Ortega y Murillo convierten cualquier fecha en pretexto para liberar reos comunes

De la mano con la radicalización del régimen y la imposición de un nuevo Estado autoritario, con la entrada en vigor de la nueva constitución sandinista, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso en marcha este año más indultos en fechas que anteriormente eran poco comunes, como el «Día de la Dignidad», el 4 de mayo, y el 18 del mismo mes, en homenaje al nacimiento de Augusto Calderón Sandino en 1895.

Según la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, entre 2015 y el 14 de febrero de 2025 se enviaron al régimen de convivencia familiar a 48,964 reos, a los que se suman los 1,700 excarcelados el 4 de mayo con motivo del «Día de la Dignidad», para un total de 50,664 hasta esa fecha.

Murillo también anunció el jueves que el 18 de mayo indultará a otro grupo de reos comunes, en honor al nacimiento de Sandino, sin explicar el número (por primera vez no especifica a cuántos reos excarcelarán).

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El régimen de convivencia familiar no cuenta con una base jurídica. Además, no está regulada por el Código Penal ni por el Código Procesal Penal nicaragüense, por lo que no cuenta con control judicial y responde más a una medida del régimen, acentuada por la subordinación absoluta de los poderes del Estado a la presidencia, contemplada en la nueva «Constitución» sandinista.

Fechas inventadas por la dictadura

Desde que el régimen Ortega-Murillo inició sus excarcelaciones, hasta este año, ha utilizado nuevas fechas como excusa para liberar a reos comunes. Por ejemplo, el 4 de mayo fue declarado «Día de la Dignidad Nacional» hasta ese mismo día de este año por la Asamblea Nacional; sin embargo, bajo ese argumento, Murillo anunció el 25 de abril que se otorgaría el perdón presidencial a 1,700 reos comunes, a pesar de que aún no se había oficializado la fecha como día de celebración.

Para el 18 de mayo, el régimen también excarcelará a otro grupo de reos comunes, aunque no ha detallado la cantidad. El 19 de abril de 2024, el régimen excarceló a 1,500 reos con sentencia firme, en un intento por borrar la memoria de las protestas antigubernamentales de abril de 2018.

«En realidad es una decisión que toma la pareja Ortega-Murillo sin seguir absolutamente ningún procedimiento. Entonces, nadie puede saber las razones y nadie puede saber ni siquiera el porcentaje de las penas. Bueno, por un lado, los delitos que han cometido estos reos comunes, ¿cuál es el nivel de gravedad de esos delitos? Eso es un tema que no está resuelto», señaló la socióloga María Teresa Blandón.

Reos reciben inserción vocacional, pero el régimen no expone resultados

El Ministerio del Interior (MINT), instancia de la que depende el Sistema Penitenciario Nacional, aseguró en el informe de liquidación del año pasado —publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público— que se garantizó alimentación y condiciones básicas a 20,379 presos. Esta cifra sirve como base para estimar la cantidad mínima de reos en el sistema penitenciario del país durante el año pasado.

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De esta cantidad de presos, el sistema penitenciario integró a 2,174 en cursos de capacitación técnica vocacional; a 3,549 en programas educativos; y a 12,390 en actividades deportivas y culturales, para un total de 18,113. No obstante, la dictadura no expone los resultados de la integración de los reos comunes a los programas, así como tampoco se conoce si los excarcelados participaron en esos cursos.

Índice de reincidencia

Según la vocera de la dictadura, hasta el 14 de febrero un 7.2 % de los reos comunes excarcelados habían reincidido. Esto representa que, hasta esa fecha, de los 48,964 reos excarcelados, al menos 3,525 reincidieron entre 2015 y el 14 de febrero de este año.

«Nos dicen que un 7.2 por ciento son los que han reincidido, que yo insisto que pueden ser más, porque la información en esta dictadura nunca es veraz. Siempre hay que dudar de las cifras que nos dan. Pero aun así, ¿cuál es la gravedad de los delitos que cometen?», señaló Blandón.

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«Ya sabemos que algunos han cometido femicidio, violación, intento de femicidio o violencia física grave contra mujeres, niñas y también contra otros hombres. O sea, ¿y qué hace el Estado? ¿Qué hace para prevenir esto?», añadió.

¿Por qué los libera la dictadura?

A consideración de Blandón, la dictadura libera a los reos comunes para reducir gastos y someterlos con fines políticos.

«Y los obligan a hacer cosas, a servirle al régimen, incluso para estos fines de aterrorizar a la sociedad. Por ejemplo, en estos miles de paramilitares que aparecen encapuchados en los actos públicos, pues sabemos que hay gente que fue excarcelada en estos últimos años», señaló.

«Es un acto también de manipulación, en el que muchas de estas gentes que salen de la cárcel —pero también sus familias— pasan a convertirse en rehenes de la dictadura, porque están amenazados también en el sentido de que, si no hacen lo que les mandan, también los pueden volver a meter a la cárcel», añadió.

Población bajo un «riesgo muy grande»

Un especialista en seguridad ciudadana que habló en entrevistas anteriores bajo condición de anonimato, también valoró que la dinámica de liberar a los reos sin cumplir sus condenas supone un «riesgo muy grande», porque se expone a la ciudadanía a la actividad delictiva de estos exconvictos, que aunque no todos salen a delinquir, es probable que la mayoría reincida.

«Gente incluso con condenas no cumplidas o que han sido indultados sin cumplir los requisitos establecidos en la ley para recibir ese indulto, están saliendo a las calles y como hemos visto en varios de los casos reinciden en cometer delitos y en la mayoría de los casos son delitos sumamente graves. Eso es, por ejemplo, el caso de algunos femicidios que han ocurrido cuando los agresores salen de la cárcel a matar a las víctimas», dijo la fuente.