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Durante esta semana, cientos de bachilleres y estudiantes de las universidades públicas del país, bajo control de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han tenido que madrugar y hacer filas en las afueras de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para entregar los documentos —entre ellos una carta dirigida a los codictadores— como requisito para optar a las «becas universitarias 2026».
En redes sociales circulan reportes de kilométricas filas en distintas ciudades, donde se observa a los jóvenes esperando de pie y bajo sol durante horas para presentar su solicitud. En León, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma (UNAN-León) que acudieron el miércoles 25 de marzo denunciaron que, después de esperar por horas, las autoridades de la institución les informaron que los cupos de ese día se habían agotado y que debían regresar al día siguiente.
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Este jueves, los estudiantes volvieron a acudir con la esperanza de lograr entregar su solicitud; de hecho, reportan que muchos se quedaron durante la noche para ser los primeros.
Oficialmente, el proceso para optar a las «becas universitarias 2026» —que consisten en un aporte económico de 1,500 córdobas— fue abierto el 23 de marzo y concluirá el 28 del mismo mes, en horarios de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
La codictadora y vocera del régimen, Rosario Murillo, en su alocución de este miércoles aseguró que se continúan recibiendo las solicitudes de becas para quienes estudien o vayan a estudiar en las que denominó «universidades pueblo presidente».
«Las becas en las universidades continúan recibiéndose, cantidad de solicitudes para las universidades pueblo presidente. Vamos a estar informando con números en los próximos días», indicó Murillo.
En Managua: 900 números por día
En Managua, los estudiantes viven la misma odisea que ha sido evidenciada por los mismos medios oficialistas, quienes reiteran que el beneficio es únicamente para estudiantes de «universidades públicas».
Los jóvenes abordados aseguran que las becas serán utilizadas para costos de transporte, alimentación o gastos universitarios y en otros casos para aportar en los gastos del hogar. Una joven de Managua, que por primera vez asistió a solicitar la beca, aseguró que su objetivo es «ayudar al desarrollo sostenible de mi casa (…) porque somos muchos».
En cuanto a la experiencia, abordó el tema de las filas y el tiempo que ha tenido que invertir. «Estamos con la esperanza que nos acepten la solicitud», afirmó.
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En los comentarios, los estudiantes afirman que en las oficinas de la PGJ de la capital entregan 900 números al día y expresaron la confusión por el cambio de nombre de la institución que antes se llamaba Procuraduría General de la República (PGR), pues desconocían dónde se ubican las oficinas de la PGJ.
Hasta ese lugar llegan estudiantes de los recintos universitarios como la Universidad Casimiro Sotelo —montada en las instalaciones robadas a la Universidad Centroamericana (UCA), propiedad de los jesuitas—, la Universidad Nacional Autónoma (UNAN) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Las rutas de transporte colectivo que pasan por las oficinas de la PGJ en Managua son 113, 116 y 154, según comentaron los jóvenes.
Los requisitos obligatorios
La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), controlada por la dictadura Ortega Murillo, en una misiva que compartieron en las redes sociales ordenó que todos los postulantes escriban una carta dirigida a ambos dictadores: «El comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo».
Otros requisitos que deben cumplir los estudiantes incluyen copia de cédula de identidad, hoja de matrícula 2026 y notas de undécimo grado para quienes son nuevos ingresos. En caso de reingreso, deben presentar las últimas notas de la carrera que cursan.
La dictadura Ortega Murillo —en los últimos años— ha obligado a los nicaragüenses a dirigir cartas al dictador Ortega cuando desean acceder a cualquier beneficio social, becas universitarias o técnicas, pagados con impuestos de la población nicaragüense, o incluso para aplicar a la compra de casas financiadas por bancos, pero que forman parte de los programas habitacionales que impulsan las alcaldías.
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El año pasado, con la aprobación de la reforma a la Ley 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, publicada el 9 de junio en La Gaceta, se estableció que las universidades públicas estarán bajo la regencia de la PGR y sujetas a los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
«Las universidades, para los aspectos financieros presupuestarios y de rendición de cuentas seguirán los lineamientos que emita el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y estarán bajo la regencia de la PGR», indica al final del artículo 55 bis.
En ese momento, el académico y exrector de la UNAN-León, Ernesto Medina, calificó que el rol que ahora jugaría la PGR «es una total arbitrariedad, porque no sólo anula totalmente uno de los pilares de la autonomía universitaria que es la autonomía financiera. La decisión de administrar y manejar su fondo como mejor le parezca a las universidades según sus necesidades. El gobierno universitario va a estar en manos de la PGR y eso es inaudito».
