El régimen de Daniel Ortega está quedando en evidencia su papel complaciente en la destrucción y toma de la Hacienda Santa Fe, donde el inversionista estadounidense Riverside Coffee LLC tenía plantaciones de aguante, nogal y otras siembras, así como otros bienes, por el orden de casi 700 millones de dólares. Unos 350 paramilitares las destruyeron, según se reveló durante el maratónico juicio de arbitraje que se desarrolla en el Centro Internacional de Solución de Controversias sobre Inversiones (Ciadi), en Washington.
Durante más de tres horas, Cristina Cárdenas, abogada de Riverside Coffee, hizo un duro y minucioso cuestionamiento sobre los procedimientos adoptados por el Estado de Nicaragua durante y posterior a la toma de la hacienda por parte de paramilitares y simpatizantes sandinistas, que derivó posteriormente en una orden judicial para que la Procuraduría de la República se convirtiera en depositaria legal de la hacienda en el 2021.
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Admite obligación, pero no la cumplieron
Fue Diana Gutiérrez Rizo, abogada del Estado y quien durante 17 años ha servido en las filas del Frente Sandinista, la encargada de dar la cara ante un tribunal de arbitraje que da seguimiento al juicio contra el Estado de Nicaragua y que se extenderá hasta el 12 de julio, tras varios años de preparación del mismo.
Cárdenas cuestionó que pese a que el administrador de la finca notificó la toma de la propiedad y pidió a la Policía Nacional ayuda para sacar a los invasores, estos no ayudaron a proteger la inversión, obligación que está contemplada en las normas internacionales para el caso de la inversión extranjera.
Gutiérrez, quien aceptó que el Estado de Nicaragua debía cumplir con esa obligación internacional, en reiteradas ocasiones justificó que la Policía no podía hacer nada debido a dos razones: Daniel Ortega ordenó a los agentes policiales permanecer acuartelados a nivel nacional en el contexto de las protestas en el 2018; y segundo, por los tranques.
Alega que Ortega ordenó desalojo
La procuradora general de la delegación de Jinotega reveló que en agosto de 2018, después de reunirse con los invasores de la finca, Ortega ordenó les ordenó que los desalojaran pacíficamente de la Hacienda Santa Fe y los reubicaran en otras propiedades. No obstante, Gutiérrez no presentó pruebas de que existiera esa orden y dijo que todo fue verbal.
Sin presentar pruebas, la personera del régimen dijo que tras la reunión con los invasores, estos supuestamente salieron voluntariamente de la finca. No obstante, admitió que nunca le notificaron a los dueños de la finca (en este caso a Inversiones Agropecuarias SA, Inagrosa) que ya podían tomar posesión de la misma.
Aunque Gutiérrez en horas tempranas manifestó que pro seguridad, la Policía no actuó al momento de la toma, ya que había una gran cantidad de gente armada en la finca; más tarde, cuando la interrogó la abogada contratada por el Estado de Nicaragua, dijo que la Policía no desalojó a los invasores de la finca sino que les ofrecieron un catálogo de propiedades porque eran familias, mujeres y niños.
Inventaron direcciones
A lo largo del interrogatorio, la procuradora dejó en evidencia que el Estado de Nicaragua nunca mostró interés en ponerse en contacto con los dueños de la Hacienda Santa Fe (que en este caso es Inagrosa) o Riverside (dueña de gran parte de la inversión), para informarles sobre el proceso de desalojo y devolución de la misma.
Tal era el desinterés del Estado de Nicaragua que la representante de Riverside mostró varios documentos legales emitidos y avalados por la Procuraduría, con direcciones inventadas e incoherentes, al punto que ubicaban las oficinas del inversionista en California, cuando realmente están en Colorado.
Eran tales las incoherencias, que en los documentos se dice que Colorado es una ciudad de California, cuando en realidad ambos forman parte de los 50 estados que conforman Estados Unidos.
La funcionaria del régimen de Ortega admitió que hubo muy poco esfuerzo por contactar a los dueños de la finca y de la inversión, pese a que estaban claros que la esta pertenecía a Inagrosa y que el administrador de la misma era el ingeniero Luis Gutiérrez, pero dijo que este no estaba legalmente registrado en ese cargo.
Tampoco notificaron intervención de la finca
La procuradora Gutiérrez, quien admitió que en el momento de la toma ella era la delegada en Estelí y no en Jinotega, que cubre la jurisdicción de San Rafael del Norte donde está la finca, también reconoció que tampoco se le notificó directamente a los dueños de la finca el proceso de intervención de la misma en el 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró a la Procuraduría como depositaria de la hacienda de cara al juicio que Riverside emprendió contra el Estado de Nicaragua.
Ella adujo que no tenían forma de llegar a los propietarios, pese a que la abogada de Riverside durante el proceso de interrogatorio le mostró documentos legales donde se decía que las oficinas de Riverside en Nicaragua estaban en Managua, en la sede de Inagrosa.
La funcionaria, visiblemente acorralada por el interrogatorio, expresó que para eso el sistema judicial tiene un acceso en línea para que los abogados revisen cómo van los juicios, a lo que Cárdenas le replicó que cómo se iban a enterar los letrados de la empresa que había un proceso emprendido por la Procuraduría para tomar el bien como depositario si nunca fueron notificados del mismo. Además le recordó que en derecho es obligación siempre notificar a la parte afectada de un proceso.
Niega interés de expropiar la finca
La delegada del régimen de Ortega dijo que el Estado de Nicaragua no ha tenido interés en apropiarse de la finca y que lo único que han hecho es resguardarla, al punto que han contratado una empresa privada de seguridad a la que han pagado 800 mil dólares desde el 2021. No obstante, Cárdenas le presentó documentos donde aparece el Estado como propietario de la finca.
Pero además, Cárdenas recordó que en derecho cuando se solicita a un juez declarar a un depositorio, no se puede dar esa figura a las partes involucradas en un juicio, como es el caso del Estado de Nicaragua, que está siendo demandado. La procuradora orteguista admitió que no se buscó a otro depositario y se le dio directamente a la Procuraduría.
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¿Recibían órdenes del diputado Castro?
Otro elemento que salió a luz en la audiencia es que los invasores dijeron que el diputado Edwin Castro les había ordenado mantenerse en la zona, algo que la funcionaria del régimen refirió que en hechos como estos la gente suele mencionar a personalidades, pero que no le constaba que eso fuera verdad.
La demanda la interpusieron contra el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) 2 de abril de 2021. Tras un largo proceso de preparación e intercambio de información, el equipo legal, tanto del régimen de Ortega como de Riverside Coffee, este 1 de julio empezaron las audiencias que arrancan desde las 9:00 de la mañana y se extiende hasta las 6:00 p.m.
Durante el proceso, se espera que asistan testigos y peritos sobre el hecho, así como las declaraciones finales de los demandantes y demandados. Al final de la audiencia, el Tribunal de tres miembros hará sus observaciones finales, según se lee en el documento que explica el calendario del proceso.