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Los reportes semanales de la Policía orteguista revelan la imparable actividad criminal en diferentes ciudades del país. Durante el año 2024, la Policía reportó unas 400 detenciones de delincuentes que cometieron delitos de alta peligrosidad, entre los que se cuentan homicidios, robos con intimidación y tráfico de drogas, sin embargo, ese mismo año fueron liberados más de 9,200 reos comunes que no habian cumplido sus condenas.
Para los expertos, los reportes policiales apenas ofrecen una pequeña y dudosa muestra de los actos delictivos que se cometen en todo el país, sobre todo porque las denuncias que llegan a las autoridades oficiales son de crímenes graves, que inevitablemente sobresalen en la sociedad, como son los homicidios, robos con armas de fuego a grandes negocios, narcotráfico, abigeato, mientras que los robos callejeros o en buses del transporte público, robos a casas, ni siquiera son denunciados ante la Policía, lo que significa que estos no entran a los reportes oficiales.
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Además, en Nicaragua desde hace años la Policía fue despojada de su calidad apartidaria, exhibiendo abiertamente la bandera del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lo que aleja más a los ciudadanos de hacer denuncias ante esta institución.

El consultor independiente y especialista en temas de seguridad, Roberto Orozco, manifestó que la Policía en Nicaragua es una institución dedicada al resguardo de la dictadura de Daniel Ortega y a la represión de las voces críticas y opositoras, por lo cual ha dejado de lado su misión tradicional de resolver y prevenir delitos.

A la vez, Orozco señaló que la instrumentalización político-partidaria de la Policía se traduce en una institución que no genera confianza, lo que hace que la ciudadanía no ponga sus denuncias ante esta institución.
«La tasa de denuncia refleja el grado de legitimidad que puede tener un cuerpo policial en la base social, porque a medida que la legitimidad es más alta, entonces la gente tiene confianza de ir a poner la denuncia, mientras que en la medida en que la legitimidad es más baja, como en el caso de Nicaragua, la gente no se siente con confianza en denunciar», dijo Orozco.
Entre la población es común que se escuche decir que «no sirve para nada» denunciar ante la Policía los robos callejeros o de domicilio, o que «es una pérdida de tiempo», porque «la Policía no hace nada». También la gente se queja de que cuando los policías llegan a agarrar a un ladrón o delincuente, los «sueltan en la esquina» o «a los pocos días salen de la cárcel».
La misma ciudadanía se da a la tarea de instalar cámaras de seguridad que puedan alertar de robos. En las redes sociales todos los días circulan numerosos videos donde se pueden ver robos, tanto a casas particulares como a comercios, pequeños negocios, tiendas de servicio, gasolineras, minisúperes. Sin embargo, ni con estas pruebas en las manos la ciudadanía denuncia ante la autoridad policial, sino lo que hacen es exponer y advertir a otros pobladores sobre los robos en esas zonas.

Liberan reos comunes cada tres o cuatro meses
A la par de que la Policía reporta semanalmente las detenciones de sujetos que cometen delitos de alta peligrosidad, la dictadura Ortega Murillo libera periódicamente a cientos de reos comunes que no han cumplido sus condenas. En 2024 fueron indultados más de 9,200 reos comunes.
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La misma vocera y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, dijo al anunciar 1,600 liberaciones de reos comunes en diciembre de 2024, que estos son liberados cada tres o cuatro meses bajo el régimen de convivencia familiar.

Los expertos en seguridad no dudan que los reportes periódicos de la Policía sobre los crímenes de alta peligrosidad estén estrechamente relacionados con la liberación de cientos de presos comunes.
Orozco manifestó al respecto que las mismas estadísticas policiales establecen que las tasas de delincuentes que vuelven a cometer delitos, son más altas en aquellos que han estado presos y salen de la cárcel sin cumplir su condena.
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Por eso cree que la liberación de reos comunes «está incidiendo directamente en el incremento no solo en la inseguridad del país, sino en la peligrosidad de la inseguridad».
«Si vos te fijás, los delitos que más se reportan son los de alta peligrosidad», dijo Orozco.
Para Orozco, las reincidencias también tienen que ver con la psicología del criminal. El experto explicó que si un delincuente preso es sacado a la calle sin cumplir su condena, el mensaje que se le está dando es que tiene impunidad para seguir delinquiendo.
«El delincuente entiende que si lo vuelven a echar preso, puede esperar nuevos ciclos de liberación para que vuelva a salir a hacer lo que está acostumbrado a hacer: asaltar, violar, robar, traficar droga, etcétera, etcétera…», dijo Orozco.
Población bajo un «riesgo muy grande»
Otro experto que habló bajo condición de anonimato también valoró que la dinámica de liberar a los reos sin cumplir sus condenas supone un «riesgo muy grande», porque se expone a la ciudadanía a la actividad delictiva de estos exconvictos, que aunque no todos salen a delinquir, es probable que la mayoría reincida.
«Gente incluso con condenas no cumplidas o que han sido indultados sin cumplir los requisitos establecidos en la ley para recibir ese indulto, están saliendo a las calles y como hemos visto en varios de los casos reinciden en cometer delitos y en la mayoría de los casos son delitos sumamente graves. Eso es, por ejemplo, el caso de algunos femicidios que han ocurrido cuando los agresores salen de la cárcel a matar a las víctimas», dijo la fuente.
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El experto observó el «gran desbalance» entre la liberación de reos comunes y la reducida captura de delincuentes.
«Esas detenciones y la realidad de los indultos masivos que se han estado realizando en Nicaragua incrementan la percepción de inseguridad de todas las personas, sobre todo porque hay casos en los que estas personas salen para reincidir, ya sea para cometer robos o ya sea cometiendo actos de violencia, agresiones y asesinatos», dijo el experto.
Ambos expertos coincidieron en que todo este contexto aumenta la percepción de inseguridad y el temor a ser asaltado en las calles, lo que mantiene a la población en un constante estrés y miedo.
De acuerdo con los datos del Latinobarómetro (2015, 2016, 2017, 2018, 2020), la percepción de la seguridad como un problema disminuyó en todos los países de la región centroamericana. El declive más importante se produjo en 2020, según el estudio. Sin embargo, las estadísticas no incluyen a Nicaragua por la falta de actualización de sus datos.