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La Corte Suprema de Justicia nicaragüense, controlada en su totalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenó mediante una circular interna que todos los protocolos notariales, libros, sellos y carnés pertenecientes a notarios fallecidos, suspendidos o que estén fuera del país, deben ser entregados obligatoriamente a este Poder del Estado en un plazo de 90 días.
Los encargados de entregarlos son los familiares o personas que tengan esos documentos bajo resguardo, quienes deberán acudir a la oficina de recepción de escritos en Managua (Ordice), según la circular en manos de LA PRENSA.
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Con esta medida, si una persona necesita una copia certificada de una escritura antigua, ya no podrá acudir a donde el notario sustituto o custodio. Solo la Corte Suprema podrá emitirla, según expertos.
Un mayor control de abogados
«Lo principal de esta medida es que la dictadura quiere tener un control absoluto sobre los protocolos de los notarios, tanto de los protocolos actuales que están vigentes como de los anteriores», dijo a LA PRENSA Héctor Mairena, un abogado nicaragüense despojado de su nacionalidad.
«Eso significa que quieren tener un control total de todas las escrituras que los notarios emiten en Nicaragua y que normalmente tienen que ver con propiedades, transición de derechos, herencias, poderes», añadió.
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A su juicio, «esto castra la ley del notariado, eso hay que decirlo, que castra la ley del notariado que da la potestad a los notarios de ser fedatarios públicos», es decir, personas autorizadas por el Estado para dar fe pública de actos y documentos.
Según Mairena, el otro ángulo de estas disposiciones es que quieren controlar cuántos abogados y notarios públicos del país están fuera.
En 2023 anuló de manera “definitiva” los títulos de 26 abogados críticos de Daniel Ortega, entre ellos las juristas Vilma Núñez y Yonarqui Martínez, que han defendido a presos políticos. Martínez se encuentra fuera del país.
