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La circular del aparato judicial de la dictadura de Nicaragua busca confiscar bienes, anular gestiones de la diáspora y centralizar toda la fe pública en manos del régimen, a la vez que amenaza a la familia de los abogados en el exilio, según el jurista Yader Morazán.
La orden obliga a entregar protocolos notariales de notarios fallecidos, suspendidos o exiliados, afectando trámites de propiedad, poderes y herencias de miles de opositores despatriados.
El aparato de justicia controlado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió una circular interna el pasado 12 de noviembre, que ha desatado preocupación y denuncias dentro y fuera del país.
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El documento lo firman Róger Eduardo Martínez Domínguez, como secretario técnico del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, junto a los magistrados degradados Juana Méndez, Marvin Aguilar y Virgilio Gurdián.
Confiscación de protocolos notariales
El documento ordena que todos los protocolos notariales, libros, sellos y carnés pertenecientes a notarios fallecidos, suspendidos o que se encuentren fuera de Nicaragua sean entregados obligatoriamente a ese órgano del régimen en un plazo de 90 días.
Los responsables de hacerlo son los familiares o cualquier persona que conserve estos documentos, quienes deberán presentarlos en la Oficina de Recepción de Escritos (Ordice) en Managua.
La disposición rompe con décadas de práctica jurídica y, según especialistas, centraliza completamente la fe pública notarial en manos del régimen.
La propia circular advierte que, una vez ejecutada la entrega, solo el aparato judicial podrá expedir copias certificadas de escrituras antiguas.
Los notarios sustitutos o custodios ya no podrán hacerlo, lo que significa que la población y los exiliados quedan atados a la decisión del Estado para cualquier trámite vinculado a propiedades, herencias o poderes.
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“Violación al principio de la fe pública”
Para el abogado exiliado Yader Morazán, la medida tiene un alcance profundamente político y confiscatorio.
“La circular fusiona, de facto, estructuras notariales derogadas con la nueva organización impuesta por el régimen”, explica.
Esto, según él, representa “una violación directa al principio de centralización del depósito de la fe pública” y abre la puerta a la confiscación de propiedades abandonadas o en trámite de traslado.
El riesgo es especialmente alto para opositores despojados de su nacionalidad, víctimas de destierros exprés o exiliados desde 2018 que habían recurrido a mecanismos legales para proteger su patrimonio.
“Con esta disposición, el régimen invalida las gestiones que miles de exiliados han realizado desde 2018 mediante notarios en tránsito”, advierte Morazán.
Golpe al notariado en el exilio
El especialista detalla que durante años los exiliados se han apoyado en una práctica legal: cuando un notario nicaragüense viajaba al extranjero, llevaba su protocolo y podía autorizar escrituras, poderes generalísimos y otros actos válidos en Nicaragua.
“Era algo normal y completamente legal. La Ley de Notariado permite hacer gestiones fuera del país cuando se trata de transacciones entre nicaragüenses o trámites que surtirán efecto en Nicaragua”, explica.
Esto permitía regularizar bienes, firmar poderes, hacer traspasos y resolver asuntos urgentes sin regresar al país.
“Con la circular, el régimen inmoviliza por completo el ejercicio notarial en el extranjero. Es un mecanismo que ahorca jurídicamente a la diáspora y corta una vía que les permitía defender su patrimonio pese al destierro”, afirma.
Morazán califica la medida como “una nueva muestra de represión transnacional”, diseñada para impedir que la diáspora mantenga control sobre sus bienes y decisiones familiares.
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Control total sobre bienes, escrituras y familias
La circular no solo afecta a los notarios en el exilio. También impone obligaciones a familiares de notarios fallecidos, suspendidos o expulsados del país, incluso cuando estas personas nunca han ejercido la abogacía.
“Esto extiende la amenaza más allá del abogado y coloca presión directa sobre las familias”, denuncia Morazán. A su juicio, se trata de un mecanismo que favorece la sumisión, la migración forzada y la cooperación obligada con el régimen.
“Esta disposición es una herramienta confiscatoria con alcance político y patrimonial”, sostiene.
Su lectura es contundente: la Corte podrá revisar protocolos, invalidar actos jurídicos, revertir ventas o transacciones realizadas de buena fe y usar la documentación para acelerar expropiaciones.
Control absoluto
El jurista nicaragüense Héctor Mairena, también despojado de su nacionalidad, coincide en que la circular persigue un objetivo político claro: la captura total del ámbito notarial.
“Lo principal de esta medida es que la dictadura quiere tener un control absoluto sobre los protocolos de los notarios”, indicó a LA PRENSA.
“Eso significa que quieren controlar todas las escrituras que se emiten en Nicaragua, que normalmente tienen que ver con propiedades, transición de derechos, herencias, poderes”.
Para Mairena, la medida representa un cambio sin precedentes en la historia legal del país y forma parte del patrón de asfixia institucional y jurídica que el régimen ha desplegado desde 2018.
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Confiscaciones y abusos a la vista
Las voces consultadas coinciden en que la circular no es un trámite administrativo, sino otro eslabón en la estrategia de control total que el régimen ha extendido hacia todos los ámbitos de la vida privada de los ciudadanos, dentro y fuera de Nicaragua.
Al centralizar la documentación notarial de exiliados, despatriados y fallecidos, el régimen crea una estructura que facilita expropiar bienes, revertir gestiones pasadas y neutralizar a la diáspora como actor económico.
Morazán resume el impacto con claridad: “Es un paso más en la estrategia del régimen para controlar bienes, castigar el exilio y erosionar cualquier espacio de autonomía familiar o profesional fuera de sus fronteras”.
La circular sobre los protocolos notariales, advierten los expertos, forma parte de un proceso más amplio de acumulación de poder, silenciamiento de opositores y control patrimonial que afecta ya no solo a individuos, sino a generaciones enteras dispersas por el exilio.
