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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), documentó en su informe presentado el 23 de septiembre, el patrón sistemático y transnacional de represión que la dictadura Ortega Murillo dirige contra nicaragüenses exiliados. Lejos de limitarse a detenciones, procesos judiciales o asesinatos dentro del país, la persecución se extiende más allá de las fronteras, configurando un sistema de violaciones de “largo brazo”, diseñado para desmantelar vidas enteras y eliminar cualquier forma de oposición política.
Este patrón incluye eliminación de la identidad jurídica, destierro, desnacionalización, confiscación de bienes, hostigamiento de familiares y, de manera creciente, violencia física contra exiliados, particularmente en Costa Rica.
La privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense constituye uno de los mecanismos más visibles de esta estrategia. Desde febrero de 2023 hasta la divulgación del reporte, despojaron de su ciudadanía mediante resoluciones judiciales al menos a 452 nicaragüenses. La lista de afectados incluye dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, religiosos y empresarios. Esta medida la extendieron a un numeroso grupo de apátridas de facto que, al enfrentar precariedad migratoria y económica, les dificultan la supervivencia en el exilio.
La prohibición de ingreso al país afecta incluso a menores de edad, y obliga a algunas personas a pagar sobornos o firmar “cartas de arrepentimiento” para entrar. En 2024, una reforma a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, institucionalizó esta práctica al ampliar arbitrariamente la facultad estatal de negar la entrada a nacionales y extranjeros considerados “riesgo social”.
Represión crea aislamiento
La represión transnacional también se manifiesta a través de vigilancia digital, mediante una red de monitoreo de redes sociales, interceptación de comunicaciones y campañas de difamación a través de “granjas de troles”. Con ello desacreditan a opositores, afectan sus procesos de asilo y siembran miedo en comunidades de exiliados. En Costa Rica y otros países esto provocó un clima de desconfianza y aislamiento entre los nicaragüenses.
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El caso más alarmante es la violencia física contra los exiliados, con Costa Rica como escenario central. El asesinato, en junio de 2025 de Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército y crítico del régimen, marcó un punto de inflexión.
Él denunciaba públicamente el rol encubierto del Ejército en la represión y la existencia de células que operan desde la embajada nicaragüense en ese país. Su asesinato a balazos en su domicilio, reveló el alcance letal de la represión transfronteriza. A este caso se suman el asesinato en Honduras de Rodolfo Rojas, y dos atentados contra Joao Maldonado en Costa Rica.
La publicación de este informe coincide con el de la investigación de autoridades judiciales costarricenses, que señalan como presunto autor intelectual del crimen de Samcam a Pablo Antonio Robles Murillo, nicaragüense naturalizado en Costa Rica que tiene formación militar en Cuba y Rusia; está vinculado al Ejército de Nicaragua, a través de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar; y combatió en el Batallón Sócrates Sandino en los años 80.
La investigación indica que se reunió con altos mandos del Ejército nicaragüense, pero no lo han detenido porque, según reportes periodísticos regresó a Nicaragua el 7 de agosto de 2025.
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Represión exige respuesta urgente
La persecución transnacional, más visible en Costa Rica por ser uno de los principales destinos de los exiliados nicaragüenses, constituye una de las dimensiones más graves y recientes de la represión. El GHREN concluye que el modelo de represión expansiva pretende borrar la presencia política de la oposición en el exterior, y consolidar un sistema de impunidad y control absoluto.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) considera que esto exige mayores mecanismos de cooperación internacional y protección efectiva para las víctimas. Por tanto, se une al llamado que el GHREN hizo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la comunidad internacional, para que emitan una respuesta urgente, sustentada en el derecho internacional, que contrarreste esta represión transnacional.
Según el GHREN esto se lograría implementando medidas integrales de protección para los exiliados que les garanticen procesos justos y expeditos de asilo y refugio; promoviendo programas focalizados en grupos vulnerables, que incluyan entre otros beneficios el acceso continuo a educación y reconocimiento profesional; y extendiendo la protección prevista a los apátridas por decreto.
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También, reforzando el apoyo financiero y técnico a la sociedad civil y medios de comunicación; imponiendo sanciones dirigidas y realizando investigaciones que determinen la responsabilidad individual y la rendición de cuentas; e incluyendo las violaciones transnacionales en la negociación de acuerdos bilaterales, para articular respuestas coordinadas que frenen la impunidad y protejan a los exiliados.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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