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La Asamblea Nacional de Nicaragua presentó este martes 25 de marzo la nueva Ley orgánica del sistema judicial, bajo los preceptos de la reciente reforma constitucional que subordina oficialmente los poderes electoral, judicial y legislativo a la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
La nueva legislación fue presentada en la sesión plenaria de este martes y fue remitida a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos para ser dictaminada, como parte del proceso de ley. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo que la nueva ley judicial deberá ser aprobada a más tardar este jueves 27 de marzo.
Como todas las instituciones, la Asamblea Nacional nicaragüense esta bajo el control total de la dictadura Ortega Murillo, así que no tiene problemas en aprobar por unanimidad todas las leyes que envía la Presidencia.
Quitan funciones administrativas a los magistrados
Entre los cambios más relevantes, el Consejo Administrativo pasa a estar bajo el control de la Presidencia de la República, que está en manos de los dictadores. Antes estaba integrado por el presidente de la CSJ y dos magistrados que no integraban sala.
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La iniciativa establece que las funciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (Consejo) estarán subordinadas a la Presidencia de la República. También deja claro que los magistrados y magistradas de la CSJ se dedicarán exclusivamente a impartir justicia en Corte Plena y sus Salas.
El Consejo de Administración estará integrado por quienes la Presidencia de la República nombre mediante Acuerdo Presidencial, por un período de seis años.
El Conejo estará integrado por:
Coordinador o coordinadora, quien tiene la representacion legal administrativa y financiera del Sistema Judicial.
Director o directora general de carrera y gestión.
Director o directora general de inspectoría judicial.
Los requisitos para ser miembro del Consejo Administrativo no estipulan que debe ser magistrado y sólo «en el caso de las o los miembros del Consejo que asuman la Dirección General de Carrera y Gestión Judicial y la Dirección General de Inspectoría Judicial, deberán ser abogados».
Una fuente experta en el sistema judicial de Nicaragua manifestó que esto concreta la subordinación total de la CSJ a la Presidencia y los deja a los magistrados «sólo haciendo sentencias».
La fuente manifestó que los magistrados serán despojados de la administración de la institución que ellos mismos deberían dirigir, porque el Consejo estará integrado por funcionarios nombrados por Ortega.
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En noviembre de 2023, Ortega también había reformado la Constitución Política para quitarle al poder judicial el 4 por ciento fijo de asignación presupuestaria por ley y también le quitó el control sobre el Registro de la Propiedad, lo que confirmó que ese poder del Estado cayó en desgracia ante la dictadura Ortega Murillo.
10 magistrados
También, como ya se esperaba, la nueva ley establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ahora estará integrada por 10 magistrados en equidad de género, por un periodo de seis años.
La Ley judicial que está siendo derogada establecía que la CSJ estaba integrada por 16 magistrados, por un período de cinco años, algo negociado en el año 2000 tras el pacto entre el entonces presidente Arnoldo Alemán (1997-2002) y Daniel Ortega, que en ese momento encabezaba la oposición política.
En la década de los años ochenta, hasta 1995, la CSJ estuvo conformada por siete magistrados. Y con la reforma constitucional de 1995 aumentó a 12 magistrados.
Los magistrados oficialmente activos son 10: las magistradas Alba Luz Ramos (presidenta de la CSJ), Yadira Centeno, Juana Méndez y Ellen Joy Lewin Downs. Y los magistrados Marvin Aguilar, Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián, Armando Juárez, Manuel Martínez y Gerardo Arce.
Alba Luz Ramos (presidenta de la CSJ), Yadira Centeno, Juana Méndez y Ellen Joy Lewin Downs.
Sin embargo, extraoficialmente se sabe que la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, fue separada de sus funciones desde finales de 2023, cuando el poder judicial fue intervenido por la Policía orteguista, lo que significó numerosos despidos de jueces, secretarios, asistentes, personal administrativo, entre otros empleados.
Marvin Aguilar, Virgilio Gurdián, Armengol Cuadra, Armando Juárez, Manuel Martínez y Gerardo Arce.
Constitucionalmente se dejó establecido en la última reforma que deben ser al menos seis magistrados, por lo que se espera que dos magistrados sean depurados.
