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La Policía Municipal de San José detuvo en Costa Rica a un nicaragüense de apellidos Pavón Pérez. La Policía Internacional (Interpol) lo requería por el delito de violación sexual contra una menor en Nicaragua.
Las autoridades policiales explicaron que lo encontraron mientras realizaban visitas a los comercios en San José. Al ingresar en una tienda dialogaron con Pavón Pérez, quien laboraba como guarda de seguridad.
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Al pedirle el permiso para trabajar en seguridad privada, encontraron que no tenía más que su cédula de identidad nicaragüense.
En ese momento, al realizarle una búsqueda por archivo con la Policía de Migración costarricense, encontraron en el sistema de la Interpol que contaba con una orden de captura internacional por el delito de abuso sexual contra una menor en Nicaragua.
Será deportado y el establecimiento podría ser sancionado
Finalmente tras su captura el 25 de marzo, el nicaragüense sería trasladado al Centro de Aprehensión Región Central (CARC) de la Policía de Migración para su proceso de deportación a Nicaragua.
También, las autoridades de Migración levantaron un informe para el Juzgado de Trabajo para que conozca la situación y «se sancione el comercio donde estaba laborando el guarda».
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A su vez, facilitaron ese mismo informe sobre la empresa que prestaba el servicio de seguridad privada en dicho local, por «contratar personas indocumentadas».
De acuerdo con medios costarricenses, el nicaragüense había ingresado a Costa Rica por el sector de Las Tablillas.
Deportaciones de nicas han aumentado
En el último año, las deportaciones de nicaragüenses desde la vecina nación del sur se han duplicado. Del 1 de enero al 12 de marzo de este año, las autoridades de la Policía Profesional de Migración deportaron a 203 extranjeros. De ese total, 173 son nicaragüenses, lo que ubica a la nacionalidad en el primer lugar entre los países con mayor número de personas deportadas.
El 2025 cerró con 1,055 nicaragüenses deportados, 1,033 hombres y 22 mujeres, según datos compartidos a LA PRENSA por autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
La DGME establece que las deportaciones se realizan cuando se detecta que una persona extranjera está en una condición migratoria irregular, particularmente por cuatro razones: la primera tiene que ver por haber ingresado clandestinamente al país, o sin cumplir las normas de ingreso y permanencia, es decir, por un puesto fronterizo no autorizado.
La segunda razón es haber obtenido el ingreso y/o permanencia en el país por medio de declaraciones o la presentación de visas o documentos falsos o alterados. La siguiente es haber permanecido en el país con plazo de autorización vencido, y que haya sido invitado a abandonar el país y no lo realizó en el plazo dispuesto, y finalmente haber cometido delitos menores en Costa Rica.
Cabe mencionar que hay condicionantes que impiden aplicar una deportación que van desde las personas menores de edad, los refugiados y los solicitantes de refugio. Una vez que la persona es deportada, tiene prohibido reingresar al país por un período de cinco años, indica la Ley General de Migración (N. 8.764).
