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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo orientó a las universidades públicas del país suspender las becas universitarias, para que los estudiantes las soliciten nuevamente, esta vez ante la Procuraduría General de la República (PGR), y que presenten una carta dirigida a los llamados «copresidentes» del país. Una medida calificada por académicos como «inconcebible», «humillante» e «inaudito».
Recintos como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Politécnica (UNP) informaron a través de sus redes sociales que los estudiantes tienen hasta el 20 de junio para entregar su solicitud de beca en las delegaciones departamentales de la PGR. Entre los requisitos están: cédula de identidad, historial de calificaciones, hoja de matrícula, formulario de la PGR y una carta dirigida a Ortega y Murillo.
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«Las solicitudes de becas se realizarán a nivel nacional en cada una de las delegaciones departamentales de la PGR», se lee en la publicación de la UNAN.
Esta nueva disposición surge a pocos días de que universitarios denunciaran la suspensión sin previo aviso de sus becas, y en paralelo a la aprobación de la reforma a la Ley 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, publicada el pasado 9 de junio en La Gaceta. La reforma establece que las universidades públicas estarán ahora bajo la regencia de la PGR y sujetas a los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
«Las universidades, para los aspectos financieros presupuestarios y de rendición de cuentas seguirán los lineamientos que emita el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y estarán bajo la regencia de la PGR», indica al final del artículo 55 bis.
Fueron canceladas sin previo aviso
Decenas de estudiantes denunciaron que las becas conocidas como «interna especial» fueron canceladas de forma arbitraria en sedes como la UNAN-Managua y la UNAN-León.
Esta beca consistía en 4,500 córdobas mensuales para estudiantes que no lograban ingresar al internado universitario, pero necesitaban cubrir gastos de alquiler. A los beneficiarios se les adeudan los pagos de los últimos tres meses.
El exrector de la Universidad Americana de Managua (UAM) y académico, Ernesto Medina, declaró a LA PRENSA que el retraso es «criminal» debido a que «los estudiantes en su mayoría son de muy escasos recursos. Es una barbaridad, hacerlo pasar por eso, es inhumano y criminal».
Medina opinó que obligar a los estudiantes a mandar cartas a los «copresidentes» para que les otorguen las becas «es una total aberración y una humillación para los estudiantes, porque al final esto indica que la decisión se va a tomar por cuestiones políticas y no tanto por los méritos que puedan tener los estudiantes o por la situación económica».
En la actualidad, ahora son 12 universidades, incluidas aquellas montadas en recintos confiscados, que recibirán dinero del 6 por ciento del presupuesto estatal. Sobre esto Medina, señaló que se «desconoce cómo se va a administrar esto, porque en los últimos años básicamente lo asignado a las universidades se va en salarios y becas, nada en inversiones, investigación, formación de nuevos profesores ni en compras de equipo y libros».
«El futuro universitario queda en manos de la PGR»
La reforma al artículo 55 bis de la Ley 89 también eliminó el principio de autonomía financiera en las universidades públicas. Anteriormente, estas manejaban sus presupuestos de forma autónoma, pero ahora deberán ajustarse a la supervisión y regencia de la PGR, una institución sin experiencia en educación superior.
Antes establecía la obligación de la regencia al Ministerio de Hacienda de aprobar la política de distribución de los fondos asignados a las universidades.
«La regencia, según la RAE, dice claramente que es la acción de gobernar, y hasta ahora la PGR ha jugado el papel del representante del Estado, de asesoría y apoyo para dictámenes a los órganos públicos. Su función principal es supervisar el cumplimiento de las normas de propiedades, integridad y transparencia», dijo Medina.
Para el académico, el rol que ahora jugará la PGR es «una total arbitrariedad, porque no sólo anula totalmente uno de los pilares de la autonomía universitaria que es la autonomía financiera. La decisión de administrar y manejar su fondo como mejor le parezca a las universidades según sus necesidades. El gobierno universitario va a estar en manos de la PGR y eso es inaudito».
La dictadura orteguista eliminó el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Educativo Nacional (CNEA), que en teoría gozaban de cierta autonomía y en su lugar fue creada la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades, que está subordinada a la Presidencia de la República.
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El exrector advirtió que el nuevo esquema abre la puerta a una completa politización de la educación superior, «los rectores y autoridades universitarias ya no serán elegidos por la comunidad académica, sino por la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades, lo que es otra violación flagrante de los pilares fundamentales de la autonomía universitaria, esto es muy peligroso».
Medina agregó que «darle un cargo con funciones tan importantes, yo creo que es atentar en contra de las universidades y por lo tanto atentar en contra del futuro del país. Todo esto es un absoluto relajo, una absoluta irresponsabilidad, con el único propósito de tener el control absoluto, de que nadie piense, nadie diga nada, nadie critique nada y que sólo sean las cosas que vienen ordenadas y dirigidas por los Ortega Murillo».
