Como parte de los abusos y violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que colocan a Nicaragua al borde de perder beneficios comerciales con Estados Unidos, el país norteamericano documentó evidencias sobre trabajos forzosos, trabajo infantil, trata de personas y servidumbre moderna en Nicaragua mediante falsas ofertas de empleo que derivan en explotación sexual, especialmente en las regiones del Caribe del país.
Así lo señala el Informe de la Sección 301 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), que expone las violaciones de derechos humanos cometidas por los Ortega Murillo y que constituyen criterios suficientes para una eventual suspensión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta) o la posible aplicación de un arancel del 100 por ciento a las exportaciones nicaragüenses hacia Estados Unidos, principal socio comercial del país.
La USTR inició una investigación sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua que contravienen la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. En ese proceso documentó evidencias de violaciones a los derechos humanos, laborales, a la propiedad y a la libertad religiosa cometidas por los Ortega Murillo, así como la eliminación de las protecciones del Estado de derecho.
Propaganda de educación
Según el informe, el régimen de los Ortega Murillo tolera el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y los abusos en los lugares de trabajo. Menciona que los datos más recientes muestran que el 47 por ciento de los niños nicaragüenses, entre 10 y 14 años, trabajan —unos 342,000 menores según el cálculo de EE.UU.—, muchos en minería de oro, canteras y producción de grava y piedra pómez, dice el informe citando al Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
Pese a que el régimen asegura promover educación gratuita, Estados Unidos afirma que no existe una edad mínima clara para la educación obligatoria, ni servicios adecuados para las víctimas de trata de personas. Además, indica que las instituciones encargadas de aplicar la ley carecen de recursos humanos y financieros, por lo que no cuentan con mecanismos de coordinación nacional para enfrentar el trabajo infantil.
Hasta 2023, Nicaragua tenía una población aproximada de 6,803,886 habitantes. De estos, al menos 1,970,588 tenían entre 0 y 14 años, según proyecciones del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) para el año 2023, contenidas en el Anuario Estadístico 2022. Cabe señalar que este fue el último compendio estadístico publicado por dicha institución, basado en proyecciones derivadas del censo de 2005.
Políticas insuficientes
La socióloga y feminista María Teresa Blandón aseveró que las respuestas para resolver la crisis de trabajo infantil de distintos gobiernos en Nicaragua han sido insuficientes.
«Recuerdo que en algún momento dijeron que iban a sancionar a los padres o madres que permitieran que los niños estuvieran en las calles, pero no hicieron más. Porque eso tiene que ver con la pobreza y también con la violencia; y si no hay una alternativa integral, el problema va a permanecer y se va a incrementar, como efectivamente ha pasado», dijo Blandón.
Violaciones históricas a las mujeres
El informe advierte que trabajadores denunciaron despidos arbitrarios, incluso de embarazadas o personas enfermas, y condiciones insalubres. Blandón señaló al respecto que en el caso de las mujeres, desde hace muchos años el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra denunciaba que se exigía un examen de embarazo para otorgarles o no el empleo, o que les pagaban salarios mínimos y luego las obligaban a hacer muchas horas extras para poder equilibrar el salario.
Incluso, según señaló Blandón, se denunció ampliamente que no se les permitía ir más de dos veces al baño y que se les imponía un tiempo límite para hacerlo; que no tenían condiciones mínimas para almorzar en las instalaciones; que no había atención médica cuando estaban expuestas a ruido; y que pasaban hasta 12 horas de pie.
«Es decir, la violación de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de zona franca ha sido una constante, al igual que la negación de su derecho a la organización sindical. Esto no es nuevo en Nicaragua. Ha sido una constante reducir los costos de producción a costa de los derechos de las y los trabajadores, incluyendo niños y niñas», dijo Blandón.
Lea además: EE. UU. está considerando imponer un arancel de hasta 100% a las exportaciones de Nicaragua
Esclavitud moderna y trata de personas
El informe menciona que estas prácticas, sumadas a la trata de personas, pueden ser consideradas como “servidumbre moderna”. Añade que el Índice Global de Esclavitud indica que 7.3 personas por cada 1,000 habitantes viven en condiciones de servidumbre moderna, y que el régimen no realiza esfuerzos significativos para eliminarla.
Según el informe, los tratantes se aprovechan de la pobreza y la falta de empleo ofreciendo falsos trabajos en restaurantes, hoteles, construcción y servicio doméstico, para luego explotar a las víctimas en trabajos forzosos o en explotación sexual, siendo los niños y las mujeres los principales blancos.
Este tipo de delitos se registra con mayor frecuencia en las regiones del Caribe, donde la pobreza, la criminalidad y la falta de presencia estatal incrementan la vulnerabilidad.
«Los tratantes explotan a niños en minería artesanal, agricultura y producción de drogas; algunos son forzados a mendigar en Managua y zonas turísticas», señala el informe.
Sin embargo, el régimen Ortega Murillo esconde información de casos de trata de personas. Los únicos datos oficiales que se conocen sobre trata de personas son los del Ministerio Público, a través de sus informes de gestión, mismos que fueron dados de baja de su sitio web. Según los informes, en poder de LA PRENSA, entre 2021 y 2023 esta instancia registró 13 casos de trata de personas.
«Sabemos que hay redes de trata que operan en todo el país; hay regiones más vulnerables, como la Costa Caribe, donde se mezclan varios fenómenos. También en los departamentos fronterizos con Honduras. No sabemos de una sola iniciativa, que tendría que ser incluso regional, donde participen los organismos de investigación de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua e incluso Costa Rica. No existe una sola política, ni nacional ni regional, para prevenir este flagelo que es la trata y que, como sabemos, tiene entre sus principales víctimas a las niñas», señaló Blandón.
También tráfico de migrantes
El informe es enfático al señalar que el régimen de los Ortega Murillo facilitó el tráfico de migrantes mediante vuelos chárter utilizados como ruta hacia Estados Unidos.
Según cifras del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), en 2021 llegaron al país 12,177 pasajeros a través de vuelos chárter internacionales, 3,904 de ellos en diciembre de ese año, cuando el régimen Ortega Murillo puso en marcha su política de “puertas abiertas” a la migración irregular. En 2022, último año con datos disponibles, la cifra de pasajeros que ingresaron al país mediante vuelos chárter aumentó vertiginosamente a 165,770.
Aunque la dictadura no reconoce estos delitos, Estados Unidos denuncia que los migrantes centroamericanos que transitan por Nicaragua también son víctimas de trabajo forzoso y explotación sexual a través de falsas ofertas de empleo.
Cierre de organismos promueve tolerancia a abusos
En lugar de enfrentar la situación del trabajo infantil en el país, Estados Unidos denuncia que la dictadura cerró organizaciones civiles que prevenían este abuso o que brindaban apoyo a las víctimas.
A criterio de Blandón, la falta de políticas por parte de la dictadura y la cancelación de organizaciones sociales en el país generan un «terreno fértil» para los abusos que denuncia el informe.
«Si no tenemos una política sostenida, con recursos públicos y auditables; si no hay recursos ni organizaciones de sociedad civil que trabajen en ese ámbito porque fueron clausuradas, entonces eso es un terreno propicio tanto para la explotación laboral de niños y niñas como para la explotación con fines de comercio sexual. Es un problema endémico y no hemos logrado avanzar durante casi dos décadas que tiene el régimen Ortega Murillo en el poder», consideró.
Lea además: ¿Qué significa el “mundo multipolar” que repite el régimen Ortega Murillo en sus discursos?
Dictadura incumple convenios internacionales
Según el informe, el hecho de que casi la mitad de los niños entre 10 y 14 años trabajen, incluso en condiciones de peligro, demuestra un incumplimiento de los convenios 138 (edad mínima) y 182 (peores formas de trabajo infantil) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambos ratificados por Nicaragua en 2011.
Aunque Nicaragua cuenta con la Normativa de Atención a la Persona Adolescente Trabajadora, aprobada el 24 de febrero de 2011 y que se apega a los estándares de la OIT, en la práctica no se implementa, según lo que se desprende del informe estadounidense.
Esta normativa fija la edad mínima de admisión al empleo en 14 años —permitido por el Convenio 138 para países en desarrollo— y reconoce la capacidad contractual desde los 16 años.
Además, el Acuerdo Ministerial JCHG-08-06-10, del Ministerio del Trabajo, publicado en La Gaceta, diario oficial, el 19 de agosto de 2010, establece un listado de trabajos peligrosos prohibidos a personas menores de 18 años en Nicaragua, algo que la dictadura tolera, según Estados Unidos.
Estos trabajos peligrosos están relacionados con labores en zanjas, cauces, techos, exposición a contaminantes químicos y biológicos, carga física excesiva, alta responsabilidad, ambientes con riesgo de abuso físico o sexual, vigilancia, manipulación de dinero y trabajo ambulante, entre otros.
