El rol de la Iglesia católica ha sido fundamental en la crisis de vulneración reiterada de derechos humanos que enfrenta Nicaragua, como consecuencia de las protestas cívicas que iniciaron en abril del año 2018.
La voz de los obispos y sacerdotes resonó ante la barbarie perpetrada por la Administración Publica Ortega-Murillo en contra de un pueblo desarmado. Una grey cansada de las arbitrariedades, ilegalidades, corrupción, nepotismo, impunidad, entre otros actos reñidos con la ley ejecutados por los “garantes” de la cosa pública.
La Iglesia católica optó por salir de sus púlpitos, abrieron las puertas de los templos, proporcionaron espacios de diálogo, hicieron frecuentes llamados a la paz, al respeto a vida humana y al cese de hostilidades. También promovieron jornadas de oración, exorcismos, atendieron a heridos, brindaron acompañamiento y consuelo a familiares de ciudadanos asesinados, secuestrados, presos políticos; entre otros.
La respuesta del Gobierno de Nicaragua en contra de las acciones desarrolladas por la Iglesia católica no se hizo esperar. De esa manera, la bonanza ficticia Estado-Iglesia que se había formado desde el año 2007, cuando el señor Ortega asumió nuevamente la Presidencia de Nicaragua, comenzó una etapa de declive hasta llegar a ser una relación hostil; caracterizada por agresiones, abusos y arbitrariedades en contra de los religiosos católicos.
Pero, la voz profética de la Iglesia católica ya había sido notable desde aquel mes de mayo del año 2014, cuando la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) entregó al señor Daniel Ortega, titular del poder ejecutivo, un documento de quince páginas que reflejaba no solo el sentir de los prelados, sino la vivencia diaria de la población. Uno de los puntos de la atinada carta expresaba: “Aun reconociendo los grandes esfuerzos de la Policía Nacional por garantizar la seguridad ciudadana y su lucha contra la delincuencia, es urgente poner fin a todo abuso de autoridad y maltrato de parte de la misma Policía frente a ciudadanos que reclaman sus derechos pacíficamente, e igualmente velar para que la Policía Nacional no caiga en la indiferencia y el desinterés para hacer prevalecer la justicia y salvaguardar la integridad de grupos indefensos de jóvenes, mujeres, comerciantes, etc., que se han visto atacados por algunos grupos violentos ante la mirada impasible de ellos como agentes del orden”.
Recientemente se publicó un estudio titulado “Nicaragua: una Iglesia perseguida (2018- 2022)” donde se compilan ciento noventa casos de agresiones en contra de la Iglesia católica. Según el documento, las hostilidades han sido enfocadas y destinadas principalmente a los templos católicos en un 49 %; el segundo grupo mayoritariamente afectado han sido los sacerdotes y obispos con un 40 % y otras hostilidades han obtenido el 11 %.
Las agresiones más comunes expuestas en el estudio fueron: pintas en las paredes, robos, mensajes anónimos amenazantes; agresiones, exilios de sacerdotes y obispos; obstáculos a organizaciones sin fines de lucro (OSFL) católicos, mensajes orales agresivos contra sacerdotes y religiosos por parte del presidente Daniel Ortega y vicepresidente Rosario Murillo, y profanaciones de templos.
Sin embargo, las cifras proporcionadas por el estudio pueden ser distantes a la real. La tendencia es que sea un dígito exponencialmente mayor debido a la escasa denuncia o publicidad de las mismas. A pesar de todo, la Iglesia católica sigue inquebrantable y aferrada a la palabra de Dios que dice: “Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias” (Evangelio según San Mateo, capítulo cinco, versículo once).
La autora es abogada, master en Corrupción y Estado de Derecho-Universidad de Salamanca, España.
