Vestidos con trajes azules, sentados en un aula con cuadernos y lápices en mano: así presentó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo su supuesta «estrategia» para que, en 2025, 1,900 reos comunes cursen estudios superiores en universidades públicas controladas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Expertos valoran que la iniciativa no es más que «propaganda política» del régimen que podría representar un riesgo «muy peligroso para el futuro del país».
El académico y ex rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, en declaraciones a LA PRENSA indicó que «llama la atención de que los cursos los ofrezcan las universidades. Uno pensaría que son cursos de nivel superior, lo que presupone que los alumnos tienen por lo menos bachillerato. Y yo no creo que haya tantos presos que tengan el bachillerato, que hayan interrumpido los estudios y que ahora los van a continuar».
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Medios oficialistas reportan que el Sistema Penitenciario Nacional, cumpliendo parte del mandato del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, «busca garantizar el acceso a la educación superior para las personas, como parte de un programa integral de rehabilitación y reinserción social».
Los reos comunes empezaron el 8 de febrero sus estudios superiores en universidades como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNA) en León y Managua, la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); y en el Caribe, en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan) y la Universidad Indígena y del Caribe de Bluefields (BICU).
Carreras universitarias con duración de dos y cinco años
En esta primera fase en la que están inscritos 1,900 reos las universidades ofrecen carreras técnicas y licenciaturas en Administración de Empresas, Contabilidad, Fisioterapia, Economía Aplicada, Ciencias de la Educación, Inglés, Matemáticas, Derecho, Zootecnia, entre otras. Las carreras tienen una duración entre dos y cinco años.
«Yo creo que es problemático ofrecer cursos de nivel superior a personas que no tienen el requisito mínimo como el bachillerato. Esto es un paso más hacia lo que yo he llamado la ‘vulgarización de las universidades’ al bajarles el nivel con un fin puramente político y propagandista, aunque este tipo de cosas se presentan fácilmente para el público como un acto de benevolencia y del gobierno», apuntó Medina.
El académico no duda en advertir que este «mecanismo propagandístico» que utiliza la dictadura Ortega-Murillo al final «va a repercutir primero en un daño a la universidad, que al bajar sus niveles afecta su esencia, su tarea principal que es formar aunque que nos guste o no, a la élite intelectual y científica del país. Yo creo que para la gente que está en la cárcel, pues debería de haber otro tipo de opciones».
Entre esas opciones, Medina sostiene que son cursos técnicos que permitan a los presos aprender un nuevo oficio «del que hasta podrían estar ganando dinero para sus familias en las cárceles, claro si estas tuviesen condiciones para este tipo de cursos como carpintería, zapatería, sastrería y otros. Es una inversión muy pequeña pero que podrían convertir a las cárceles en lugares de producción y trabajo».
Un sociólogo, bajo la estricta condición de anonimato por temor a represalias, explicó que en otro contexto la estrategia se podría aplaudir porque es una de las grandes críticas que a lo largo del tiempo desde la sociología se hace, dado a que «las cárceles en cualquier parte del mundo generalmente lo que hacen es reproducir círculos de violencia y de criminalidad. Las personas que son recluidas en los centros penitenciarios realmente tienen muy pocas oportunidades de reinserción social y aunque las oportunidades de estudio estén disponibles dentro de los centros penitenciarios realmente no contribuyen».
Inflar datos de matrículas
Se desconoce si los presos que comenzaron a cursar los estudios superiores son incluidos en las cifras de matrículas generales de las universidades, dado a que ni el Consejo Nacional de Universidades (CNU) ni el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) detallan en sus anuarios de dónde provienen los estudiantes.
Cabe mencionar que aunque no existe información oficial del programa que es vendido por el régimen como una “estrategia”, en octubre de 2023, al menos 33 presos comunes del Sistema Penitenciario de Bluefields cursaban sus primer año en Sociología, modalidad sabatina, en la Uraccan.
En mayo de 2024, un total de 473 reos empezaron sus estudios superiores en la UNA en la carrera de licenciatura en Agronegocios. La vocera del régimen, Rosario Murillo, dijo en diciembre pasado que además de los 1,900 reos que iban a empezar sus estudios en las universidades, 3,700 personas empezarían sus cursos técnicos desde el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).
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El sociólogo insiste en que las universidades se han convertido en un centro de adoctrinamiento político y no duda que los reos vayan a ser sometidos a lo que los jóvenes nicaragüenses lamentablemente viven. «Es evidente que este tipo de acciones, el régimen de los Ortega Murillo las toma con fines de instrumentalización, fidelización o de subordinación de las personas. El ingreso de esa cantidad de personas en los centros de educación superior que están subordinados y controlados por la dictadura están siendo utilizados como espacios de adoctrinamiento ideológico», apuntó.
Por lo anterior, señaló que las universidades del país están teniendo un problema serio de matrícula en la educación superior. «Creo que están usando esa medida para tratar de mantener las ‘estadísticas oficiales’ de matrícula de las universidades, muchos jóvenes que quieren estudiar, pero no en esos centros de adoctrinamiento político del régimen. Lo hacen como para compensar y justificar la existencia de esos lugares», afirmó el sociólogo.
Una opinión similar tiene el académico Medina, quien subrayó que «el régimen va a utilizar estas cifras para inflar la matrícula en las universidades» y a su vez cuestionó, «para qué nos sirve un gran número de estudiantes universitarios, si sabemos que no hay trabajo para los muchachos que salen de la universidad porque no tiene la calificación necesaria».
También Medina señaló que lo que el régimen está haciendo con esta «supuesta estrategia» es afectando a las universidades y de algún modo sacrificándolas. «Está generando un impacto muy negativo en la imagen que la gente tiene de las universidades, por muy buena que sea la intención de ofrecer la oportunidad de formación a alguien que está preso en la cárcel y que tiene todo el derecho a tener una vida más digna, pero no puede ser al costo de afectar y de quitarle a las universidades el nivel y la calidad que debe tener».
Indultados y el riesgo que representa
La vocera del régimen defendió en este mes el beneficio de indultos a reos comunes, asegurando que sólo el 7.18 por ciento de los 48,964 presos y presas que ha liberado en la última década a vuelto a delinquir.
«Y para los que tanto hablan, 7.18 por ciento son las personas que han reincidido en actividad delincuencial, desde el año 2015 hasta hoy 14 de febrero del 2025. Estamos hablando que 43,697 personas pasaron a Convivencia Familiar, esos son los varones, y 4,367 mujeres», indicó Murillo.
La vicedictadora también apuntó que los reos liberados habrían aprendido algún tipo de oficio dentro del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) para «defenderse en la vida nueva que emprenden».
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A lectura del sociólogo lo expuesto por Murillo es «un dato significativo e importante porque buena parte de las personas indultadas no cumplen con los requisitos y con los procedimientos que están establecidos para poder contar con ese privilegio del indulto. Las organizaciones feministas han denunciado, y hay varios casos ahí que son evidentes, de que varios de estos reincidentes son hombres agresivos, violentos, que han salido justamente a agredir o a asesinar a mujeres».
También indicó que es un «riesgo» dado a que «no sabemos si entre los que van a entrar a las universidades, supongo que los reincidentes han regresado a la cárcel o no se sabe si estarán todavía en impunidad, pero los que se supone que van a entrar a la universidad, deberían de haber criterios también para seleccionarlos».
Medina, por su parte, señaló que «por mucho que estime y crea que todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse, yo como padre por ejemplo no pondría a mi hijo a recibir clases con alguien que recibió un brochazo de ciencias de la educación por maestro que sabemos que no tienen ahorita la calificación necesaria para formar gente, sabiendo las condiciones de las cárceles de Nicaragua».
La dictadura, agregó Medina, sólo «hace la gran bulla de que se está formando en las universidades a los presos de Nicaragua, con cursos de dos años que nadie sabe quién los ha diseñado, qué contenido tienen, qué metodologías se usan, como te digo, es propaganda barata y muy peligrosa para el futuro del país».
