14
días
han pasado desde el robo de nuestras instalaciones. No nos rendimos, seguimos comprometidos con informarte.
SUSCRIBITE PARA QUE PODAMOS SEGUIR INFORMANDO.
Juicio por inversión de Riverside

Comisionado general Marvin Antonio Castro Orozco, jefe de la Policía de Jinotega brinda su testimonio en el juicio que Riverside Coffee LLC. sigue contra Nicaragua. Foto captura de pantalla

Involucran al diputado Edwin Castro en la destrucción de inversión de empresa de EE. UU.

Estados Unidos negó visa a jefe de la Policía de Jinotega para que viajara a ese país como testigo en maratónico juicio que se le sigue al Estado de Nicaragua por destrucción de inversión millonaria

En una maratónica jornada de interrogatorios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Referidas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, dos agentes de la Policía de Nicaragua, trataron de justificar la inoperancia de la institución, cuando los propietarios y empleados de la finca Santa Fe, ubicada en San Rafael del Norte, les pidieron evitar la toma y destrucción de unas plantaciones de aguacate y bosques de madera preciosa. Destrucción que ahora tiene al país enfrentando una demanda por casi 700 millones de dólares por parte del dueño de la inversión.

Además, uno de los agentes confirmó que los paramilitares que invadieron la propiedad aseguraban que se mantenían en contacto con el diputado sandinista Edwin Castro; y el otro, confirmó que ante la toma, la única acción que realizaron fue decomisar las armas de los tres guardias que resguardaban la finca donde estaba la inversión.

A través de una video conferencia, porque la Embajada de Estados Unidos le negó la visa para viajar a Washington a brindar su testimonio en persona, el comisionado general Marvin Antonio Castro Orozco, brindó su testimonio durante varias horas.

Al momento de la invasión de la Finca Santa Fe, donde funcionaba la empresa Inversiones Agropecuarias S.A. (Inagrosa) de la que es propietaria la estadounidense Riverside Coffee LLC., el comisionado Castro ya ocupaba el cargo de jefe Policial del departamento de Jinotega.

Lea además: Estado de Nicaragua sometido a maratónico juicio por asalto de paramilitares a empresa de EE. UU. en 2018

Invasores se comunicaban con Edwin Castro

El comisionado Castro admitió que los dirigentes de unos 350 paramilitares que invadieron la propiedad en 2018, aseguraban mantener comunicación con Edwin Castro, diputado sandinista, jefe de bancada y representante legal del partido Frente Sandinista.

Ante el incisivo cuestionamiento de la abogada, Cristina Cárdenas, del equipo legal de Riverside, sobre la participación del diputado Castro, el jefe de la Policía de Jinotega trató de desestimar su participación, aduciendo que en situaciones como la que estaba ocurriendo en la Hacienda Santa Fe, la gente suele mencionar nombres de “personas importantes”.

Además, argumentó que no pudieron evitar la toma de la propiedad, porque esta se concretó durante los meses en que, por orden de Daniel Ortega, la Policía se mantuvo acuartelada en las delegaciones policiales. Sin embargo, el funcionario no pudo presentar ningún documento que demostrara que la institución recibió esa orden.

La única prueba de esa supuesta orden es el video de la sesión del Diálogo Nacional en la que ante la queja de los líderes estudiantiles por el asesinato de decenas de estudiantes en manos de la Policía, Ortega dijo que ya había ordenado el acuartelamiento de la Policía. Al comisionado lo le quedó más que aceptar que en su discurso Ortega aclaró que solamente acudirían al llamado de ciudadanos afectados por casos de delincuencia común.

Lea además: Empresa estadounidense demanda al Gobierno de Nicaragua por la destrucción de una inversión

Policía con trato diferencial para involucrados

Pese a que la orden de Ortega fue que la Policía solo saldría a atender casos de delincuencia común, y la toma de la Hacienda Santa Fe fue un acto de delincuencia común, el comisionado Castro no hizo nada para evitar la invasión y posterior destrucción de la propiedad. Tras la primera invasión, después de algunas semanas los paramilitares desalojaron la propiedad, pero posteriormente la volvieron a invadir y terminaron de destruir. Hasta la fecha la finca sigue en manos de las autoridades y la inversión desapareció.

Además, en algunos documentos firmados por el comisionado Castro, la abogada demostró que él daba un tratamiento diferenciado influenciado por razones políticas, porque a algunos de los dirigentes de los invasores los nombraba como “compañeros”, mientras que a Carlos Rondón, uno de los propietarios de la inversión lo identificaba como “ciudadano”.

Otro de los argumentos del comisionado Castro para justificar que a la fecha, de las 350 personas que invadieron la propiedad y la destruyeron ninguna ha sido acusada ni enjuiciada, es que el gobierno de Ortega siempre se ha preocupado por ayudar a los más necesitados, por eso incluso en su momento buscaron donde reubicar a los invasores; e incluso a algunos les permitieron seguir en la hacienda hasta que sacaron las cosechas de papa y hortalizas que sembraron.

Juicio Riverside, Hacienda Santa Fe contra Nicaragua
Subcomisionado William Herrera, exjefe de la Policía en San Rafael del Norte, Jinotega brinda su testimonio en el juicio que Riverside Coffee LLC., sigue contra Nicaragua. Foto captura de pantalla

Policía desarmó a cuidadores de la inversión

Por su parte, el subcomisionado William Herrera, que en 2018 ocupaba el cargo de jefe de la estación de Policía de San Rafael del Norte, sí obtuvo la visa y viajó a Estados Unidos a presentar su testimonio. Herrera mantuvo el argumento de su entonces jefe, el comisionado Castro de que por orden de Ortega no podían salir de cuartel. Y a eso agregó que en el municipio había muy pocos agentes, por lo que no tenían capacidad para enfrentar al grupo de toma tierras que estaba integrado por más de 350 personas.

Pese a que el principal argumento de la Policía ante su inoperancia para evitar la invasión de la propiedad, es la orden que Ortega les dio de no salir de sus cuarteles, antes de la toma, él mandó a uno de sus agentes a la finca, a decomisar las armas de los tres guardas de seguridad que la resguardaban y a ordenarles a ellos y todos los trabajadores que abandonaran la propiedad.

Según Herrera, al desarmar a los vigilantes su intención no fue facilitar el ingreso de los invasores a la Hacienda Santa Fe, sino proteger a los trabajadores de esa empresa de los de “muchachos” que iban a tomar la propiedad, porque era gente violenta que en los años 80 anduvo en el grupo armado conocido como contra que luchó contra la revolución.

Lea además: Ortega sufre su primera derrota en juicio promovido por Riverside Coffee, por destrucción de su inversión en 2018

Dueños de la inversión invocaron el DR-Cafta

Con los testimonios del comisionado general Castro y el subcomisionado Herrera concluyó la quinta jornada de este maratónico juicio que se reanudará el lunes 8 de julio y está previsto concluya el viernes 12 de julio. Al final de la audiencia que se transmite por internet, el Tribunal de tres miembros hará sus observaciones finales.

El 2 de abril de 2021 Riverside Coffee LLC. interpuso una demanda contra el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific); y tras un largo proceso de preparación e intercambio de información, el equipo legal, tanto del régimen de Ortega como el de Riverside Coffee, este 1 de julio empezaron las audiencias que arrancan desde las 9:00 de la mañana y durante todo el día.

Los propietarios de la Hacienda Santa Fe culpan al régimen Ortega Murillo de no impedir la destrucción de su inversión. Por ello, invocaron la cláusula de seguridad jurídica y protección de la inversión, contemplada en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta.

Riverside Coffee tenía establecida unas plantaciones de aguacates en Jinotega. LAPRENSA/TOMADA DE LA WEB

Puede interesarte

COMENTARIOS

  1. Hace 1 semana

    Todos estos comisionados de la policía, siguen el mismo libreto de corrupción y violentadores del orden social y estado de derecho. En Venezuela Tareck El Alssami que fue Vicepresidente del país y sus compinches de la mafia institucional, están siendo acusados de haberse robado 23 billones de $s (23,000.000.000 de dólares). Actualmente ellos están en prisión, pero el gobierno de Maduro a través del otro nacionalizado Palestino, Tarek W Saab Fiscal General de la Republica, acusa a la oposicion en el exilio de ser los motores y gestores en contubernio con Tareck El Al Alsami de ese ultra millonario atraco. En Nicaragua los comisionados como dulces palomas y siguiendo el guión de Ortega y las fuerzas tenebrosas del ALBA y el gobierno comunista de Cuba, acusan a los Desmovilizados de la Contra de haber realizados ese Despojo y Confiscación de la Finca Santa Fe situada en San Rafael del Norte. A los desmovilizados Campesinos de la Resistencia Nicaragüense ( Contra) además de que muchos han sido asesinados (Rompiendo el Tratado de Paz para detener la lucha armada), se les continúa demoliendo su honor y buena voluntad de paz y derecho a vivir una vida digna.

×

El contenido de LA PRENSA es el resultado de mucho esfuerzo. Te invitamos a compartirlo y así contribuís a mantener vivo el periodismo independiente en Nicaragua.

Comparte nuestro enlace:

Si aún no sos suscriptor, te invitamos a suscribirte aquí