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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha recrudecido la represión contra los religiosos en Nicaragua a través de la Policía, y amenaza con muerte y cárcel a los curas, denuncia la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora de la investigación Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?, en que ha documentado con rigurosidad los ataques a la libertad religiosa.
La investigadora afirmó que el régimen Ortega-Murillo “ha traspasado todos los límites” y actualmente la situación de la libertad religiosa en Nicaragua “ha empeorado”. «Porque ya no se trata de que dañan edificios religiosos o roban cuentas bancarias de la Iglesia, situaciones que son difíciles pero que se superan. Hoy la Policía llega donde los curas y los amenazan con matarlos o con llevarlos presos, los sacan en plena celebración eucarística con el único ánimo de intimidarlos y denigrarlos. La situación es complicada y todo el peso de la persecución recae en los curas”, explica Molina.
De acuerdo con los datos que ha sistematizado, 309 religiosos han sido obligados a huir al exilio, desterrados o su ingreso ha sido prohibido. Las víctimas son obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y monjas.
Sacerdote de León impedido de ingresar a Nicaragua
Una de las víctimas más recientes es el sacerdote José Concepción Reyes Mairena, de la Diócesis de León. El pasado 13 de febrero, se conoció que este sacerdote fue impedido de ingresar a Nicaragua por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino cuando regresaba de España donde había permanecido durante dos años.
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Molina denunció que el religioso José Reyes fue interrogado por las autoridades migratorias de Nicaragua y posteriormente le indicaron que no podía ingresar. Según la investigadora, más del 95 por ciento de los desterrados o prohibidos de ingresar son nicaragüenses.
La Diócesis de León, de la que forma parte el expulsado sacerdote José Reyes, es dirigida por el obispo Sócrates René Sándigo Jirón, señalado de ser cercano a la pareja dictatorial. A él le han permitido algunas celebraciones religiosas, mientras a otros prelados se les prohíben. Sin embargo, también es vigilado por el aparato represor al igual que los demás religiosos.
“En las últimas semanas han sido afectados al menos 6 de ellos (religiosos). El patrón que hemos observado es que la línea aérea les ha notificado la prohibición de ingreso al país… También se nos ha informado que la vigilancia y asedio se ha extendido al núcleo familiar. Tres de ellos están siendo buscados por miembros de la Policía Sandinista”, expone Molina.
Olire: “Un amplio abanico de mecanismos represivos”
Las declaraciones de Molina coinciden con las conclusiones del Reporte Anual 2025 del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (Olire), que destaca que durante el año pasado la dictadura Ortega-Murillo “desplegó un amplio abanico de mecanismos represivos”.
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Entre las formas de represión, el informe enumera arrestos arbitrarios, investigaciones penales sin fundamento, pérdida de nacionalidad, expulsión y destierro de líderes religiosos, prohibición de ingreso al país, y la imposición de severas restricciones al culto, tanto dentro como fuera de los templos. Olire es un programa de la Fundación Plataforma para la Transformación Social, una organización sin fines de lucro registrada en los Países Bajos.
“Se consolidó un modelo de control más silencioso y estructural, basado en la vigilancia permanente, el hostigamiento administrativo, la presión económica, las restricciones a las manifestaciones públicas de fe y la amenaza constante de sanciones legales”, agrega el informe.
Asimismo, resalta que el régimen buscó proyectar una imagen de cercanía con determinados sectores religiosos y que esto apunta a una “estrategia” de construcción de expresiones religiosas paraestatales, subordinadas a los intereses políticos y con la que refuerza el uso instrumental de la religión como mecanismo de control social.
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Religiosos bajo vigilancia
“Todos los obispos católicos en Nicaragua se encuentran bajo estricta vigilancia estatal. La Policía tendría instrucciones de monitorear y reportar detalladamente sus actividades, incluyendo reuniones, desplazamientos y el contenido de sus conversaciones”, subraya el documento.
Olire señala que entre enero y diciembre de 2025 se registraron 7 intentos de destruir, destrozar o profanar lugares de culto o edificios religiosos en Nicaragua; 27 lugares de culto o edificios religiosos fueron cerrados; reportaron 10 arrestos o detenciones de religiosos, 7 sentencias, 3 formas de ataque (abuso físico o mental); 7 ataques a casas o propiedades de creyentes, 3 ataques a tiendas, negocios o instituciones de creyentes; 62 personas obligadas a huir de su hogar, y 4 a huir del país.
La persecución religiosa en Nicaragua también ha sido documentada en los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU (Ghren). En estos se han reportado casi 8,000 prohibiciones arbitrarias de procesiones y actividades religiosas entre 2023 y 2024, detenciones arbitrarias de religiosos y fieles, hostigamientos, asaltos a templos e interrupción de cultos públicos que constituyen restricciones a la libertad religiosa.
