Defensores de derechos humanos y víctimas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la audiencia pública “Privación arbitraria de libertad por motivos políticos en Nicaragua”, del 189 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciaron el empeoramiento de la situación de las más de 120 personas presas políticas que mantiene el orteguismo en las diferentes cárceles del país.
La audiencia pública fue moderada por la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, y en representación de la sociedad civil de Nicaragua estuvieron: Carlos Quezada, director de Raza e Igualdad; Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica; Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más; Eveling Pinto, excarcelada y desterrada por la dictadura orteguista; Tininiska Rivera, exiliada e hija del exdiputado, preso y desaparecido político Brooklyn Rivera, y Claudia Paz y Paz, directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia (Cejil).
Tininiska Rivera, hija del preso político Brooklyn Rivera, denunció la persecución que como familia han sufrido de parte del orteguismo, resaltando que su padre, desde 19 de abril de 2023, antes de la captura arbitraria e ilegal en su contra, fue privado de retornar de forma regular a Nicaragua, luego de participar en un foro de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, lo cual lo obligó a regresar a su país de forma irregular vía terrestre desde Honduras.
Tres desapariciones forzadas ordenadas por el orteguismo
“El 29 de septiembre de 2023 llegaron a la casa de mi padre tres camionetas de la Policía, con alrededor de 60 policías, entraron forzando las puertas, sin orden de detención ni de allanamiento, y se lo llevaron”, denunció Rivera, remarcando que después de más de 150 días desde la detención no conoce el paradero de su padre, por lo que “está en situación de desaparición forzada”.
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“Por informaciones no oficiales, facilitadas por comunitarios miskitos, conocimos que se llevaron a mi padre en helicóptero a Managua y desde entonces se desconoce su paradero, y desde ese día intentamos encontrarlo, pero no obtuvimos ninguna información sobre su situación. La Policía únicamente dice que eso está en manos de la Presidencia de la República de Nicaragua. Hemos buscado en las estaciones de Policía y nos dijeron que no buscáramos más porque de lo contrario detendrían a todo el que llegara a preguntar por él”, agregó.
El líder indígena, desaparecido político, fundador del partido Yatama, es diabético, hipertenso y recientemente fue sometido a una cirugía que lo obliga a consumir una dieta especial, según declaraciones de su hija ante la CIDH.
Tininiska Rivera, quien tuvo que exiliarse tras la captura de su padre, sufrió despido arbitrario, cierre de sus cuentas bancarias y negación de atención en salud en Nicaragua, resaltó que su exigencia es, primeramente, saber cuál es el paradero de su padre y que le devuelvan a él y a todas las personas encarceladas por motivos políticas su libertad sin condiciones.
La abogada Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), detalló que en el país, además de Rivera, hay otras dos personas que se encuentran en situación de desaparición forzada por el ocultamiento de su paradero: Freddy Quezada y Carlos Bojorge.
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“Los agentes penitenciarios le dijeron a la familia de Carlos Bojorge que lo fueran a buscar a la morgue, con la intención de mantener bajo zozobra a la familia”, denunció Salazar.
Además explicó que las situaciones de desaparición forzada se identifican como un agravamiento, pues, aunque no son prácticas nuevas, “antes se habían ejecutado por periodos inferiores a 90 días —contados a partir de la fecha de arresto—, pero en la actualidad hemos constatado un prolongamiento de esta situación de hasta 150 días sin constatar el paradero o una constancia de vida de las personas bajo esta situación”.
Agravamiento de la situación de los presos políticos
Adicional a eso, señaló que desde el último semestre de 2023 han confirmado que “las personas detenidas arbitrariamente son trasladadas casi inmediatamente de sus casas hacia el Sistema Penitenciario, sin haberse presentado de previo formal acusación en su contra, donde son sometidos a interrogatorios y torturas, con participación coordinada entre interrogadores del Sistema Penitenciario y Policía”.
Resaltó que se han incrementado los “obstáculos para ejercer la defensa adecuada e integral”, “se realizan audiencias a través de videoconferencia” y se ha retomado la práctica de imponer “tipos penales de delincuencia común para criminalizar a personas por razones políticas, tales como el tráfico de estupefacientes, robo agravado, repitiendo el patrón del que se valieron entre los años 2019 y 2020, para implantar el discurso estatal de que los presos políticos son unos delincuentes”.
El abogado y defensor Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, apuntó que “las condiciones en las que se encuentran las personas presas políticas han empeorado, tanto en la etapa previa al internamiento como durante su detención, ello debido a que el régimen busca infringir actos de tortura física y psicológica en estas personas”.
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Denunció que muchas de las personas presas políticas sufren “aislamiento y traslado de celdas de reclusión diferenciada o de máxima seguridad”, lo cual, apuntó, es ejecutado “especialmente contra las mujeres”.
Aseveró que “la estructura de los centros de detención sigue siendo de alta preocupación por no cumplir con las garantías mínimas de salubridad y seguridad”, señalando que identificaron “35 centros penitenciarios, 8 centros de detención clandestinos o irregulares, y 8 establecimientos penitenciarios, durante estos seis años, donde se han cometido frecuentemente actos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
El defensor advirtió que luego de la excarcelación y destierro del grupo de las 222 personas, en febrero de 2023, “la práctica de tortura física se incrementó, volviéndose a reportar choques eléctricos en las plantas de los pies, interrogatorios intensos, encierros a bajas temperaturas estando desnudos, golpizas, algunos casos han sido trasladados a centros hospitalarios sin informarle a sus familiares”.
Destierro impuesto por el orteguismo “es doloroso”
La defensora Eveling Pinto, excarcelada política y desterrada por la dictadura orteguista en el grupo de los 222 desterrados, testificó ante la CIDH la “terrible experiencia” que sufrió durante 15 meses en los que estuvo encarcelada siendo inocente y lo que significó ser declarada apátrida por el orteguismo.
“La dictadura cambió nuestro encarcelamiento por el destierro y la apatridia. Si la cárcel fue una terrible experiencia, esta nueva situación es profundamente dolorosa, me arrancaron de mi hogar, mi familia, mis amigos, mi tierra natal”, denunció.
Explicó que el destierro también significó que la despojaran de su jubilación de vejez y, tras cumplir 65 años, ahora debe sobrevivir de un trabajo en línea de ocho horas a la semana, que le permite pagar un seguro médico y necesidades básicas.
“En el grupo de los 222 al menos 36 somos adultos mayores, que tenemos dificultades para conseguir empleos. Una persona del grupo está en lista de espera para trasplante de riñón. Vivimos una libertad limitada, no todos logramos el disfrute de nuestros derechos básicos”, apuntó.
Urgen apoyo de la comunidad internacional
Claudia Paz y Paz, directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia (Cejil), expresó ante los representantes de la CIDH que como representación de la sociedad civil de Nicaragua urgían que “continúe su labor de monitoreo, prestando especial atención a las personas presas políticas” e “inste a Nicaragua —mediante todos los mecanismos a su disposición— a cesar la criminalización y persecución política, y liberar a todas las personas presas políticas sin limitar sus derechos ni los de sus familiares”.
También, solicitaron a la CIDH que continúe “con el tratamiento prioritario de los casos y medidas de protección relativas a Nicaragua” y valore “una visita a Costa Rica, del comisionado relator para Nicaragua, con el fin de mantener actualizada la situación de las personas defensoras, periodistas, desnacionalizadas, perseguidas que residen en ese país”.
Paz y Paz resaltó que también hacían un llamado a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) “para que continúe ejerciendo acciones para rendición de cuentas y fiscalización de Nicaragua, priorizando la libertad de las personas presas políticas”, y “a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional, que condicionen el otorgamiento de créditos, financiamiento y cualquier tipo de colaboración con Nicaragua al efectivo cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
La CIDH, al conocer la situación expresada por la sociedad civil nicaragüense, “rechazó la persistencia de la criminalización de la disidencia” y se unió al llamado por “la liberación inmediata de las personas privadas arbitrariamente de la libertad”, solicitando a los Estados miembros, a la cooperación internacional, apoyar dicha causa.