El asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio en su vivienda en Moravia, San José, Costa Rica, reactivó el debate público sobre la represión transfronteriza. La principal hipótesis sugiere que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo opera mediante una red de agentes dedicados a vigilar y hostigar a opositores y voces críticas en el exilio, una práctica que también aplican aliados de la dictadura, como China, Rusia e Irán, en sus respectivos contextos.
La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, que están indagando el crimen, no descartan que se trate de un asesinato con motivación política, dado el perfil opositor de Samcam, quien se encontraba exiliado en Costa Rica desde 2018.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN) advirtió el martes que no se puede descartar la participación del régimen de Ortega y Murillo en el asesinato, ya que este acto se enmarca dentro de un «patrón» sistemático empleado por dictaduras para atacar a opositores en el exilio.
«Hemos documentado que las violaciones de derechos humanos contra los nicaragüenses por parte del Gobierno no terminan en la frontera del país», dijo Ariela Peralta, integrante del GHREN.

Más de mil casos en el mundo desde 2014
La organización Freedom House también ha advertido sobre este fenómeno. Según sus investigaciones, periodistas, activistas, exiliados, líderes sociales y defensores de derechos humanos son blanco de lo que define y documenta como represión transnacional.
De acuerdo con esta organización, el impacto de estas prácticas es profundo, ya que incluso quienes no son directamente atacados pueden optar por guardar silencio ante el temor que generan.
Freedom House ha documentado 1,034 casos de represión transnacional en 100 países receptores de población exiliada, perpetrados principalmente por China, Turquía, Arabia Saudí, Rusia e Irán.
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El informe Aún sin seguridad: Represión transnacional en 2022, publicado en 2023, incluye el caso del opositor Rodolfo Rojas, hallado muerto en Honduras. Su familia sospecha que fue atraído desde su exilio en Costa Rica.
La organización documenta que al menos 38 gobiernos han empleado tácticas como asesinatos, detenciones arbitrarias, amenazas físicas o digitales y coerción mediante terceros para silenciar a disidentes desde 2014. Aunque Nicaragua no figura entre los diez países más señalados, los casos vinculados al régimen reflejan un patrón similar de persecución extraterritorial.
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Crimen de persecución
El abogado Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que aunque la represión transfronteriza no está tipificada como delito en el derecho internacional, sí lo está el crimen de persecución, definido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Valdivia sostiene que este crimen se ha cometido de forma sistemática desde 2018 y que ha traspasado las fronteras de Nicaragua.
«Es decir que cuando hablamos de represión transnacional o transfronteriza, hablamos del crimen de persecución fuera del territorio de Nicaragua. Desde el colectivo, lo que hemos denunciado es el crimen de persecución como crimen de lesa humanidad que ha trascendido la frontera de Nicaragua. Es importante verlo así, no como simples violaciones de derechos humanos, sino como crimen de persecución», señaló Valdivia.
Aunque los términos “represión transnacional” y “represión transfronteriza” se emplean con frecuencia como sinónimos, existe una distinción conceptual. La represión transfronteriza se refiere a actos represivos que cruzan fronteras cercanas o inmediatas, como el hostigamiento de exiliados en países vecinos. En cambio, la represión transnacional implica cualquier acción de un Estado para perseguir, intimidar o silenciar a disidentes fuera de su territorio, sin importar la distancia. Este último es el término preferido por organizaciones que estudian el fenómeno, como Freedom House.

Dictaduras aliadas a Ortega practican represión transnacional
China encabeza la lista de países que practican la persecución transnacional, con un 30 por ciento de los casos físicos atribuidos por Freedom House entre 2014 y 2022. Uno de los casos más emblemáticos es el de Ersin Erkinuly, ciudadano de etnia kazaja que huyó de Xinjiang ante el riesgo de terminar en un campo de detención chino.
Tras su paso por Turquía y su llegada a Ucrania para solicitar asilo, las autoridades lo arrestaron, y diplomáticos chinos ejercieron presión para forzar su repatriación. Luego de la invasión rusa a Ucrania, Erkinuly logró escapar hacia Europa, pero las autoridades alemanas lo detuvieron nuevamente.
Rusia ha intensificado su persecución transnacional desde la invasión a Ucrania. Entre los casos más notorios está el de Evgeniya Baltatarova, periodista originaria de Buriatia, arrestada varias veces en Kazajistán por aparecer en listas rusas de personas acusadas de difundir “noticias falsas” sobre el ejército. Las detenciones se ampararon en la Convención de Minsk, que permite la cooperación entre países postsoviéticos.
Otro caso relevante es el de Mikhail Zhilin, oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), quien huyó de Rusia para evitar ser reclutado por el ejército. Aunque solicitó asilo, las autoridades de Kazajistán lo deportaron antes de que concluyera su proceso legal, en una acción que, según sus abogados, violó la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados.
En el caso de Irán, un hecho ilustrativo fue el intento de atentado en Brooklyn, Nueva York, donde un hombre armado con un fusil AK-47 tocó la puerta de la casa de un periodista iraní exiliado, crítico del régimen.
«Ortega ha aprendido de estos regímenes. Así como han hecho persecución digital con ayuda de China y Rusia, también han replicado la persecución transnacional. Lo preocupante es que está ocurriendo en Costa Rica, un país con independencia de poderes y reputación de seguridad. Pero hoy, el Poder Ejecutivo se ha quedado corto», dijo Valdivia.

El riesgo de no investigarlo
Valdivia advirtió que, como ocurre con otros crímenes graves, la falta de una investigación profunda podría incentivar la repetición de estos hechos.
«El punto no es la protección individual, sino investigar y nombrar esta persecución por lo que es. Investigar y permitir el apoyo de países como Estados Unidos, España y otros aliados democráticos es fundamental», dijo Valdivia.
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El abogado recomendó que los exiliados en Costa Rica denuncien cualquier amenaza o acto de vigilancia ante la Fiscalía, el OIJ o mediante organizaciones de derechos humanos.
El informe de Freedom House subraya la gravedad de la represión transnacional, caracterizándola como una práctica sistemática y global de regímenes autoritarios. Lejos de ser hechos aislados, asesinatos, secuestros, deportaciones ilegales y amenazas digitales conforman un patrón de violencia destinado a silenciar voces críticas más allá de las fronteras nacionales.