La Asamblea Nacional de la dictadura de Daniel Ortega aprobó por unanimidad la derogación de la Ley orgánica del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y a la vez pasó las funciones de esa entidad a la Procuraduría para las Municipalidades de la Procuraduría General de la República (PGR).
«La Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría para las Municipalidades, asumirá las competencias para el fortalecimiento de la administración municipal, relativas a las finanzas municipales, asesoría legal e inversiones; y la asesoría, acompañamiento, planificación, seguimiento y evaluación en la implementación de estrategias municipales…», manifiesta el artículo 2 de la Ley de derogación.
También establece que «todo el patrimonio, bienes muebles e inmuebles que a la fecha pertenezcan al Inifom son propiedad del Estado y serán administrados por la Procuraduría General de la República».
El Inifom fue creado por ley como una entidad de fomento y apoyo del Gobierno Central a los municipios. Se estableció bajo la rectoría de la Presidencia de la República. La Ley orgánica del Inifom fue aprobada en el año 2000, bajo el gobierno de Arnoldo Alemán.
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Bajo la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, las autoridades del Inifom estuvieron a cargo de la defenestración de alcaldes electos cuando las alcaldías aún tenían algo de autonomía.
Actualmente todas las alcaldías del país, que en total son 153, están dirigidas por militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que fueron impuestos tras las votaciones sin credibilidad ni competencia de 2022.
La ley de derogación fue enviada el pasado 9 de julio, pero hasta este viernes 12 de julio fue aprobada por la Asamblea, una más de las instituciones bajo el control del orteguismo.
