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La vocera de la dictadura, Rosario Murillo, aseguró que el 31 de julio el régimen otorgará el beneficio de convivencia familiar a 1,500 presos comunes en distintos centros penitenciarios del país, sin vincular la medida —como suele hacerlo— a alguna celebración.
El régimen de convivencia familiar no cuenta con una base jurídica. Además, no está regulado por el Código Penal ni por el Código Procesal Penal nicaragüense, por lo que no cuenta con control judicial y responde más a una medida del régimen, acentuada por la subordinación absoluta de los poderes del Estado a la Presidencia, contemplada en la nueva «Constitución» sandinista.
«Estarán retornando a sus familias en convivencia familiar, una nueva oportunidad para avanzar en buenos caminos», dijo Murillo.
Los presos comunes serán liberados de los centros penitenciarios de Tipitapa, Matagalpa, Granada, Juigalpa, León, Estelí, Chinandega y Bluefields. Además señaló que 1,375 son hombres y 125 mujeres.
Según la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, entre 2015 y el 14 de febrero de 2025 se enviaron al régimen de convivencia familiar a 48,964 reos, a los que se suman los 1,700 excarcelados el 4 de mayo con motivo del «Día de la Dignidad», los 1,000 que liberó el 18 de mayo y los 1,500 que liberará este 31 de julio, totalizando 53,164 reos comunes liberados en casi 10 años.
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Fechas inventadas por la dictadura
Desde que el régimen Ortega-Murillo inició sus excarcelaciones, hasta este año, ha utilizado nuevas fechas como excusa para liberar a reos comunes. Por ejemplo, el 4 de mayo fue declarado «Día de la Dignidad Nacional» hasta ese mismo día de este año por la Asamblea Nacional; sin embargo, bajo ese argumento, Murillo anunció el 25 de abril que se otorgaría el perdón presidencial a 1,700 reos comunes, a pesar de que aún no se había oficializado la fecha como día de celebración.
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Para el 18 de mayo, el régimen también excarcelará a otro grupo de reos comunes, aunque no ha detallado la cantidad. El 19 de abril de 2024, el régimen excarceló a 1,500 reos con sentencia firme, en un intento por borrar la memoria de las protestas antigubernamentales de abril de 2018.
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«En realidad es una decisión que toma la pareja Ortega-Murillo sin seguir absolutamente ningún procedimiento. Entonces, nadie puede saber las razones y nadie puede saber ni siquiera el porcentaje de las penas. Bueno, por un lado, los delitos que han cometido estos reos comunes, ¿cuál es el nivel de gravedad de esos delitos? Eso es un tema que no está resuelto», señaló la socióloga María Teresa Blandón en declaraciones anteriores a LA PRENSA.