La reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89), aprobada por la Asamblea Nacional, con que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le quitó la exención del pago de los servicios públicos —agua, electricidad y teléfono— obedece, a lectura académicos consultados por LA PRENSA a problemas financieros, menosprecio a la educación y una muestra de que el orteguismo ya controla todas las universidades en el país.
El académico y exrector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, en declaraciones a LA PRENSA señaló que la reforma “pone en evidencia que el régimen está teniendo problemas con las finanzas y que no le está dando, como decimos, la cobija para cubrir algunos gastos, sobre todo como estos que siempre tuvo una sombra de populismo al momento que fue aprobada la gratuidad de los servicios para las universidades”.
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Una opinión similar tiene el académico y rector de la Universidad Paulo Freire, confiscada por la dictadura en 2022 y ahora con sede en Costa Rica, Adrian Meza, quien mencionó que la reforma “es una expresión clara de la importancia que realmente le da el régimen al modelo educativo desde el punto de vista del peso que debe tener en el presupuesto”.
Meza destacó que siempre estuvo claro que el régimen ve la educación como una “plataforma de propaganda política. En ese sentido, cualquier medida financiera que se aplique al régimen de funcionamiento de las instituciones está medido por ese parámetro conceptual, es decir no es la lógica de invertir en la educación, no, es la lógica de que el mecanismo de propaganda y de educación de su modelo político, que está ahora entronizado en las universidades”.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tras perder el poder en las urnas y mientras se preparaba para traspasar la Presidencia a Violeta Barrios de Chamorro (1990-1994), estableció muchos beneficios sociales que en los últimos años el mismo régimen ha cercenado, empezando por el despojo de la autonomía.
La reforma, concretada el miércoles 25 de septiembre, fue al artículo 55 que habla sobre el “Patrimonio de las universidades y centros educativos técnicos superior”, que antes establecía que las universidades y centros de educación técnico superior “estarán exentos del pago de los servicios públicos (agua, electricidad, teléfono, correos), los que le serán brindados de manera gratuita por el Estado y sus instituciones”.
Medina mencionó que a pesar que se desconoce la cifra de los gastos que tenían las diferentes universidades públicas, debe “ser una suma importante y el hecho de que ahora ya el Estado resuelva que no va a seguir otorgando esta gratuidad, indica que hay un problema financiero detrás”.
Un golpe a las universidades
El también exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) aseveró que Ortega demuestra que ya no busca ganarse el apoyo de los universitarios debido a que “ya se aseguró que tiene el control total sobre todas las universidades”.
“El régimen está acostumbrado a manejar las universidades como un instrumento de su plan político de afianzarse en el poder y los estudiantes siempre han sido vistos como un movimiento de masa que debe ser leal al Gobierno, que debe estar agradecido, porque le dan la oportunidad de estudiar si le dan una beca”, sostuvo Medina.
Valoró que con la decisión “creo que esta relación del Gobierno con las universidades pone de manifiesto lo que ha venido observando desde que comenzaron a despojar de las universidades privadas, y es que quería tener el control absoluto, y en este momento ese control está asegurado, y da este paso, que golpea las universidades, pero que está seguro que nadie va a decir nada, que nadie va a protestar y es lamentable y triste porque sí se está haciendo daño a las universidades”.
El académico Meza sostuvo que de acuerdo a la lógica de la dictadura de que ahora las universidades tienen que pagar los servicios públicos, sin duda alguna, “rompe una tradición histórica en el marco de lo que era la autonomía universitaria, pues no tienen ningún empacho en hacerlo, aunque eso implique sacrificar proyectos de investigación, sacrificar salarios docentes, sacrificar inversiones en becas para estudiantes pobres, debido a que el interés fundamental de la medida no obedece a una fuente de desarrollo científico o tecnológico para el país”.
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En esa línea, el académico Medina afirmó que hacer que ahora las universidades públicas paguen servicios básicos es un “retroceso, porque es un golpe muy duro para el presupuesto, las universidades seguramente el próximo mes deben pagar los servicios, y si están obligados, deben dejar de pagar lo que antes estaba presupuestado para cumplir”.
Medina advirtió que sin lugar a duda con la reforma “los grandes perdedores van a ser los estudiantes porque lo que se va a utilizar ahora para pagar va en detrimento de la actividad universitaria desde la docencia y la investigación, última que ya no se hace”.
Dudas sobre cómo se está calculando el 6 por ciento
El artículo 55 también es el que establece el 6 por ciento del Presupuesto General de la República a las universidades. Ese párrafo fue modificado para calcular el 6 por ciento sobre el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios del Presupuesto.
“El aporte ordinario del Estado, como garantía mínima para hacer efectiva la Autonomía Universitaria, que no debe ser menor del 6 por ciento del Presupuesto General de Ingresos de la República, debe calcularse sobre el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios establecidos en el Presupuesto General de la República para el año correspondiente, independiente del origen de dichos ingresos”, se lee tras la reforma.
Antes de la reforma decía: “El aporte ordinario y extraordinario del Estado. El aporte ordinario no podrá ser menor del 6 por ciento del Presupuesto General de Ingresos de la República, como garantía mínima para hacer efectiva la Autonomía Universitaria”.
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Medina se muestra firme al mencionar que “fue el FSLN que estuvo detrás de las protestas para el 6 por ciento destinado a las universidades y la demanda de que se hiciera en base a los ingresos ordinarios y extraordinarios, pero los gobiernos liberales no estaban de acuerdo con eso, porque lo usual se hace en base a los ingresos extraordinarios”.
Por ello, apuntó el experto que detrás de la reforma está el aislamiento que vive la dictadura orteguista “porque se le hace más difícil obtener recursos para reforzar el presupuesto, no debe ser alejado de la realidad lo que responde esta reforma, habría que ver cómo está calculando el régimen lo del 6 por ciento”.