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El modelo de represión transnacional, ejecutado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, coincide con el patrón represivo aplicado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En ambos países, las acciones represivas que incluye dicho mecanismo, alerta el Instituto Casla, están en “incremento”.
El Instituto Casla, reconocido por su labor de defensa de derechos humanos, estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y colaboración con organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), advirtió que dicho modelo represivo transnacional afecta directamente a personas víctimas de persecución política y refugiadas en terceros países.
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El objetivo de este modelo de represión transnacional de las dictaduras en Nicaragua y Venezuela, señalan los defensores del Instituto, además de buscar «silenciar, es “impedir la organización de la oposición en el exilio, intimidar a potenciales críticos dentro del país y mantener la narrativa oficial en el exterior”.
“Esta política viola de forma flagrante tratados internacionales sobre derechos humanos y representa una amenaza directa contra la libertad, la integridad y la vida de cientos de personas en el exilio”, denunció el Instituto Casla.
Mismo patrón de acciones represivas
El Instituto Casla identificó como paralelismos entre los modelos de represión transnacional aplicados por ambas dictaduras, las acciones que incluyen: vigilancia y espionaje de los exiliados a través de infiltración en las comunidades y actos públicos; y amenazas y violencia directa, como hostigamiento, secuestros, atentados e incluso asesinatos fuera del país.
También, castigo directo a familiares a través de la persecución y encarcelamiento o represalias dentro de Venezuela y Nicaragua; campañas de difamación para desacreditar a los exiliados en medios de comunicación y redes oficiales; manipulación legal para criminalizar a los opositores en el exilio, utilizando leyes antiterroristas y activando alertas de búsqueda y detención a través de la Interpol; y despojo de nacionalidad o anulación de pasaportes para impedirles movilidad o protección
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El Instituto Casla denunció, en el comunicado que compartió en sus redes sociales, que las dictaduras de Venezuela y Nicaragua han llegado a un nivel extremo de persecución, que incluso atenta contra la vida de los exiliados.
En Venezuela, denunció la organización, esa violencia adquiere rasgos criminales con el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile y el atentado en Bogotá contra los defensores Yendri Velásquez y Luis Peche, atribuidos a redes vinculadas al régimen.
Y, en el caso de Nicaragua, el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam, en junio pasado en Costa Rica, señaló, también refleja ese patrón de hostigamiento, persecución y amenazas que busca silenciar a la disidencia incluso en el exilio.
Urgen protección para exiliados
Ante este modelo represivo ejecutado por ambos países, los defensores urgieron a la comunidad internacional, incluyendo a países de acogida de estas víctimas de la persecución de la dictadura de Nicaragua y Venezuela, “garantizar protección inmediata a quienes han sido amenazados o atacados a través de medidas efectivas, y garantizar que no habrá impunidad, sancionando a los responsables políticos y operativos”.
También, exhortaron a los países receptores a “respetar sus obligaciones con solicitantes de asilo, refugio político y protección de los perseguidos y defensores de derechos humanos” e “investigar con diligencia las amenazas públicas y montajes de casos judiciales contra disidentes en el exilio”.
