La organización de observación electoral Urnas Abiertas confirmó la falta de transparencia de las alcaldías sandinistas de Nicaragua, tras aplicar un «índice de transparencia y rendición de cuentas», elaborado con la misma información que ofrecen las instituciones públicas y las alcaldías del país.
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Nicaragua cuenta con un total de 153 municipios, donde en teoría funcionan gobiernos municipales, electos periodicamente por la ciudadanía local. Sin embargo, la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se adueñaron de todas las alcaldías municipales y gobiernos regionales, a través de la violencia política y fraudes electorales, lo que ha sido constatado por Urnas Abiertas también.
Los 153 alcaldes del país son miembros del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza el dictador Ortega, que solo esperan las órdenes desde Managua para ejecutar acciones y proyectos municipales, lo que significa que no tienen autonomía en su gestión.
Elaboración del índice
Para la elaboración del índice municipal, Urnas Abiertas hizo una revisión de la información suministrada por las municipalidades, informes de la Contraloría General de la República (CGR) y también realizó encuestas a personas relacionadas con la gestión municipal en 143 municipios.
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El índice municipal tiene una valoración de cero a 100, donde cero significa ninguna información y 100 significa suficiente información. El resultado para los municipios de Nicaragua fue de 28.75.
Según Urnas Abiertas, este resultado «denota la poca transparencia que impera en Nicaragua con respecto a la información pública sobre la cantidad y uso de los presupuestos municipales para obras públicas y proyectos de desarrollo».
Leyes son «mera formalidad»
El organismo de información electoral explica que a pesar de que Nicaragua cuenta con un marco normativo bastante completo con respecto a la transparencia y probidad de los recursos públicos, entre estos la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621) y la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario (Ley 550), «este marco normativo ha funcionado como una mera formalidad, ya que el gobierno del FSLN se ha caracterizado por ser reacio a la rendición de cuentas y a la transparencia en su gestión pública».
Los resultados generales del estudio también muestran que la gran mayoría de las personas consultadas creen que la población tiene poco margen de incidencia en las decisiones de los gobiernos locales. Para Urnas Abiertas eso significa que «la falta de transparencia demuestra una relación directa con el grado de corrupción en la administración municipal».
Según los datos de la Contraloría General, la corrupción entre 2015 y 2020 significa un perjuicio económico hacia las alcaldías –por las responsabilidades civiles, administrativas y presunción penales– de aproximadamente 50.75 millones de córdobas (poco menos de millón y medio de dólares).
Urnas Abiertas destacó que su informe coincide y complementa los índices sobre transparencia y participación ciudadana en la gestión municipal, como son los índices elaborados por International Budget Partnership (IBP) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se subraya que, en ambos índices mencionados, Nicaragua se destaca por no alcanzar los índices mínimos de transparencia en la política fiscal.
