La organización de fiscalización pública Urnas Abiertas valoró que el traspaso de las funciones del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) a la Procuraduría General de la República, es resultado de la desconfianza del régimen de Daniel Ortega a sus propias instituciones y servidores públicos asignados en esas sillas municipales, en un contexto de corrupción campante, abuso del poder y tráfico de influencia en el ámbito de la administración municipal.
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«La pareja presidencial parece haber perdido la confianza en las instituciones y poderes que anteriormente ejecutaban sus órdenes políticas debido a la corrupción desenfrenada en estas entidades. En respuesta, el régimen ha optado por centralizar aún más su control, transfiriendo facultades y funciones a la Procuraduría General de la República (PGR)», valoró Urnas Abierta.
Alcaldía de Managua. LA PRENSA/Archivo
La socióloga Elvira Cuadra también valoró que la decisión del régimen Ortega-Murillo de trasladar las funciones de Inifom a la Procuraduría, revela que hay un proceso de concentración de la toma de decisiones en esa institución que está subordinada directamente a la presidencia.
«Una concentración que debilita la autonomía de otros poderes del estado como ya ocurrió antes en el caso del poder judicial cuando trasladó a la Procuraduría todos los registros públicos y también la DIRAC.
Ahora, al trasladarle las funciones de Inifom, incrementa sus niveles de control sobre los municipios y anula su autonomía», valoró Cuadra.
Todas las alcaldías son sandinistas
Todas las alcaldías del país, que en total son 153, están en manos de militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que fueron impuestos tras las votaciones sin credibilidad ni competencia de 2022.
Urnas Abiertas ha confirmado la poca transparencia en el uso de los presupuestos municipales para obras públicas y proyectos de desarrollo. Además, existen varios casos de alcaldes que contratan a sus familiares para ejercer cargos públicos en la municipalidad.
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Supuestamente las últimas destituciones de alcaldes se deben precisamente al abuso de poder y la corrupción que existe en algunas municipalidades, pero no hay manera de confirmarlo por la discrecionalidad del régimen y su negativa a dar información que debería ser del conocimiento público, como la destitución de un alcalde.
El último caso fue del alcalde de Jalapa, Eddy Enrique Gutiérrez Zavala, apartado de ese cargo y sacado del municipio tras ser detenido por la Policía orteguista.
Gutiérrez Zavala se sumó a las 12 personas que han sido destituidas de las alcaldías desde las últimas elecciones municipales.
Mientras que los ciudadanos tienen pocas oportunidades para influir en las decisiones municipales, ya que estas se toman principalmente desde el Gobierno Central.
Urnas Abiertas observó que este traspaso se da después de la creación de la Procuraduría Nacional de la Familia y la Procuraduría de las Municipalidades. El pasado 17 de abril de 2024, la Asamblea Nacional, dominada por el partido gobernante FSLN, aprobó un decreto de reformas y adiciones al reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría.
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Poco antes de la aprobación de este decreto, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció las reformas, argumentando que la PGR tiene la facultad de «crear las procuradurías que sean necesarias alrededor de la defensa del Estado», recordó Urnas Abiertas.
Además, Murillo declaró que esta instancia «fortalecerá la vigilancia y correcta ejecución de los programas y proyectos municipales financiados por el Presupuesto General de la República y los propios presupuestos de las alcaldías».
Más trabajo para la Procuraduría
Según reportes provenientes de las mismas alcaldías, las funciones del Inifom comenzaron a ser asumidas por la nueva Procuraduría de las Municipalidades antes de su cierre oficial, como por ejemplo en las últimas destituciones de autoridades municipales, lo que ha resultado en la duplicación de funciones y gastos durante tres meses.
«El hecho de que solamente se está sustituyendo la institución sin transformar el ejercicio del poder vertical, no implicará ningún beneficio para el desarrollo local o la gestión municipal, por el contrario, la nueva procuraduría será solamente un mediador y un organismo nacional para la vigilancia, a la vez que seguiremos viendo alcaldías operando las órdenes del Ejecutivo sin ejercer plenamente la autonomía municipal política, administrativa y financiera», manifiesta en su análisis Urnas Abiertas.
La Procuraduría también ha asumido tareas que anteriormente estaban a cargo de otras entidades, como la emisión de certificaciones y permisos ambientales, que solían ser responsabilidad del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), así como la gestión de todos los registros públicos y la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, que antes correspondía a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Procuraduría General está dirigida por Wendy Morales Urbina, sancionada en marzo de este año por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su complicidad en las confiscaciones ilegales de propiedades de medios de comunicación, organizaciones sociales y personas despojadas de su nacionalidad.
¿Qué hacía el Inifom?
En teoría, el Inifom era un ente descentralizado bajo la rectoría de la Presidencia de la República, encargado de brindar asesoría integral a las municipalidades para el mejor cumplimiento de sus competencias y atribuciones, así como de promover y apoyar técnicamente la elaboración de planes de desarrollo e inversión municipal.
El Inifom ha sido el mediador entre el Gobierno Central y las municipalidades tanto en aspectos técnicos como en la transmisión de órdenes políticas.
