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La partida presupuestaria que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asignó para 2026, en materia de seguridad pública y defensa nacional, revela que la dictadura reconfigurará su sistema de orden público y seguridad. La nueva Procuraduría General de Justicia (PGJ) asumirá un rol destacado dentro de las políticas del régimen en este ámbito, desplazando por completo al Ministerio Público, institución que se subordinó este año tras la reforma a la Constitución que, pese a no estar vigente formalmente, se aplica de facto.
En 2025, el presupuesto de gastos contempló una partida de 721.6 millones de córdobas para la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Para 2026, la asignación a la PGJ ascenderá a 1,383.4 millones de córdobas.
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“El hecho de que incorporen al Ministerio Público como parte de la Procuraduría General de Justicia dentro del concepto de seguridad es el reconocimiento del rol que le han asignado a la PGJ, que es perseguir y enjuiciar a los ciudadanos que disientan del régimen, a quienes se perciben como opositores. Eso la asemeja a instituciones como la Policía y el Ejército, que sostienen al régimen mediante la represión”, explicó un analista consultado y quien pidió anonimato.
Absorbe el presupuesto del Ministerio Público
En la iniciativa que el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, presentó en octubre de 2024 —correspondiente al Presupuesto General de 2025—, el Ministerio Público aparecía dentro de la proyección de gastos en materia de seguridad pública e incluso figuraba en la tabla de las principales instituciones públicas dentro de esa partida. Este año, sin embargo, no se menciona a la institución en ninguna parte de la iniciativa de Ley del Presupuesto.
A criterio del especialista consultado, es muy probable que el presupuesto de la PGJ haya absorbido al del Ministerio Público, lo que explicaría el abrupto incremento entre la asignación que tuvo la PGR este año y la que tendrá la PGJ, su sucesora, el próximo.
“Si sumás la partida de gastos de la antigua PGR y del Ministerio Público para 2025, da un total de 1,106.89 millones de córdobas. Si comparás ambos presupuestos, el incremento de la PGJ —que ahora absorbe al MP— será de casi 25 por ciento entre 2025 y 2026. En una democracia, ese gasto debería aparecer en el ámbito de la justicia”, señaló el especialista.
Dictadura echó a andar por la fuerza a la PGJ
La Asamblea Nacional, bajo el control de la dictadura Ortega Murillo, aprobó el 6 de agosto en primera legislatura una reforma constitucional —la segunda desde que impuso una nueva Constitución en febrero de este año— mediante la cual se crea la PGJ, desapareciendo el Ministerio Público, cuyas funciones pasan a esta nueva entidad.
El 26 de agosto, los diputados aprobaron la Ley Orgánica de la PGJ, que convierte a la entidad en un superministerio dotado de amplias facultades, incluyendo la subordinación del Ministerio Público dentro de su organigrama.
Incluso antes de que apareciera publicada en La Gaceta, el régimen Ortega Murillo echó a andar la PGJ para acusar al exasesor presidencial en inversiones, Álvaro Baltodano, y a su hijo Álvaro Baltodano Monroy, de lavado de dinero, el 14 de agosto. Es decir, la dictadura aplicó la ley creadora de la PGJ y su reglamento presidencial sin que tuvieran vigencia constitucional.
Seguridad pública y defensa nacional
Nuevamente, el régimen de Ortega y Murillo destinará más del 10 por ciento del Presupuesto General de la República al orden público, seguridad y defensa de la soberanía en 2026. Los incrementos más significativos corresponderán a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua.
En materia de orden público y seguridad, la dictadura destinará el próximo año 12,293.5 millones de córdobas, mayor que los 11,544.4 que le destinó este 2025.
Por otro lado, en materia de defensa, destinó 5,320.8 millones de córdobas para el año próximo, mayor que los 4,240.5 millones asignados este año.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia mantendrá el mismo presupuesto, de 3,974.8 millones de córdobas. Esto representará el 2.4 por ciento del presupuesto de egresos de 2026.
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Cabe recordar que el 23 de noviembre de 2023, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Constitución Política y a la Ley Orgánica del poder judicial para eliminar el porcentaje mínimo del 4 por ciento del presupuesto de egresos que por ley se asignaba al poder judicial.
Afrenta al derecho a un juicio justo
Con la entrada en vigor de la nueva Constitución, los nicaragüenses perdieron las garantías de un juicio justo, al degradar al poder judicial y someterlo al control de la Presidencia. Con la reciente reforma mediante la cual el régimen resucitó la Procuraduría General de Justicia para eliminar al Ministerio Público, la dictadura terminó de desmantelar el último resquicio de independencia judicial en el país.
Según abogados especialistas consultados, esta concentración de poder implica que la institución encargada de acusar e investigar estará bajo control directo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esto elimina por completo las garantías procesales de los ciudadanos que enfrenten juicios.
“Continúa la destrucción de las garantías del debido proceso, porque ya no existen. Esas garantías dependen de la imparcialidad del juez y de quien te acusa o investiga. La centralización en el poder ejecutivo deja claro que no existe derecho a un juicio justo”, advirtió el abogado Danny Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), en declaraciones anteriores a LA PRENSA.
