La organización de observación electoral Urnas Abiertas reportó la destitución de tres alcaldes y un vicealcalde, tras seis meses de haber comenzado la gestión para un período de cinco años, en un contexto en que el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza el dictador Daniel Ortega, tiene control total de todas las alcaldías de Nicaragua.
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Urnas Abiertas publica un boletín semestral con información reportada por redes ciudadanas. El reporte de los primeros seis meses de 2023, denominado «Destituciones, arbitrariedad y opacidad», manifiesta que las destituciones de alcaldes se dieron bajo «total hermetismo y sin respetar los procesos administrativos», lo que «ha sido una práctica común del Gobierno central, y es una de las tantas formas en que se expresa la destrucción completa de la autonomía municipal».
Inifom ejecuta destituciones
El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) es el ejecutor de las destituciones de alcaldes y vicealcaldes. Según la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290), «Inifom es un ente administrativamente descentralizado que opera bajo la rectoría de la Presidencia», actualmente su director general es Iván Lacayo y la “codirectora” es Eliette Esquivel.
Uno de los defenestrados es el alcalde de El Tuma-La Dalia, en Matagalpa, Jaime Aráuz, quien tenía 22 años en ese cargo. Fue destituido a tan solo nueve días de haber tomado posesión, el 19 de enero de 2023. Fue reemplazado por la vicealcaldesa Francis Lucila Tórrez. Aunque él dijo que renunció por «motivos de salud».
Dos alcaldes de Matagalpa
Urnas Abiertas conoció de manera extraoficial que Aráuz enfrentaría un proceso de «investigación y auditoría» para «conocer los recursos que utilizó para adquirir los bienes que posee, entre ellos una gasolinera de la zona”. Dos días después, Aráuz en declaraciones públicas a una radio local manifestó haberse retirado del cargo “por una enfermedad cardíaca”.
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La alcaldesa de Ciudad Darío, en Matagalpa, Lesbia Treminio, también fue destituida a inicios de junio junto a su vicealcalde Donald de la Cruz Treminio por acusaciones de corrupción, nepotismo y malversación de fondos. Según fuentes periodísticas, se señala que la exalcaldesa pudo haber malversado hasta 40 millones de córdobas.
Tras su expulsión de la comuna hubo confusión sobre su paradero, debido a que fuentes locales denunciaron que Treminio había sido llevada a las instalaciones de Auxilio Judicial conocidas como el Chipote, ubicadas en Managua y posteriormente liberada. Treminio fue sustituida por la maestra y concejal sandinista, Maritza Eleonora Ruiz Matamoros, y como vicealcalde a Arsenio Rayo Flores, también concejal y férreo defensor de Ortega, según Urnas Abiertas.
Razones de salud
«Razones de salud» es uno de los argumentos más habituales de los funcionarios de Ortega que renuncian a su cargo. Ese es el caso del alcalde de Granada, Pedro Vargas, quien renunció el 9 de marzo por “razones de salud”. Una fuente del FSLN dijo que fue obligado a dejar el cargo para ser remplazado por la vicealcaldesa Rosario Caldera, quien verdaderamente llevaba las riendas de la Alcaldía, según fuentes de Urnas Abiertas.
Urnas Abiertas también manifiesta en su reporte que ha recibido de manera constantes denuncias sobre actos de corrupción cometidos en diferentes alcaldías, que incluyen malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo, entre otros. Sin embargo, la información pública de la Contraloría General de la República (CGR) demuestra que no se están siguiendo los mecanismos institucionalizados para prevenir, perseguir y castigar la corrupción.
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El organismo de observación electoral valora que «las destituciones solamente demuestran que el Gobierno central mueve a conveniencia a los operadores políticos locales, sin una verdadera vocación de defender los recursos públicos y exigir transparencia».
«De acuerdo al monitoreo realizado por Urnas Abiertas en las cuentas oficiales de las alcaldías se encontró que a lo largo de estos meses los gobiernos municipales sí han realizado ciertos proyectos como inauguración de calles, mejoramiento de centros de salud, inauguración de redes de agua, entre otros. A pesar de que se ejecutan estos proyectos, la información pública sobre el presupuesto ejecutado sigue siendo limitada, tampoco existe posibilidad para que la ciudadanía participe libremente en la gestión local, todas estas son razones que obstaculizan la auditoría social», explica el boletín.
Urnas Abiertas determinó que «la única manera en que la población puede saber qué hace su Alcaldía y cómo se financia, es con la información que publican medios oficialistas o la que quieran brindar las autoridades municipales».
