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Juan Barilla, de 35 años, originario de San Miguelito, Río San Juan, fue deportado el 29 de noviembre a Honduras. Es el número 130 de la lista de los 222 expresos políticos, desterrados en febrero de 2023 a Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Más de dos años después, él asegura que vive con temor a una represión transnacional de parte de sus antiguos verdugos, mientras narra lo que vivió en manos de las autoridades migratorias estadounidenses.
Durante cuatro meses, Barilla estuvo en Luisiana a la orden del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE). «Un día menos pensado cuando estaba en la celda, los del centro de detención llegaron y me llamaron por mi nombre y me dijeron ‘alístate que te van a remover’. Me sacaron, llevaron al aeropuerto Alejandría en Luisiana. Iba encadenado de pies, mano y cintura, como un criminal (…) Eso fue una tortura, un calvario», lamentó Barilla en declaraciones a LA PRENSA.
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Ese fue el fin de una historia que inició con el destierro de Nicaragua y la llegada a suelo estadounidense, cuando recibió el parole humanitario, bajo la Administración de Joe Biden. Eso le permitió contar con permiso de trabajo y seguro social durante dos años. Miami, Florida, se convirtió en su primera residencia. Trabajó en el sector de la electricidad.
«Yo estuve haciendo las cosas muy bien, trabajando. A mí se me venció en febrero de 2025 mi permiso de trabajo y lo renové. También renové mi licencia, ¡todo!», recordó Barilla, quien sometió su caso de asilo político a los seis meses de haber llegado a EE. UU. Después vendrían los problemas.
Un error le cambió la vida
Decidió trasladarse a Luisiana por una oportunidad laboral. Una equivocación iba a marcar su destino migratorio. «Cometí un error», reiteró. El 5 de abril de 2025 fue detenido por la Policía local por conducir, bajo los efectos del alcohol. Inició entonces su calvario. Lo trasladaron a una cárcel del condado. Pasó 112 días en prisión, a pesar de que un juez ordenó su liberación tras cumplir su condena en cárcel por el delito de conducir en estado de ebriedad, o DWI por sus siglas en inglés (Driving While Intoxicated o Impaired).
«El juez me dijo que ya podía salir, pero la Policía me dijo que no podía, porque tenía una cita con ICE», dijo.
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En Estados Unidos, un DWI generalmente es un cargo tomado en serio, porque representa un nivel más alto de intoxicación. Abogados de inmigración explican en sus páginas web que, entre las sanciones, se incluyen cárcel, multas, suspensión de licencia y participar en programas de educación. Hay consecuencias graves para el estatus migratorio y no se puede eliminar ningún registro del incidente.
«Mi abogado me dijo que el delito posiblemente podría afectar en mi proceso de asilo. Pero nunca pensé que fuera así, porque mi caso de asilo era fuerte», afirmó. Barilla dice que tuvo la posibilidad de salir antes de la cárcel por medio del pago de una fianza de más de 1,000 dólares, pero su abogado le recomendó no hacerlo. Finalmente, el DWI quedó en su récord.
Cindy Blandón, abogada de inmigración en EE.UU., explicó a este Diario que una vez que Barilla ingresó a una cárcel federal, el cargo por DWI activó una alerta migratoria. «Aunque a la persona le concedan fianza o cumpla condena en el ámbito penal, ese antecedente alerta a ICE, que procede a recogerla y trasladarla a custodia migratoria», señaló.
Blandón subrayó que, bajo la actual administración, resulta irrelevante que el afectado tenga un sólido caso de asilo político, ya que la Fiscalía argumenta que quienes ingresaron a EE. UU. después de 2019 están sujetos a normativas y acuerdos vigentes entre Estados Unidos y países como Honduras o Guatemala.
Enfrentó un nuevo proceso de asilo desde el centro de detención
El ICE llegó por él a la cárcel entre el 17 y 19 de julio. Lo trasladó a un centro de detención en Winfield, Luisiana. Desde ahí, Barilla retomó su proceso de asilo, el cual ya estaba en trámite antes de su arresto. Para entonces, no contaba con recursos para pagar un abogado y decidió representarse a sí mismo ante la Corte de Inmigración. Durante varios meses compareció en al menos cuatro o cinco audiencias. Incluso ante dos jueces distintos.
«Yo le dije al juez que tomó mi caso que yo tenía un caso de asilo, y que incluso ya me habían tomado las huellas dactilares, tomado las fotos y sólo esperaba mi entrevista con la Policía de inmigración. Él me dijo que los procesos de la anterior administración fueron archivados y que ese era un nuevo proceso», describió.
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Según su testimonio, en esa segunda corte, el juez le pidió una carta de una persona que se hiciera responsable de él, una especie de fiador. Documentó entonces que su hermana vive en Ohio, porque ella es residente legal en Estados Unidos. Sin embargo, al presentarla en una audiencia posterior, otro juez asumió el caso y le indicó que no constaba información previa en el expediente.
«Mi hermana me hizo la carta firmada y notariada, pero cuando yo llego a la corte, el juez no era el mismo que estaba a punto de aprobarme el asilo. Le dije lo que me había pedido el otro juez, y me dijo que no; que no había nada relacionado en mi caso. Tampoco me dio la oportunidad de presentar mis pruebas», apuntó.
La Fiscalía solicitó el 15 de octubre que no se le concediera el asilo durante su última audiencia. Propuso, en cambio, otorgarle protección bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) de la ONU, con remoción a Honduras.
LA PRENSA obtuvo acceso a la documentación que recibió Barilla por parte de las autoridades estadounidenses. «El Departamento de Seguridad Nacional ha presentado una moción oral para suspender la solicitud por la siguiente razón: el otro demandado está sujeto al Acuerdo de Cooperación de Asilo con Honduras», indica el documento.
Barilla alegó temor por la represión transnacional del régimen de Ortega. «Le dije al juez que tenía miedo de Honduras, que es un país cercano y que el régimen puede alcanzarme ahí», contó.
El joven excarcelado expresó que no entendía por qué lo deportaban del país que hace dos años lo recibió. «Le dije: El gobierno de EE. UU. me sacó de prisión de Nicaragua. Me montaron en un avión y nos trajeron aquí y ahora usted no me quiere brindar un estatus, incluso le dije que yo estaba dispuesto a pasar más tiempo en el centro de detención, pero que no me deportará, pero me dijo que no, yo tengo que hacer cumplir la ley», señaló.
También insistió en que tenía sus documentos en reglas. Sin embargo, el juez rechazó el argumento por falta de pruebas y ordenó su deportación. «Yo le dijo que mi permiso de trabajo estaba vigente, y él me dijo que permiso de trabajo no era un estatus, que una residencia o ciudadanía me la respetaba un poquito, pero de lo contrario debía cumplir la ley», agregó.
Deportado a Honduras
Barilla finalmente fue deportado el 29 de noviembre. Después de la última corte, esperó todavía 45 días para que lo mandaran a Honduras. «Las autoridades de migración norteamericanas no te golpean físicamente, pero si te afectan psicológicamente por el trato», se quejó. Describió que primero fue llevado en un vuelo con destino a México, pero fue regresado al centro de detención.
Al día siguiente, lo subieron a un avión rumbo a San Pedro Sula, Honduras. «Allá nos recogió Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la ONU) me separaron a mí y a otras nacionalidades de los otros deportados porque somos perseguidos políticos. Pasamos el chequeo de Migración y nos montaron en unos microbuses y nos trasladaron a un centro para refugiados en Comayagua. Ahí estuve 15 días», recordó.
Actualmente se encuentra en Tegucigalpa, bajo un programa de protección temporal de Acnur, que incluye alojamiento, alimentación y trámites migratorios por un período limitado de tres meses. Aunque agradece la atención humanitaria, el excarcelado nicaragüense sostiene que no puede vivir ahí por el temor constante.
«Honduras es fronteriza con Nicaragua. Hay violencia y pandillas. El régimen de Ortega puede extender sus tentáculos hasta aquí», señaló.
Barilla contó que se arrepiente de no haber aplicado a la ciudadanía española. «No apliqué porque como estaba en EE. UU. y tenía un caso. Me dijeron que si aplicaba me iban a negar inmediatamente mi proceso de asilo. Pero me arrepiento», reconoció.
No obstante, él aseguró que buscará asesoramiento para solicitar una oportunidad de reubicación en un tercer país, porque no se siente seguro. «No puedo volver a Nicaragua. Allá me matan o me vuelven a meter preso», señaló.
Su caso pone en evidencia cómo los cambios drásticos en las políticas migratorias de Donald Trump alcanza a las víctimas del régimen de Nicaragua. Una situación similar enfrenta Yadira Córdoba, de 58 años y miembro de la Asociación Madres de Abril, que tiene una orden de deportación precisamente a Honduras, la cual no se ha ejecutado y que la tiene a ella y sus familiares en una situación de angustia. «Necesito que me saquen ya de aquí, no importa donde me manden», dijo en una grabación dirigida a Naciones Unidas, que hizo mientras se encuentra detenida en Estados Unidos.
Preso político en Nicaragua
Barilla fue secuestrado junto con otras cuatro personas en septiembre de 2020 por paramilitares y policías. Ocurrió en una finca en Chontales, tras su participación en el Movimiento Campesino, opositor al régimen. Fue acusado de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas, cargos que califica de fabricados.
En febrero de 2021, la juez orteguista Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Juicio, condenó a 20 y 27 años de prisión a cinco campesinos presos políticos. A él le impuso 27 años de prisión, de los cuales cumplió 29 meses en cárceles de máxima seguridad, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro mejor conocido como «La Modelo». Eso ocurrió hasta su destierro cuando el régimen lo mandó a Estados Unidos.
Según la denuncia que hizo en aquel momento su abogado defensor, Barilla sufrió maltrato de parte de los funcionarios del Sistema Penitenciario y recibió amenazas de muerte y extorsión de parte de presos comunes. Un ambiente de terror que dejó atrás con su expulsión de Nicaragua. En aquel febrero de 2023, el régimen de Ortega también privó de su nacionalidad a todos los que subieron al avión, el sistema judicial los acusó de traidores a la patria.
