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Nicaragüenses de organizaciones de la sociedad civil en el exilio participaron de manera virtual en el 193 período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunciaron la crisis sociopolítica que persiste en Nicaragua y la represión transfronteriza que persigue al exilio nicaragüenses.
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Una de las participante fue Claudia Vargas, viuda del opositor asesinado mayor en retiro Roberto Samcam; también participaron la directora de Urnas Abiertas, Olga Valle; la opositora política Azahalea Solis; la activista democrática Claudia Pineda; las hijas de opositores presos, Sadie Rivas y Tininiska Rivera. Además, Carlos Quesada y Adolfo Lara, miembros de la organización Raza e Igualdad.
El tema que más se repitió en la audiencia fue el caso del mayor en retiro Roberto Samcam, asesinado a balazos en su casa de San José, Costa Rica, donde vivía en el exilio desde 2018.
Samcam era un ex militar disidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder en Nicaragua, que nunca calló sus críticas y denuncias contra la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
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Su viuda, Claudia Vargas, fue una de las expositoras y pidió a las organizaciones de derechos humanos acompañar a las autoridades de Costa Rica en la investigación del asesinato de su esposo, que no duda fue ordenado desde Nicaragua por el régimen Ortega Murillo.
«Costa Rica hoy tiene una oportunidad histórica, la de honrar su tradición democrática y pacífica, investigando a fondo este caso y no solo un deber jurídico, es una obligación ética y los organismos de derechos humanos deben de acompañar a Costa Rica en este proceso y también deben de acompañar a los defensores de derechos humanos», dijo Vargas.
Cercanía geográfica es un riesgo para exiliados
En su intervención, Azahalea Solis mencionó los dos ataques armados contra el también opositor Joao Maldonado y al menos seis asesinatos de opositores exiliados en Honduras y en Costa Rica, que se sospechan fueron orientados por el régimen orteguista.
«Las personas consideradas opositores son objeto de vigilancia, persecución y hostigamiento fuera del territorio de Nicaragua, principalmente en Costa Rica, aunque también se han podido registrar casos de personas que residen en Guatemala, es decir, la cercanía geográfica de Nicaragua constituye un factor clave que aumenta el riesgo, la exposición, la inseguridad de personas exiliadas»,
Apatridia como arma represiva
La directora de la organización de fiscalización electoral Urnas Abiertas, Olga Valle, denunció la institucionalización de los mecanismos de privación arbitraria de documentos de nacionalidad nicaragüense, tanto a opositores como a sus hijos o familiares.
«Es importante señalar que la falta de documentación coloca a las personas en una desprotección equivalente a la de apátrida, por eso sostenemos que la práctica de no renovar pasaportes o negar otro tipo de documentos de identidad conduce al despojo de la nacionalidad de facto a las y los nicaragüenses», relato Valle.
También señaló la negativa a renovar el pasaporte y otros documentos a menores de edad, hijos de opositores, concretamente para impedir que viajen al extranjero a reunirse con sus familiares.
Extorsión a nicaraguenses que insisten en regresar a su país
Además, Valle denunció un esquema de extorsión a nicaragüenses que se les ha impedido regresar al país, que en su insistencia, las autoridades corruptas del orteguismo les cobran hasta mil dólares por revisar su caso y si deciden autorizar su entrada al país, deben de pagar entre 5 y 60 mil dólares, según lo relatado por algunos testigos.
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Valle además denunció el incremento de personas impedidas de regresar a Nicaragua, aunque no estén relacionadas con opositores, lo que se considera otra modalidad de la apatridia de facto. El Grupo de Expertos de la ONU documentó 259 casos de personas a quienes se les prohibió el regreso al país hasta marzo de 2025.
«Los funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería recibieron órdenes de negar el ingreso si encontraban en internet publicaciones contra el gobierno por parte de la persona en cuestión», agregó Valle.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos
El período de sesiones de la CIDH es el tiempo en que este organismo celebra reuniones para discutir y abordar temas relacionados con los derechos humanos en las Américas.
