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El ofrecimiento de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) para colaborar con Costa Rica en las investigaciones por el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el pasado 19 de junio, podría representar una oportunidad para profundizar en la posible presencia de células vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país, según el especialista costarricense en relaciones internacionales y seguridad, Carlos Torres.
El domingo 22 de junio, durante la misa y el sepelio, familiares de Samcam y opositores instaron al gobierno costarricense a aceptar la asistencia ofrecida por Estados Unidos para investigar a fondo el crimen y dar con los responsables, tanto materiales como intelectuales. También solicitaron al gobierno español que se involucre, dado que Samcam tenía ciudadanía española.
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Samcam fue asesinado el jueves 19 de junio, a las 7:30 de la mañana, dentro de su vivienda en Moravia, San José. Ese mismo día, el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó en un informe preliminar que Samcam, exiliado en Costa Rica desde 2018 y crítico del régimen Ortega-Murillo, recibió ocho disparos.
Importancia del ofrecimiento de EE. UU.
Torres calificó como significativa la reacción de Estados Unidos, que a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado condenó el crimen y ofreció colaboración a las autoridades costarricenses para la investigación.
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“El mensaje es que, a pesar de los cambios en su política exterior, para Estados Unidos sigue siendo importante el tema ideológico respecto al régimen en Managua y que no es un régimen con el que esta administración simpatice”, señaló Torres.
Aclaró, sin embargo, que la cooperación internacional en investigaciones criminales no es algo nuevo, y que es probable que cualquier asistencia técnica se canalice a través del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) o directamente mediante la Policía Judicial.
Vincular al régimen es una “tarea delicada”
Torres explicó que la cooperación de EE. UU. será de carácter policial y podría ayudar a esclarecer el móvil del asesinato.
“Vendrá a confirmar lo que ya sabemos: que este fue un crimen con motivación política, y posiblemente vinculado al régimen. La clave está en qué tan alto llega esa vinculación. ¿Se trata de esferas militares? ¿De una acción más personal? ¿O ya involucra estamentos políticos superiores, incluso El Carmen?”, señaló Torres.
El especialista subrayó que, aunque la Policía Judicial de Costa Rica es competente, vincular directamente al régimen nicaragüense representa un reto diplomático de gran envergadura. Recordó que, como apuntó la diputada costarricense del Frente Amplio, Priscilla Vindas, este acto podría constituir una violación a la soberanía costarricense.
“Este caso revela algo que ya se venía señalando: en Costa Rica hay agentes afines al régimen de Ortega y Murillo, con redes de espionaje que observan a opositores. No soy policía judicial, pero hay suficientes indicios para considerar que, si no hubo una orden directa, al menos el régimen dio su beneplácito. Es decir, no les disgusta lo que pasó”, dijo Torres.
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Hasta el momento, tanto Randall Zúñiga, director del OIJ, como el fiscal adjunto de la Fiscalía General, Mauricio Boraschi Hernández, no han descartado una motivación política en el crimen, considerando la postura crítica de Samcam frente al régimen. No obstante, Torres insistió en que la investigación debe considerar todas las posibles hipótesis.
Operación costosa
Torres advirtió que una operación de represión transnacional, como la que pudo haberse ejecutado contra Samcam, requeriría del régimen una logística compleja, vigilancia prolongada, recursos económicos y la identificación del momento oportuno para actuar.
“No es algo que se ordena de un día para otro. Este tipo de represión se dirige contra personas que el régimen considera realmente incómodas, que podrían desestabilizarlo. Si comparamos con el caso de Joao Maldonado, intentaron asesinarlo dos veces con tres años de diferencia. Eso habla del tamaño de la operación si fue coordinada externamente. Por eso, le corresponde a la Policía Judicial de Costa Rica esclarecer los hechos”, consideró.
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Agregó que, ante este contexto, Costa Rica debe tomar en serio las denuncias de exiliados y opositores sobre presuntos actos de vigilancia y hostigamiento en el país, aunque reconoció que hacerlo coloca al Estado costarricense en una posición diplomáticamente delicada.
Ministerio de Seguridad dice que no tienen competencia
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica (MSP) respondió a consultas enviadas por LA PRENSA y aseguró que esa cartera no tiene competencia en las investigaciones.
«Este caso compete exclusivamente al Organismo de Investigación Judicial, específicamente a su Sección de Homicidios», indicó el MSP al ser consultado sobre si Costa Rica aceptará la ayuda ofrecida por Estados Unidos para las investigaciones.
Ante la consulta de si esta cartera tiene conocimiento sobre la supuesta presencia de agentes extranjeros que vigilan y persiguen a opositores, la oficina de prensa del MSP respondió: «La información publicada sobre este caso es pública y notoria en medios de prensa».
LA PRENSA también consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica si el ofrecimiento de EE. UU. fue formalizado a través de los canales diplomáticos correspondientes y si fue aceptado por las autoridades. Hasta el cierre de esta edición, Relaciones Exteriores solicitó remitir las consultas al MSP.
