Julio César Dávila tiene varios meses viviendo en el albergue de una organización que trabaja con la comunidad LGTBI, en la ciudad de Guatemala. Tiene que vivir ahí porque desde enero de 2025 las organizaciones que les ayudaban para pagar los alquileres ya no tienen más recursos, debido a los recortes que ha hecho la administración del presidente Donald Trump a organismos de asistencia para refugiados y otras organizaciones a nivel mundial.
Antes de ser secuestrado por el régimen el 8 de agosto de 2023, Dávila se desempeñaba como corredor de bienes raíces en el sector de la Colonia Mántica, en Managua. Dávila fue expulsado del país junto a otros 134 excarcelados políticos que la dictadura envió a Guatemala el 5 de septiembre de 2024 y los despojó de su nacionalidad.
De familia con vínculos históricos con el Frente Sandinista, se convirtió en opositor antes del estallido de las protestas de 2018. Fue parte del Movimiento Renovador Sandinista (MRS ahora Unamos) y durante las protestas fue uno de los rostros visibles en Ciudad Sandino. Coordinó acciones con la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), hasta que los conflictos internos lo llevaron a alejarse de la estructura, aunque siguió militando desde una organización de la diversidad sexual.
Sobrevivir en Guatemala
Recientemente, empezó a vender nacatamales los fines de semana. «Puedo vender 25 o 30, quisiera hacerlo más días, pero no puedo», cuenta vía telefónica a LA PRENSA.
De las 135 personas desterradas de Nicaragua hacia Guatemala en septiembre de 2024, alrededor de 20 lograron trasladarse a Costa Rica, mientras que otros encontraron refugio en Estados Unidos y España.
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La mayoría fue admitida en Estados Unidos a través de distintos programas de reasentamiento. Sin embargo, desde enero de 2025, una parte de los excarcelados permanecen en Guatemala, sin una solución migratoria definitiva, enfrentando condiciones precarias y sin acceso pleno a derechos laborales, salud o estabilidad legal.
Julio forma parte de este grupo al que le negaron su entrada a Estados Unidos. “Varios de mis hermanos desterrados han tenido que dormir en parques varias noches, pero no perdemos la esperanza en que pronto tendremos respuesta”, cuenta.
Dos trabajos para sobrevivir
El 4 de abril de 2023, Jasson Salazar, de 26 años, fue arrestado en su casa en Managua. Era vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de Abril.
Su captura se dio sin orden judicial y en medio de un fuerte operativo policial, justo antes del aniversario de las protestas de abril. Fue llevado al Distrito III de Policía en Managua, donde permaneció 72 días sin que su familia supiera nada. Al día siguiente de su captura fue presentado en una audiencia secreta, sin abogado defensor. Lo acusaron de «ciberdelitos», «traición a la patria» y «difusión de noticias falsas».
Fue trasladado a la cárcel La Modelo el 9 de junio. Su juicio fue el 8 de agosto, completamente virtual, sin acceso a expediente ni pruebas en su contra. La represión fue también psicológica: aislamiento prolongado, amenazas constantes, sin contacto real con el mundo exterior. Fue sentenciado, sin garantías, como parte de la criminalización sistemática contra la juventud opositora.
En diciembre de 2024 logró llegar a Estados Unidos. Fue uno de los primeros en entrar bajo la nueva oleada de desterrados que lograron conseguir una respuesta afirmativa a sus peticiones de reasentamiento.
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El clima fue un golpe inesperado. «Llegué en invierno. No conocía el frío así. Fue durísimo». Tampoco recibió apoyo institucional: los programas de ayuda fueron recortados. Con 29 años, hoy trabaja hasta 14 horas al día en dos empleos. No revela el estado donde vive, por razones de seguridad.
En Nicaragua recuerda su vida como estudiante de Derecho en la Universidad Politécnica (Upoli), era el mejor estudiante de su clase y ya había comenzado a hacer sus pasantías.
Ahora el día se le va entre sus dos trabajos. Aún tiene sentimientos encontrados cuando habla de su experiencia como preso político, pero recuerda con exactitud muchos detalles de su paso por las cárceles de la dictadura.
Está empeñado en mejorar su inglés y sueña con entrar a la universidad y sacar una maestría. Dice que lo más duro ha sido aceptar que «lo que uno es en Nicaragua, no lo es aquí». A pesar del agotamiento, no quiere desconectarse de la realidad nicaragüense.
Es consciente de los cambios de las políticas migratorias que se están produciendo en Estados Unidos, pero eso no evita que reflexione sobre cómo puede seguir aportando desde el exilio a la lucha por la libertad en Nicaragua: «Aquí tengo derechos, pero no soy ciudadano. Lo acepto y trato de vivir con eso».
Anner, entre la memoria de su pasado
Anner Herrera tenía sólo 16 años cuando fue arrestado en abril de 2023 por usar una camiseta conmemorativa del 19 de abril, fecha clave de las protestas contra el régimen en 2018.
Era estudiante de secundaria en Jinotega, con excelente rendimiento académico. La Policía lo acusó de «incitación al odio» y lo mantuvo encarcelado 14 meses. Lo que más lo marcó fueron las amenazas constantes, el hostigamiento y el aislamiento. Su madre fue su principal apoyo desde afuera.
En noviembre de 2024 llegó a Estados Unidos. También fue uno de los primeros desterrados que logró ser reasentado en Estados Unidos. Hoy vive en Illinois con otros cuatro nicaragüenses que conoció al llegar. El clima ha sido un reto: «Desde que vine no se siente nada más que frío. Nada de verano».
Trabaja en construcción 10 horas diarias, seis días a la semana. Los domingos aprovecha el tiempo: «Ese es el día que me levanto tarde, lavo la ropa y descanso». Estudia inglés con la esperanza de aplicar a una universidad.
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Extraña el aire de las mañanas en Jinotega, la comida típica, su mamá, el sonido de los bates en el campo de beisbol. Aún no practica deportes, pero desea volver a hacerlo pronto.
Tiene claro que debe seguir trabajando y estudiando, es algo en lo que piensa día a día. «Extraño hasta el ruido de los gallos», dice con nostalgia. Su madre le recuerda a diario que estudie y se cuide.
Un éxodo forzado, silenciado y disperso
Desde 2018, más de 600,000 nicaragüenses han huido del país por razones políticas o económicas, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
451 han sido formalmente desterrados y desnacionalizados. Muchos fueron enviados sin documentos y con estatus migratorio incierto.
Julio César Dávila es quien ha tenido peor suerte de los tres entrevistados, aunque sigue siendo optimista. Recientemente comenzó su proceso para ser reasentado en Canadá, pero aún aguarda una respuesta.
“Espero que pronto mi situación se responda, yo tengo mucho por hacer y aportar”, finalizó.
