En un nuevo intento por proyectar una imagen de «normalidad» en Nicaragua y desmentir las denuncias sobre la prohibición del ingreso de la Biblia a Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo recurrió al respaldo de al menos tres ministerios cristianos. Estos cerraron fila a su favor al asegurar en comunicados —divulgados por medios oficialistas— que en el país «hay libertad religiosa» y que «no existen prohibiciones que limiten el uso, traslado y entrega» de la Biblia.
La Federación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua (Fienic), la Convención Bautista de Nicaragua y la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua fueron los ministerios que se pronunciaron en defensa de la dictadura.
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«En la República de Nicaragua se mantiene vigente el pleno ejercicio de la libertad religiosa y de culto, permitiendo a las iglesias y ministerios cristianos desarrollar sus actividades espirituales, pastorales y evangelísticas de manera regular en todo el territorio nacional, conforme al marco legal establecido», indica el comunicado de Fienic.
«No existen prohibiciones que limiten el uso, traslado o entrega»
En los comunicados, por separado, los ministerios cristianos se refirieron a noticias divulgadas en medios de comunicación y redes sociales sobre la prohibición de la Biblia.
Fienic «aclara de forma responsable y categórica que no existen prohibiciones que limiten el uso, traslado o entrega de la Biblia en el país, realizándose estas acciones con normalidad y respeto a las disposiciones legales vigentes».



Por su parte, la Convención Bautista de Nicaragua indica que «tanto en el año 2025 como en el presente 2025, nuestra organización ha logrado distribuir alrededor de 20 mil Biblias en centros educativos penitenciarios, eventos juveniles públicos y en las comunidades donde nuestras iglesias tienen presencia».
Asimismo agradecen a Dios la oportunidad de predicar el evangelio, y «también a nuestras autoridades nacionales y municipales por el apoyo brindado».
La Conferencia Asamblea de Dios dijo también que «durante el presente año hemos importado y nacionalizado más de 12,500 Biblias, proceso realizado con total normalidad, transparencia y con el acompañamiento y respaldo de las instituciones del Estado, sin que nos haya notificado ningún cambio en esta disposición».
Agencias confirmaron y hubo denuncia internacional
Las denuncias de la prohibición de materiales de lectura, incluyendo libros, revistas, periódicos e incluso la Biblia, circuló en redes sociales.
De hecho, Central Line S.A., una empresa nicaragüense de capital costarricense que se dedica a la prestación del servicio de transporte internacional de pasajeros entre San José y Managua, sugirió en su cuenta de Facebook «evitar contratiempos« al viajar a Nicaragua y llevar libros.
Sumado a las denuncias en redes sociales, a inicios de diciembre se colocó un aviso en la empresa de transporte Tica Bus en Costa Rica, donde se informaba que no se puede ingresar con Biblias, revistas, ni periódicos a Nicaragua, según un reporte del portal Café con Voz.
Pero, además, la medida fue cuestionada por Christian Solidarity Worldwide (CSW), organización internacional que defiende la libertad religiosa. Según el portal Independent Catholic News, CSW habría confirmado esta política con representantes de Tica Bus en El Salvador y en Honduras.

En la imagen también se lee que no pueden llevarse drones, ni artículos cortopunzantes.
Tras el estallido de la crisis sociopolítica del año 2018, que fue reprimida dejando más de 300 muertos, la dictadura agudizó el control sobre la libertad religiosa en Nicaragua. Al punto de encarcelar a obispos, sacerdotes y pastores evangélicos, y a su vez prohibió cualquier congregación masiva en el país.
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En 2023, el régimen encarceló a once miembros del Ministerio Puerta de la Montaña (Mountain Gateway, en Inglés), quienes en marzo de 2024 fueron condenados a penas de entre de 12 y 15 años de cárcel, les impuso multa de 80 millones de dólares por persona y confiscó todos los bienes de la organización cristiana. Fue hasta septiembre de 2024, que la dictadura los excarceló y desterró a Guatemala.