar… nombres y apellidos. No nos podemos quedar callados”, alienta a la población.
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Prado insiste en que la autonomía municipal es un concepto que resucita: “La autonomía vuelve, siempre vuelve… está enraizada en la población”, afirma y luego concluye: “No concibo una transición hacia la democracia sin un restablecimiento de la autonomía municipal”.
