El Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por funcionarios orteguistas, otorgó el control total de los gobiernos de las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en las votaciones regionales que se realizaron este 3 de marzo.
En su informe final, con el 99.20 por ciento de las juntas escrutadas, el CSE otorgó un 88.95 por ciento de los votos al FSLN, con los que se asegura el control total de los consejos regionales del Caribe Norte y Sur de Nicaragua, enterrando así la autonomía de esta región. Cabe mencionar que en el informe preliminar con el 57.66 por ciento de las juntas escrutadas, el CSE había adjudicado el 89.86 por ciento de los votos al FSLN.
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El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció que los comicios regionales estuvieron marcados por el abstencionismo, la coacción del voto y la violencia política. De hecho indicó que hubo solo 13.28 por ciento de participación y abstención del 86.72 por ciento.
Las elecciones regionales de este año se realizaron en medio de la persecución política y sin la participación del partido regional indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa Organización de los Hijos de la Madre Tierra) cuyos dirigentes, Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, permanecen encarcelados desde hace más de cuatro meses.
Minoría de votos a los cuatro partidos cómplices
De acuerdo a Brenda Rocha, magistrada presidente del CSE, el FSLN obtuvo 147,762 votos válidos, equivalente del 88.95 por ciento.
La boleta electoral estuvo dominada por el FSLN y sus últimos cuatro partidos colaboracionistas desde el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alianza por la República (Apre) y el Partido Liberal Independiente (PLI), a quienes el CSE otorgó la minoría de los votos.
Al PLC le adjudicó 13,011 votos, equivalentes al 7.83 por ciento; ALN 3,045 votos, es decir el 1.83 por ciento; Apre 1,024 votos, equivalentes al 0.62 por ciento y el PLI 1,269 votos, es decir 0.76 por ciento.
De acuerdo con el informe, en total fueron 745 Juntas Receptoras de Votos (JRV) las que fueron escrutadas.
En votos totales indican que fueron 171,208 votos, de los cuales 166,111 son válidos y solo 5,097 nulos.
El CSE sostiene que hubo un 48.31 por ciento de participación ciudadana, dato que distan de lo que Urnas Abiertas reportó.
«El dato de 48 por ciento del CSE no responde al flujo de votantes que se observó durante la jornada», dijo el Observatorio Ciudadano.
Coacción de los votos
El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas apuntó que en las últimas horas de la votación se reportó que ante la baja afluencia de votantes, el FSLN intensificó la estrategia de coacción del voto, lo que incluyó entrega de códigos, amenazas o presión a trabajadores del Estado.
En cuanto a la entrega de códigos, el observatorio indicó que se reportaron en ocho municipios: Kukra Hill, Corn Island, Bluefields, Siuna, Desembocadura de Río Grande, Waspam, Paiwas y Prinzapolka.
«En los barrios y comunidades se movilizaron a adultos mayores mediante medios de transporte de instituciones públicas o pagos a transportistas. Se reportó que las personas movilizadas fueron amenazadas con quitarles la pensión», denunció Urnas Abiertas, quien desplegó a más de 200 personas observadoras en 160 JRV y 15 municipios.
Asimismo indicó que en los 15 municipios se reportó el uso de medios de transporte del Estado para movilizar a los votantes del FSLN, donde las mismas instituciones estuvieron involucradas, encabezadas por la Policía Nacional, Ministerio de Salud (Minsa), Bomberos, Ministerio de Educación, gobiernos comunales y territoriales, las alcaldías de los 14 municipios.
«Los trabajadores de salud son un grupo que destaca entre las víctimas de persecución y presión del FSLN para acudir a votar, como son los mensajes enviados por autoridades del Minsa a los trabajadores de la salud del Policlínico de Puerto Cabezas. Asimismo, se ha hecho manifiesto el traslado de enfermeras y enfermeros para obligarles a votar», reportó el Observatorio Ciudadano.
Imperó la violencia política
Urnas Abiertas denunció que a medida que avanzó la jornada se acentuó la violencia política, tanto para coaccionar el voto como para intimidar a personas percibidas como opositoras.
Los reportes ciudadanos hacen referencia al aumento de la presencia de paramilitares en Bluefields, en los barrios Punta Fría, El Canal y El Central; movilización de paraestatales de Bluefields para controlar el proceso de votación en El Tortuguero; detenciones arbitrarias, y amenazas a fiscales liberales para evitar que desempeñen sus funciones.
También patrullaje policial en Bluefields y Puerto Cabezas; prohibición de ingreso a Centros de Votación (CV) a personas percibidas como opositores; policías armados dentro de los recintos de votación; asedio policial afuera de los CV y en viviendas de personas opositoras; amenazas a comunitarios para evitar que llamaran al «NO voto».
Asimismo, se reportaron agresiones físicas a comunitarios; requisa de antimotines a jóvenes antes de ingresar al CV; asedio e intimidación de militantes sandinistas en puestos de control ubicados fuera de los CV y amenazas a personas que exigieron que revisaran la razón por la que no aparecían en el Padrón.
