El Estado de Nicaragua está siendo sometido esta semana a maratónicas audiencias en el Centro Internacional de Solución de Controversias sobre Inversiones (Ciadi) por parte de Riverside Coffee LLC, que reclama casi 700 millones de dólares en indemnización por parte de Nicaragua, por la destrucción masiva de su inversión en el 2018 por parte de paramilitares y fanáticos del FSLN.
La audiencia arrancó el 1 de julio en la sede del Ciadi en Washington, hasta donde viajaron personeros del régimen de Daniel Ortega para intentar defenderse de la demanda por parte de la empresa estadounidense, que está invocando las cláusulas de protección de inversiones contempladas en el DR-Cafta, suscrito por Nicaragua y Estados Unidos, así como el resto de Centroamérica y República Dominicana.
En el primer día se presentó a la audiencia el ingeniero Luis Adolfo Gutiérrez Cruz, quien era el encargado de administrar la Hacienda Santa Fe, donde Riverside Coffee LLC —dueño mayoritario— tenía unas plantaciones de aguacates, las que fueron tomadas y destruidas por un grupo de paramilitares, en medio de invasiones que estos ejecutaron en el 2018 a la vista y respaldo de las fuerzas policiales.
Paramilitares saquearon la finca
Durante la audiencia, Gutiérrez reiteró que los paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista se llevaron maquinarias y equipos de trabajo de la finca, así como tractores, autos, una planta eléctrica, entre otros bienes. El régimen intenta descalificar los permisos que estos tenían en las plantaciones, en un intento de deslindar responsabilidad.
Este viernes se presentó la procuradora del Estado departamental de Jinotega. Cristina Cardena, abogada de Riverside Coffee, cuestionó su testimonio, tomando en cuenta que al momento de la toma de las inversiones, ella no era procuradora de Jinotega sino de Estelí y por tanto ella basó su testimonio con base en la revisión de documentos y no precisamente con conocimiento directo del hecho.
Juicio público
La demanda la interpuso contra el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) el 2 de abril de 2021. Tras un largo proceso de preparación e intercambio de información, el equipo legal, tanto del régimen de Ortega como el de Riverside Coffee, este 1 de julio empezaron las audiencias que arrancan desde las 9:00 de la mañana y se extiende hasta las 6:00 p.m.
Es decir cada sesión dura al menos nueve horas, e incluyen dos horas de descanso, que abarcan una hora de almuerzo. Las mismas se pueden ver en español en el siguiente enlace: audiencia Riverside.
Durante el proceso, se espera que asistan testigos y peritos sobre el hecho, así como las declaraciones finales de los demandantes y demandados. Al final de la audiencia, el Tribunal de tres miembros hará sus observaciones finales, según se lee en el documento que explica el calendario del proceso.
La inversionista estadounidense culpa al Gobierno de Nicaragua de no haber evitado la agresión a su inversión, por lo que invocó la cláusula de seguridad jurídica y protección de la inversión contemplada en el acuerdo en el DR-Cafta, suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
¿Qué dice el DR-Cafta?
El DR-Cafta en el capítulo diez, sección B: Solución de Controversias Inversionista-Estado, establece que cuando el demandante ha sufrido pérdidas o daños por violaciones, podrá someter a arbitraje una reclamación en la que alegue que el demandado ha violado una obligación, una autorización de inversión o un acuerdo de inversión.
En el avance de la preparación del proceso, se reveló que el régimen de Ortega intentó ante el Tribunal de arbitraje obtener una orden para que ninguna de las partes divulgara los nombres de los funcionarios o civiles que participarán en el proceso, aduciendo que quería proteger “el honor y la reputación” de estos.
El régimen invocó la Ley de Acceso a la Información Pública de Nicaragua, una regulación que en Nicaragua no cumple, pero que intentaba hacer funcionar en el plano internacional. “Según la Demandada (Entiéndase Nicaragua), las supresiones que ha propuesto se encuentran justificadas debido a que la legislación nicaragüense establece una protección en contra de la divulgación de información personal que perjudique ‘el honor y la reputación’ de las personas y las supresiones propuestas por la Demandada no causarían perjuicio alguno a la Demandante (El inversionista)”, se lee en el documento del avance de preparación del proceso arbitral.