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Los nicaragüenses Esmeralda Martínez, Fernando Herrera y Luis Castro comparten el miedo y la zozobra a ser detenidos y deportados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. A pesar de que cuentan con procesos de solicitud de asilo en curso no se sienten protegidos y desconfían de los agentes migratorios.
Los nicaragüenses conversaron con el diario LA PRENSA y cambiamos sus nombre reales por su seguridad. Esmeralda Martínez reside en Texas y asegura que su estadía legal bajo el programa de Parole Humanitario se venció y, aunque tiene una solicitud de asilo en curso, no se siente segura, ya que este tipo de proceso migratorio está suspendido indefinidamente.
La nicaragüense llegó a Estados Unidos en julio de 2024 con el programa de parole humanitario, pero como muchos migrantes y nicaragüenses quedó expuesta a las políticas migratorias que implementó la administración de Donald Trump en Estados Unidos desde enero y que se prevé aumenten para el año entrante 2026. «Desde junio salió que habían anulado mi caso de parole humanitario y automáticamente mi permiso (de trabajo) dejó de ser válido«, cuenta al diario LA PRENSA.
A pesar de que permanece «ilegal» en Estados Unidos, Esmeralda ha conservado su trabajo, pero vive en medio de la zozobra. «Todos los días tengo miedo de salir o de que alguna de mis personas cercanas se vayan a encontrar al ICE, pero confío en Dios, que él nos protege», dice.
«No están respetando nada»
La nicaragüense trabaja en una guardería para niños y ha disminuido sus salidas a restaurantes o centros comerciales para evitar las redadas, además hace sus compras rápidas en los supermercados. «Evito irme por calles donde es muy concurrida la Policía y si veo la Policía me cruzo de calle», sostiene. También se ha aliado con migrantes latinos en grupos de Facebook para reportar la presencia del ICE o de las personas que trabajan como cazarrecompensas y evitar ciertos lugares.
Esmeralda tiene un proceso de solicitud de asilo en curso desde marzo pasado y no sabe si se completará porque «ya no están respetando nada, ni que tengas permiso ni nada, solamente te están llevando». Tramitó su nuevo permiso de trabajo recientemente y espera le llegue pronto. También está consciente que solo le durará 18 meses, tras la nueva medida que redujo la vigencia del permiso de trabajo para solicitantes y refugiados en Estados Unidos. Aunque se rehúsa a pensar que puede llegar antes de lo previsto a Nicaragua, Esmeralda dice que es una probabilidad porque aunque quiere terminar «sus sueños», sabe que al gobierno de Estados Unidos no le importa eso y la puede expulsar.
«Estamos ilegales para Trump»
Fernando Herrera es otro de los nicaragüenses en Estados Unidos que se enfrenta a las políticas migratorias de Donald Trump. Aunque cuenta con un permiso de trabajo vigente como parte de su proceso de asilo político y reside en el Estado de California, una zona históricamente a favor de los migrantes, se expone a ICE todos los días con su trabajo como conductor de la plataforma de transporte Uber.
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«Yo casi no me muevo al aeropuerto de Los Ángeles, porque si voy a dejar un pasajero, los aeropuertos son puntos migratorios, a mí en cualquier momento o a cualquier conductor de Uber lo pueden parar para pedir documentos y ya no sabés ahí si es la Policía o es un agente de ICE; y esta gente ni siquiera te respeta si tenés permiso de trabajo activo o no», dice vía telefónica Herrera.
Herrera llegó en diciembre de 2023 con parole humanitario a Texas y tuvo que mudarse a California previo a las elecciones presidenciales, que dieron como ganador a Trump, porque le advirtieron que la situación para los migrantes podía cambiar. «Para este gobierno todos los procesos de (Joe) Biden son ilegales. Toda la gente que entramos con parole estamos ilegales para Trump», se queja.
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El nicaragüense también asegura que siente temor de involucrarse en algún accidente de tránsito por lo que maneja con más precaución de la habitual. «Al final si me pasa algo, un accidente y aunque ya tenga mis papeles en regla, Dios no lo permita, pero puedo matar a alguien o herir gravemente a alguien me da miedo que ese sea un motivo de razón por el cual mi proceso no sea normal, sino que se agarren de eso y digan este va a ir detenido y va deportado porque no está legal», señala.
Sin desplazarse dentro de Estados Unidos
Herrera también asegura que estos cambios migratorios lo limitan a desplazarse vía aérea por Estados Unidos, ya que no cuenta con el Real ID, un documento de identificación estatal. «En teoría con el permiso del asilo me lo podrían dar pero a como sabes a veces pueden respetar las leyes a veces no las respetan», expone. Además asegura que tiene pendiente un trámite personal en el consulado nicaragüense y debe salir del estado, pero se siente expuesto a que lo detenga un agente migratorio si viaja por tierra, además del tiempo que le tomaría el viaje.
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Con toda esta situación, Herrera no sabe si asistiría a una cita migratoria próximamente para continuar con su proceso de asilo. «Corremos el riesgo de que te citen, querer cumplir con la ley y que al final por querer hacer las cosas bien te agarren y te deporten», finaliza.
«Mi permiso de trabajo no es garantía»
Luis Castro reside en Chicago. Aunque tiene un permiso de trabajo vigente por cinco años sabe que está expuesto al igual que todos los migrantes en Estados Unidos. «Cada día se pone mucho más compleja la situación, mucho más difícil, primeramente porque te llenás completamente de miedo al no saber cuál va a ser el próximo paso, cada día son normativas diferentes que dicta este gobierno», dice al diario La Prensa.
El nicaragüense llegó en octubre de 2023 a Nueva York con parole humanitario. Luego se mudó a Chicago, experimentó quedarse sin trabajo por la cancelación de los permisos de trabajo a los beneficiarios del programa y revela que usó los documentos de un amigo para trabajar mientras recibía su permiso de trabajo por asilo y «no quedar atado de manos por completo».
Castro está seguro que de las medidas migratorias buscan que todos los migrantes salgan de Estados Unidos, pero dice que no se puede quedar con el miedo y debe salir a trabajar para mantener a su familia en Nicaragua. «Es muy difícil quererse quedar en casa para protegerse, tenés que salir a trabajar con miedo», revela.
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Actualmente tiene dos trabajos: en una fábrica y en entrega de comida rápida a domicilio. Se mantiene atento a las noticias y nuevas normativas, así como a una plataforma para identificar puntos críticos de redadas o donde halla agentes de ICE.
Con su proceso de asilo, Luis dice que se siente a la deriva como muchos migrantes. «Tengo mi permiso de trabajo vigente, tuve la fortuna de agarrarlo por cinco años, pero el miedo siempre está, porque a pesar de que yo tenga mi permiso de trabajo eso no es garantía», finaliza.
Las tensiones entre los migrantes nicaragüenses aumentaron en los últimos días después de que se conocieran algunos casos de connacionales que fueron detenidos y deportados a pesar de que contaban con casos sólidos para recibir protección de Estados Unidos, como el caso de Juan Barillas, uno de los 222 nicaragüenses exreos políticos del régimen de Daniel Ortega que fue desterrado a Estados Unidos en 2023. Pasó detenido cuatro meses y fue deportado hacia Honduras.
Otro de los casos es el de Yadira Córdoba, madre de miembro de la Asociación Madres de Abril, quien permanece detenida en una cárcel en Texas mientras se resuelve su limbo migratorio, después de que se conociera que Nicaragua y Honduras se negaron a recibirla en un vuelo de deportación.
